En julio del año pasado, la investigación acerca del presunto financiamiento ilícito de la campaña de Vicente Fox vivía sus últimos momentos Ya se habían dado varios episodios en que la Secretaría de Hacienda se negaba a informar sobre el financiamiento de los gastos de la campaña foxista y sobre el cual tendría información, pues auditó algunas empresas que supuestamente financiaron al entonces candidato presidencial Ante esta postura, consejeros y representantes de partidos políticos ante el Instituto Federal Electoral debatieron en torno de la posibilidad de solicitar dicha información directamente al presidente de la República Esto no se concretó Se hablaba ya de que la Comisión de Fiscalización del IFE se declararía impedida para continuar la investigación, lo cual finalmente ocurrió Para el líder del grupo del PRD en el Senado, Jesús Ortega, la SHCP se mostraba más "papista que el papa" al insistir en ocultar, mediante argucias legales, información que debe ser del dominio público El 3 de julio el IFE pidió a Hacienda, por tercera ocasión, que le entregara los resultados de las auditorías hechas a las empresas de los hermanos del presidente, así como al responsable de las finanzas de la campaña, Lino Korrodi, sospechosos de haber facilitado el financiamiento extranjero Le dio además un plazo de diez días naturales para dar respuesta, que nuevamente fue negativa Ortega dijo que lo expuesto por Hacienda --'secreto fiscal'-- no era válido para ocultar la información que solicitó el IFE Y agregó que de persistir la dependencia en esa actitud, quizá se tendría que recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y así obligar a Hacienda a entregar dicha información Esta fue la decisión que finalmente se tomó y la que llevó al dictamen de este 7 de mayo La respuesta de Hacienda se dio en una carta fechada el 11 de julio, en donde Gil Díaz citaba el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación para justificar su negativa "El personal oficial de esta secretaría, que interviene en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias, está obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación previstas en el citado ordenamiento legal" Hay excepciones al secreto fiscal, agregaba, pero las investigaciones electorales no entran en ellas El IFE había solicitado información referente a presuntos depósitos o cheques expedidos por las mencionadas empresas a favor de Carlota Robinson Además, pidió auditar al Grupo Alta Tecnología en Impresos SA de CV, propietario de diversas empresas y cuyo dueño es Lino Korrodi, encargado de conseguir el financiamiento para la organización "Amigos de Fox"