las derrotas de la pgr

sábado, 4 de mayo de 2002
Las derrotas de la PGR Alejandro Gutiérrez y Ricardo Ravelo Por insuficiencia en las averiguaciones previas y por descuidos judiciales, muchos narcotraficantes encarcelados ganan en los juzgados batallas a la PGR Según expertos juristas, abogados y exfuncionarios, la dependencia abandona los casos a medio proceso, particularmente en la etapa de la sentencia Desesperado, Miguel Félix Gallardo, cuya captura en 1989 fue ampliamente difundida por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se quejaba ante su nuevo abogado, Félix F Garza, en el verano de 1994: —Ya quiero salir de aquí, métele velocidad al juicio Bien conocido en juzgados y tribunales por haberlos recorrido durante más de 25 años, Garza apaciguó a su cliente y lo convenció de que había que apostarle al tiempo —Tranquilo Debes tener paciencia Yo te garantizo el éxito a largo plazo tendrás que esperar a que transcurra cuando menos este sexenio Catorce años después, durante los cuales han desfilado por la Procuraduría General de la República (PGR) ocho procuradores, Félix Gallardo, jefe del cártel de Sinaloa, ha logrado triunfos legales en tres juicios por delitos contra la salud, de un total de nueve cargos; los seis restantes están en el umbral de la resolución por la vía del amparo directo, lo cual le permitiría ser puesto en libertad Pero su caso no es el único: otros muchos narcotraficantes van ganando la batalla a la PGR en juzgados y tribunales federales, incluso a la justicia estadunidense, al conseguir anular algunos juicios de extradición Cuatro casos ilustran las deficiencias de la PGR en los tribunales: A Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, detenido en 1986, se le implicó en el asunto relacionado con el más importante sembradío de droga, localizado en el rancho El Búfalo, en Chihuahua, pero a finales del año pasado consiguió que se anulara una sentencia de 11 años de cárcel El fallo correspondió al Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, que, además, ordenó que le devolvieran 33 millones de pesos depositados en cuentas bancarias y los bienes de la inmobiliaria Santiago de los Caballeros No obstante, se mantiene la acusación por el secuestro y homicidio con agravantes del agente de la DEA Enrique Camarena Antes, en 1990, el Tercer Tribunal Unitario del Tercer Circuito de Jalisco lo había absuelto de delitos contra la salud En el caso de Mario Villanueva Madrid, por declaraciones inconsistentes y contradictorias, 22 testigos protegidos de la PGR, de un total de 24 que acusan al exgobernador de Quintana Roo de fomento al narcotráfico, han sido desvirtuados por la defensa en el juicio que se le sigue desde 1999 En el tercer ejemplo, al notario público Salvador Armenta Padilla, acusado de realizar operaciones con dinero de la organización de los hermanos Amezcua Contreras mediante cajas de ahorro populares, le fue revocado el auto de formal prisión mediante un fallo del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal En el amparo 163/00, Armenta acreditó que su actuación fue exclusivamente profesional al dar fe de la constitución de algunas cooperativas El cuarto caso que exhibe las deficiencias de la PGR es el de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, prófugo de la justicia al evadirse del penal de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco El narcotraficante obtuvo un amparo de la justicia federal mediante el cual se niega su extradición a Estados Unidos La razón, según la resolución judicial, es que la solicitud del gobierno estadunidense contemplaba la aplicación de la cadena perpetua, recientemente revocada por la Suprema Corte mexicana Los hoyos negros En los últimos 20 años, la PGR se ha limitado a fortalecer su actuación en las primeras etapas de los juicios, es decir, la averiguación previa, la consignación y el auto de formal prisión, pero, en opinión de juristas, exprocuradores y exfuncionarios de la dependencia, desatiende la etapa del proceso y, en particular, no parece importarle la última fase del juicio, la sentencia El exprocurador Ignacio Morales Lechuga explica: La PGR descuida los asuntos del pasado, porque ya no visten políticamente al procurador del momento; esto se traduce en falta de interés en sentencias o amparos, de cuyas resoluciones sólo se entera el Ministerio Público adscrito al juzgado El diputado José Elías Romero Apis, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, coincide con Morales Lechuga: Para la PGR es un gran acontecimiento la aprehensión de un delincuente famoso, lo es también su consignación y el auto de formal prisión, pero no importa la sentencia () siendo que lo que determina el éxito o el fracaso de la justicia es la sentencia Ironiza: Cuando se