Análisis político: Un país judicial

jueves, 25 de julio de 2002
México, D F (apro)- La inestabilidad que vive el país ha provocado que todos los graves problemas que enfrenta, ya sean políticos, económicos o sociales, tengan que ser resueltos en los tribunales y ministerios judiciales Podríamos decir que ante la falta de gobernabilidad, el país dirime en los estrados judiciales su vida, y como ejemplo podríamos mencionar los principales problemas en los últimos dos años: la Ley de Derechos y Cultura Indígenas, las aportaciones a los Amigos de Fox y a Labastida, la expropiación de los terrenos de Atenco y ahora las elecciones en Ciudad Juárez Cada uno de estos casos representa un grupo o un sector de la sociedad que no ha encontrado en el gobierno un instrumento que ayude a dirimir los diferendos Los pueblos indígenas no se sienten representados por una ley que impulsó Fox en el Congreso de la Unión, e interpusieron recursos de impugnación constitucional en la Suprema Corte de Justicia; los Amigos de Fox ?-Lino Korrodi y Carlota Robinson, por el momento-- buscaron el amparo legal para no ser investigados por el IFE que, a su vez, también acudió a los juzgados para protestar; el exdirector de Pemex, Rogelio Montemayor, está en el estrado judicial de Estados Unidos defendiéndose de un delito electoral y judicial, y los campesinos de Atenco también acudieron a la Suprema Corte de Justicia para impedir la expropiación de sus terrenos El caso de las elecciones locales de Ciudad Juárez es el más reciente de los pleitos políticos convertidos en asuntos judiciales Este miércoles, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró válida la elección del 12 de mayo y, con ello, el panista Jesús Alfredo Delgado será el nuevo alcalde a partir del próximo sábado 27 de julio La historia de esta elección extraordinaria está plagada de un caudal de acusaciones entre panistas y priistas por presuntas implicaciones en el narcotráfico, incapacidad de resolver los asesinatos de las mujeres, corrupción y, al final de cuentas, la injerencia de secretario de la Contraloría, Francisco Barrio, y del gobernador Patricio Martínez en la vida política de Chihuahua El gobierno de Fox, desde la anulación de octubre del 2001, dijo que se trataba de un asunto local y que las autoridades estatales tendrían que resolverlo Sin embargo, el tribunal electoral estatal se vio rebasado por el violento enfrentamiento entre panistas y priistas, así como por las impugnaciones presentadas por ambos bandos por la anulación de más de 10 mil votos La anulación de una elección municipal trascendió tanto, que llegó al ámbito federal para ser resuelta Sus implicaciones también rebasaron los límites municipales y estatales, sobre todo porque es un escenario que podría repetirse en los comicios federales del 2003, para los cuales el presidente Fox ya dio sus primeros pasos, al pedir "el voto reflexionado" de la ciudadanía y advertir que si el Congreso de la Unión no queda en manos del PAN, "el cambio" que encabeza su gobierno nunca llegará Así, los comicios municipales de Ciudad Juárez resultan ser muy aleccionadores en dos aspectos Primero, nos adelantan que la pelea entre PRI y PAN para el año entrante será muy fuerte y que no habrá miramientos para conseguir la victoria Segundo, que cada partido defenderá su voto en todos los niveles de la justicia, ya sea electoral o judicial Y por ello el escenario de los conflictos políticos resueltos por autoridades judiciales habrá de repetirse Ya no hay en el país ningún conflicto político o electoral que no tenga que ser solucionado por las autoridades judiciales, después de las electorales El tribunal judicial ha sustituido a los foros políticos y a las autoridades electorales Por las salas del Tribunal Electoral, por las oficinas de los ministerios públicos o por los estrados de la Corte, se dirime la vida de las agrupaciones políticas y sociales del país Y, a través de la aplicación de las leyes judiciales ?-no políticas ni sociales-?, el gobierno foxista intenta resolver todos los conflictos, convirtiendo a México en un país judicial ante el agotamiento o la incapacidad de las otras instituciones en donde descansa la gobernabilidad

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