Las discusiones, que se están haciendo agrias, por lo visto, para la preparación de una nueva Ley Federal del Trabajo (LFT), han tropezado con escollos importantes La exigencia de consenso, que con criterio democrático impuso la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se enfrenta ahora con la realidad de que son cuatro los sectores que discuten: las autoridades, muy inclinadas del lado empresarial, en primer término; los empresarios, en lugar destacado; el sindicalismo corporativo, que no quiere que le cambien nada porque tiene miedo de perder el poder, y los sindicatos democráticos, escasamente representados en número: sólo dos expertos actúan en su nombre, pero excelentemente representados en calidad por Arturo Alcalde Justiniani y Héctor Barba Entre esos cuatro sectores no hay acuerdos sustanciales, por ejemplo, en cuanto a la reforma, absolutamente indispensable, de las reglas relativas a los derechos colectivos: libertad sindical, negociación colectiva y derecho de huelga, que los corporativos se niegan a discutir, ni, de manera principal, respecto de la cancelación de las juntas de conciliación y arbitraje que habrían de ser sustituidas por jueces de trabajo o de lo social Pero desde otra perspectiva, específicamente la empresarial, el problema se plantea en el sentido de que la ley vigente es excesivamente rígida e impide la productividad y, como consecuencia, la competitividad Se alega, y lo hacen economistas muy distinguidos, que los viejos derechos individuales consagrados en la ley y en los contratos colectivos de trabajo nos colocan en la condición de no poder competir con China o con los países de Centroamérica hacia donde se están trasladando las maquiladoras Se habla de que nuestros contratos colectivos son carísimos e insoportables para las empresas y que, por ello mismo, hay que acabar con los derechos individuales que consagran los derechos al puesto, a las condiciones del puesto, al horario, al lugar específico de trabajo, a la actividad concreta, etc Y, de paso, eso con cierta timidez, pretenden abaratar los despidos y, en lo posible, suprimir los costos adicionales que derivan de la seguridad social o del derecho habitacional Sin olvidar, porque es tema prioritario, la vieja pretensión de eliminar la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas El abaratamiento de los despidos mediante la supresión de los salarios de tramitación, como le llaman en España a los salarios vencidos o caídos, está precisamente provocando en este momento en ese país un conflicto entre el gobierno conservador de Aznar y los sindicatos más representativos: Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, que han manifestado su disposición a convenir pero también a pelear sin límites en contra de ese proyecto Y aunque entre nosotros aún no constituye un tema abierto, todo parece indicar que está dentro de lo que el sector empresarial procura Para acabar de complicar las cosas, se está produciendo un fenómeno mal intencionado de interpretación equivocada del borrador que se conoce Se dice que se pretende acabar con la jornada máxima de ocho horas y que se prevén jornadas de diez horas Pero lo que no se dice es que se trata de que, mediante la acumulación del tiempo de trabajo en menos días: por ejemplo, cuatro jornadas de diez horas para dar lugar a un espacio nuevo para los desempleados actuales: tres días de treinta horas o un poco más, se haga la vida más cómoda para los trabajadores, con menos traslados y más descansos Fórmula que, por otra parte, admite la ley vigente Hay quien afirma, por lo menos respecto de la Iniciativa presentada por el PAN en el Senado, que se pretende acabar con los contratos colectivos de trabajo La realidad es que lo único que se intenta es cambiarles el nombre por el de "pactos colectivos de condiciones de trabajo" que, de mejor manera, deberían denominarse "pactos normativos de condiciones de trabajo" Hay muchas cosas más por el estilo Pero lo preocupante de verdad es la tendencia empresarial a acabar con los contratos colectivos de mayor impacto: ya se ha hecho con el de Ferrocarriles Nacionales de México y el de Pemex, porque se estima que son incompatibles con la productividad De esa manera, se adivina un negro propósito de fijar reglas tan flexibles que los trabajadores no tengan derecho más que a cobrar lo que ya hicieron, pero no a saber que al día siguiente seguirán trabajando Por ese camino de comparación con economías precarias, se pretende acabar con el escaso sentido social que le queda a nuestro país Quiero subrayar algo: nuestra ley laboral exige cambios y son urgentes De acuerdo en cierta flexibilidad, pero la productividad debe ser compartida Más producción, de mejor calidad y de menor costo, del lado empresarial pero trabajo más cómodo, de menor riesgo y de mayor ingreso para el trabajador Y una medición justa y objetiva de la productividad Pero es indispensable acabar con los sindicatos corporativos, con los contratos colectivos de trabajo de protección y con el control de los sindicatos y de las huelgas por el Estado Sin olvidar la supresión de las famosas Juntas De todo se alcanza una conclusión: no habrá reforma a la LFT Y es una lástima Hay mucho que cambiar en beneficio de la productividad bilateral, lo que arrojaría beneficios fundamentales para México Pero el camino que se sigue por las autoridades para la reforma de la ley ha demostrado ser absolutamente equivocado