detiene a algún narcotraficante, de inmediato se convoca a conferencia de prensa y la nota se destaca en primera plana Lo mismo sucede con el auto de formal prisión, pero no es así con la sentencia que, a lo mucho, alcanza un párrafo en las páginas interiores Con 14 años de trabajo en la PGR y en la Procuraduría General del Distrito Federal, Romero Apis atribuye los fracasos de la PGR a la inconsistencia de las averiguaciones previas y al descuido de los procesos, lo que ha derivado en una deformación óptica de la procuración de justicia Comenta que entre ministerios públicos, abogados y jueces se hace el chiste de que una orden de aprehensión, un auto de formal prisión y un vaso de agua no se le niegan a nadie El abogado penalista Cuauhtémoc Sotelo Rosas dice que la PGR litiga más en los medios de comunicación, con el propósito de inducir una sentencia pública e influir en los jueces, lo que dificulta, en algunos casos, la defensa de los acusados Defensor de Raúl Salinas en la primera etapa del juicio por enriquecimiento ilícito, explica que este caso lo ganó la PGR al inicio del proceso gracias a la influencia que ejerció sobre la opinión pública, aunque el hermano del expresidente Carlos Salinas, ha conseguido algunos triunfos, como en las acusaciones de lavado de dinero y defraudación fiscal, y espera la resolución de una solicitud de amparo de la Corte por enriquecimiento ilícito Coincidente con Morales Lechuga, quien sostiene que en México está invertido el principio de inocencia, el juez cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, Jorge Carenzo Rivas, reconoce que la prensa y la opinión pública sí influyen en algunos fallos, pues se toma más en cuenta quién es el personaje y no lo que hizo Yo trato de evitar esa presión olvidando el nombre del acusado, así sea un personaje relevante, y me centro en el estudio de las conductas y los hechos para emitir mi resolución —Con base en su experiencia, ¿dónde está la principal falla del Ministerio Público? —La mayoría de los expedientes carece de una buena investigación Hay datos que no se acreditan y la mayor parte de estos asuntos sólo alcanza para el auto de formal prisión, en cuya etapa solamente basta el indicio, pero se desmoronan en la fase de la sentencia porque no se cumple con los elementos de tipo penal, que son modo, tiempo y lugar Félix F Garza cuestiona el papel del Ministerio Público y a algunos miembros del Poder Judicial, los llamados jueces de consigna, que sirven al Ministerio Público para obsequiar órdenes de aprehensión y autos de formal prisión, aun cuando las averiguaciones no están debidamente sustentadas Advierte: No es que los abogados seamos muy inteligentes Uno sólo tiene la obligación de estudiar bien el caso para encontrar los hoyos negros de la averiguación y mover las piezas necesarias Da como ejemplo el uso indebido de testigos protegidos —figura aprobada en la ley en forma estúpida y absurda por los legisladores—, porque esos delincuentes son capaces de acusar hasta a su madre, con tal de no ser enjuiciados y salvar su pellejo Recuerda que el procurador Rafael Macedo de la Concha descalificó a los testigos protegidos, al señalarlos como una aberración jurídica por ser personas no confiables, pero ese recurso se sigue utilizando Pone como ejemplo las averiguaciones previas construidas con testigos protegidos contra los generales Jesús Gutiérrez Rebollo y Francisco Quiroz Hermosillo, y también contra Mario Villanueva, que forman parte del llamado Maxiproceso contra el cártel de Juárez, iniciado por el procurador Jorge Madrazo Las declaraciones de esos testigos se han desvirtuado por inconsistentes y los acusados han ganado amparos La batalla que se pierde Son tantos los yerros en la procuración de justicia que la Cámara de Diputados planea realizar una cirugía mayor en la materia Por ejemplo, prevé cambiar el papel del Ministerio Público, sobre todo en la etapa del proceso, cuando es parte del juicio, y ahí es donde se debilita su función, dice Romero Apis Considera que los éxitos y fracasos también están relacionados con las percepciones salariales: Un despacho prestigiado de abogados lleva 10 asuntos al año y cobra 1 millón de dólares por cada uno, mientras que un agente del Ministerio Público trabaja en 200 expedientes y cobra 22 mil pesos al mes Algunos de los casos en los que la PGR ha fallado en la etapa del proceso: El de Pablo Chapa Bezanilla, exfiscal de los casos Colosio, Posadas y Ruiz Massieu, extraditado de España con varios cargos, algunos contra la administración de la justicia, y puesto en libertad meses después El de los exbanqueros Carlos Cabal Peniche e Isidoro Rodríguez, el primero extraditado de Australia y el segundo de España, ambos con cargos de fraude, quienes ganaron