México, D F- El gobierno de Vicente Fox está en un brete, dice con seguridad el jurista Ignacio Burgoa Orihuela desde su despacho "No basta con que digan que existe una causa de utilidad pública para expropiar un ejido y destinarlo a la construcción de un aeropuerto Antes tienen que demostrarlo, como dice la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación", explica el abogado Entrevistado el viernes 2 de noviembre del 2001, dos días después que la asamblea general del ejido de San Salvador Atenco, en el Estado de México, decidiera solicitar su representación en la demanda de amparo contra la expropiación de mil 54 hectáreas, el jurista dice que el caso es uno de los "más importantes" en sus seis décadas de carrera, y que no cobrará honorarios Con el Diario Oficial de la Federación del 22 de octubre sobre el escritorio, Burgoa vaticina que, mientras el gobierno no pruebe la causa de utilidad pública que argumenta en el decreto expropiatorio emitido ese lunes --cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) anunció su decisión de construir el nuevo aeropuerto en el exlago de Texcoco--, el núcleo agrario de San Salvador Atenco ganará un "histórico" juicio de amparo "El argumento fundamental es que en el decreto expropiatorio del ejido de San Salvador Atenco -el más afectado por la expropiación--, el gobierno no adelanta absolutamente ninguna prueba de que haya causa de utilidad pública ni de que el actual aeropuerto esté saturado Eso no ha sido probado, sino simplemente afirmado por el gobierno Es una medida tomada unilateralmente", insiste el especialista en juicios de amparo "Y yo voy a obligar a las autoridades, a través del juez de distrito (en materia administrativa), a que el gobierno exhiba todos los documentos que dice tener para comprobar la causa de utilidad pública del nuevo aeropuerto, lo cual les será muy difícil Y si no prueban ni aportan elementos, entonces el amparo concederá la protección federal a los afectados, y el decreto y su expropiación quedarán anulados", explica Controvertido, crítico del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de la iniciativa de Ley Indígena, de las acciones del Consejo General de Huelga y otras causas, el también profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México señala que el decreto expropiatorio viola al menos tres artículos constitucionales "Viola la garantía de audiencia prevista en el artículo 14, porque se decretó la expropiación sin consultar el ejido para su defensa Se viola la garantía de legalidad (artículo 16, que protege al individuo contra actos que no tengan fundamento), porque la autoridad expropiadora, el gobierno de Fox, no justifica la expropiación Y se afecta también el artículo 27, porque destruye un ejido", explica En su despacho de Belisario Domínguez 140, en Coyoacán, rodeado de esculturas y cuadros con la imagen de Don Quijote, el jurista desliza su índice derecho sobre un párrafo, en la página 79 de la tercera sección del Diario Oficial, y lee: "Que dicha terminal aérea (el actual aeropuerto internacional) se encuentra al límite de su capacidad operativa, debido al aumento del tráfico aéreo nacional e internacional?" --Eso antes tienen que probarlo -insiste Burgoa remite a la jurisprudencia, como la sentada en 1957, y que indica que "para que la expropiación de bienes de propiedad privada se ajuste a los conceptos constitucionales, es menester que las autoridades que la realicen comprueben la existencia de la causa de utilidad pública que la haga necesaria, siendo indispensable para ello una prueba basada en datos objetivos y ciertos, y no en simples apreciaciones subjetivas y arbitrarias" De otra manera, agrega el texto de referencia, no se justifica la utilización, por parte del Estado, del procedimiento extraordinario de expropiación "Esto es -agrega la jurisprudencia--, uno de los principales requisitos para que proceda la expropiación, y es el de que la utilidad pública quede demostrada, no bastando el hecho de que la autoridad responsable lo afirme, sino que es indispensable que se aduzcan o rindan pruebas que justifiquen esa utilidad" --Pero el gobierno argumenta que el actual aeropuerto está saturado -se le recuerda "Eso dicen, pero el aeropuerto sigue funcionando La realidad los desmiente Eso de la saturación tendrán que comprobarlo ante el juez de distrito Y si no hay expediente previo, como lo requiere la ley, pues están arruinados Los voy a colocar en un brete?", dice confiado --¿Cómo puede el gobierno probar la causa de utilidad pública, o que el actual aeropuerto está saturado? -se le pregunta --"Con estudios, con un peritaje que ahora tendrán que presentar ante el juez de distrito (que conocerá el caso en Toluca, según Burgoa), pero que debió haber sido presentado antes de la expropiación, no después Ahora ya no la pueden probar, y si la prueban, ya no se les tomará en cuenta, porque la utilidad pública, que además debe ser actual, no futura, debería estar probada en el decreto Eso lo dice la ley, la jurisprudencia de la Corte" Al también miembro de Alianza Republicana, que este año solicitó su registro como partido político, se le pregunta qué lo movió a aceptar la defensa del ejido "Hay que servir a México, al débil Ese es precisamente uno de los objetos del amparo El débil es el gobernado El poderoso es el gobernante El que se ha dedicado como yo al amparo, lucha contra los gobernantes, para defender al débil, como don Quijote de la Mancha", asegura --¿Qué opina de la decisión de Fox? "Fox violó la Constitución, actuó en contra de la justicia agraria, porque para él es más importante que haya un aeropuerto con hoteles y restaurantes, para beneficios de los ricos y comodidad de los pasajeros, que la vida de un ejido Por eso los ejidatarios, con mucha razón, han montado en cólera y han empleado la violencia, ¿por qué? Porque están defendiendo lo suyo Eso me impresionó, nunca me imaginé que vinieran a proponerme llevar su caso" --¿Qué alcance tendría el amparo? "Invalidará el decreto, y se acaba todo, como si no se hubiera expedido Y mientras no se falle el amparo, no podrán hacer nada Las autoridades no van a poder construir ni un tabique ahí El aeropuerto no se hará en Texcoco Punto" Burgoa, que informa que no hay plazos para que inicie el juicio y que puede llevarse hasta un año, también apela al hecho de que el nuevo aeropuerto se realizará con 75 por ciento de inversión privada "Se expropia para beneficiar al pueblo No se puede expropiar para beneficiar a un grupo", cierra "Por ética", Burgoa deja el caso La determinación del jurista Ignacio Burgoa Orihuela de defender la causa de los ejidatarios dejó de serlo Un día después de la trifulca que se armó en el pueblo de San Salvador Atenco, entre ejidarios y policías el especialista en materia de amparos declinó continuar en el caso Así, el 12 de julio pasado, Burgoa tronó contra los ejidatarios Y es que, consideró, que éstos no tenían por qué recurrir al uso de la fuerza, puesto que desde que se interpuso el amparo estaban protegidos contra las acciones del gobierno Para el especialista, las acciones violentas de los ejidatarios no tuvieron justificación alguna: "son actos infames, son actos crueles, son actos condenables "Siempre he sido contrario a todas las manifestaciones de violencia porque son contrarias al Estado de derecho", expresó Por eso, señaló entonces, "no tengo más remedio que de acuerdo con mi ética profesional renunciar al patrocinio del ejido, hasta que haya condiciones civilizadas para continuar con el juicio" que, pronosticó sin acertar, podría prolongarse a causa de los sucesos violentos Ese viernes 12 de julio Burgoa Orihuela dejó claro que no está relacionado de manera personal con los campesinos de Atenco "y mucho menos los patrocinaré en los procesos por todos los delitos que han cometido" Ese mismo día, el senador panista Diego Fernández de Cevallos ofreció a los atenquenses: "Si me lo piden los asesoro con toda mi fuerza como abogado" Pero los ejidatarios nunca le tomaron la palabra