diversas batallas legales que les permitieron quedar libres bajo fianza El de Benjamín Arellano Félix, cuya captura por el Ejército recibió un gran despliegue informativo La PGR no pudo acreditar, por ejemplo, que el narcotraficante participó en el homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ni los delitos de almacenamiento de armas de fuego y explosivos, asociación delictuosa, daño en propiedad ajena y ataques a las vías de comunicación y contrabando, aunque siguen vigentes las acusaciones por delitos contra la salud y el de cohecho Está también el caso de Alcides Ramón Magaña, El Metro, miembro de la cúpula del cártel de Juárez que a mediados de 2001 obtuvo un auto de libertad por lavado de dinero, acopio de armas de uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas Según la resolución del juez José Ángel Matta Oliva, dentro de las causas penales 12/18 y 25/99, las averiguaciones previas de la PGR no contuvieron una sola prueba documental para acreditar esos delitos En 2000, fueron puestos en libertad los empresarios Fernando García Zalvidea, Erick e Irving Trigo Segarra, acusados por la PGR de formar parte de la estructura de lavado de dinero de la célula del sureste que supuestamente encabezaban Villanueva Madrid y Alcides Magaña Por su parte, Héctor Luis Palma Salazar, El Güero Palma, ha derribado en diversas instancias las acusaciones en su contra, aunque no ha conseguido su libertad Por ejemplo, en diciembre de 1997, un magistrado del Segundo Tribunal del Tercer Circuito le revocó en apelación una sentencia de dos años y seis meses por posesión de arma de fuego; en ese mismo año, el magistrado Fernando López Medina le redujo a dos años una pena por narcotráfico También fue absuelto por el juez octavo penal, José Luis Aranda, en junio de 1997, al no acreditarse su responsabilidad en cinco homicidios perpetrados en 1993 en la balacera ocurrida en la discoteca Christine, de Puerto Vallarta, donde hubo un enfrentamiento con los hermanos Arellano Félix El juez federal tercero de Distrito de Guaymas, Sonora, Jorge Valencia, absolvió, por falta de elementos, a Palma Salazar de delitos contra la salud, en junio de 1997 Justicia incapaz —¿Qué significan para la justicia mexicana esas derrotas de la PGR? —se le pregunta a Romero Apis —Para el sistema penal mexicano —responde— significaría que estamos en presencia de una justicia pendeja o de una justicia perversa Es decir, que es una justicia incapaz de ganar procesos ante la delincuencia, pero capaz de tener inocentes en la cárcel durante muchos años Explica que el desastre de la procuración de justicia también se ilustra con la movilidad constante de procuradores —de 1989 a la fecha han pasado ocho por la PGR—, de subprocuradores (unos 20) y agentes del Ministerio Público Federal (varias decenas) Esto quiere decir que los procuradores mexicanos duran, en promedio, año y medio; sin embargo, los procesos penales tardan en resolverse más que la gestión de cada procurador Por ello es muy difícil que un procurador alcance a ver la terminación de un proceso que inició Morales Lechuga resume la tarea de la PGR de 1989 a la fecha: Su actuación ha sido de claroscuros y es evidente que hay un descenso en la capacidad de respuesta de la procuración de justicia, pues sólo 1% de los delitos llega hasta el juez, donde una buena parte de los acusados son liberados por razones de toda índole Habla de su experiencia: Cuando salí de la Procuraduría, en enero de 1993, hubo un desmantelamiento al llegar la dupla Carpizo-Ruiz Massieu: Prácticamente se desmantelaron cuadros muy valiosos, como el hoy ministro de la Corte, Juventino Castro y Castro y su gente; todos fueron dados de baja y en su lugar entró una camada, cuyas consecuencias ahora vemos reflejadas Por esas razones, a 17 años del secuestro y homicidio del agente de la DEA Enrique Camarena, la PGR aún no logra obtener en los tribunales sentencias en firme contra los implicados —Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca y Miguel Félix Gallardo—, aunque pesan en su contra penas por 40 años La defensa de Félix Gallardo mantiene esperanzas de que su cliente pueda ser amparado por la justicia federal en este caso; en 13 años de encarcelamiento ha sido absuelto en tres juicios: contra la salud, tráfico, posesión y suministro de cocaína y mariguana; en fase de amparo están los cargos por acopio de armas, exportación de cocaína a Estados Unidos, cohecho y por el homicidio calificado de Camarena —¿Cómo logró convencer a Félix Gallardo de que su estrategia era la adecuada para ganar los juicios? —Mi cliente es un hombre inteligente —¿A qué atribuye algunos de esos éxitos legales de la defensa? —A que supo apostarle al tiempo

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