Turbias maniobras en la operación Texcoco

viernes, 2 de agosto de 2002
Nada tan previsto como el anuncio de que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México tendría su sede en Texcoco El gobierno del presidente Vicente Fox pretendía dar cumplimiento a un viejo anhelo del grupo que predomina en lo económico y controla en lo político al Estado de México, representado por el momento por el actual gobernador, Arturo Montiel Para llegar al final del camino se recurrió a todo tipo de maniobras turbias dentro del gobierno estatal y del federal A la expropiación de terrenos de San Salvador Atenco, el ejido colindante con la zona federal del exlago de Texcoco que más hectáreas de cultivo perdería con el decreto que las destinó al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, precedió una maniobra del gobernador del Estado de México, Arturo Montiel, para minar la resistencia e impedir la defensa legal de los ejidatarios Desde el 27 de junio del 2001, en combinación con funcionarios de la dirección general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, agentes de la Secretaría de Gobierno mexiquense citaron a ciudadanos inconfomes y les advirtieron que si seguían con su oposición al proyecto, serían responsables de que los terrenos fueran invadidos irregularmente La reunión se llevó a cabo el 29 de junio del 2001, a la 10 de la mañana, en la sala de juntas de las oficinas generales de ASA Una comisión de cinco representantes de Atenco fue recibida por Bulmaro Utrera ?secretario particular del director general de ASA, Ernesto Velasco León? a quien después se le unió José Salinas Navarro, subdirector regional de Gobierno del Edomex con sede en Ecatepec El 1 de julio, con la protección del alcalde priista Margarito Yáñez, el entonces comisariado ejidal de San Salvador Atenco, Severiano Zavala, se negó a levantar y a firmar el acta de la asamblea realizada ese día, cuando la mayoría de los ejidatarios decidió oponerse a la construcción del nuevo aeropuerto en sus terrenos Zavala entregó esa acta el 23 de septiembre del mismo 2001, dos días después de que, sin hacerlo público, la Secretaría de Comunicaciones solicitó a la Secretaría de la Reforma Agraria la expropiación de las mil 54 hectáreas de este ejido La negativa de Zavala fue notificada por escrito el 20 de julio al residente de la Procuraduría Agraria en Texcoco, Amado Acosta García, a quien los ejidatarios también pidieron protección ante los agentes estatales, quienes, dijeron, los "presionaban" para que permitieran que la empresa contratada por la UNAM analizara los suelos, a lo cual también se habían opuesto en la asamblea ejidal "Con fundamento en el artículo 8 constitucional, y 27, 31, 32 y 36 de la Ley Agraria, venimos a solicitar se nos expida copia certificada del acta de asamblea, celebrada el 1 de julio, debido a que nos es de extrema necesidad para nuestra debida defensa legal", dice el oficio entregado por los ejidatarios y con sello de recibido en la Procuraduría "Solicitamos urgentemente su presencia para que nos proteja legalmente, ya que nos está presionando el gobierno estatal para que continúen con sus estudios", agregaron los ejidatarios en su denuncia La respuesta de la residencia de la Procuraduría Agraria, con fecha del 23 de julio del 2001 y a cargo de Acosta García, fue, sin embargo, negativa: "Esta Procuraduría Agraria se encuentra imposibilitada material y jurídicamente para proporcionar la copia certificada que señalan, ya que las actas de asamblea son documentos internos de los núcleos agrarios () Por otro lado, esta procuraduría no tiene facultades para firmar dicha acta en lugar de sus representantes" En una denuncia posterior, también dirigida a la residencia de la Procuraduría Agraria en Texcoco, el ejidatario Narciso Ramírez Oliveros, presidente de debates el día de la asamblea, insistió en recordar los acuerdos a los que habían llegado y la forma en que el comisariado ejidal se opuso a firmar el acta "Los ejidatarios, por mayoría, llegaron a las siguientes resoluciones: reconocimiento y asignación de ejidatarios, rechazo y negativa al aeropuerto en Atenco en nuestras tierras ejidales, y el no otorgar permiso de estudios técnicos en nuestros ejidos, ni de dependencias gubernamentales ni de universidades públicas "Los acuerdos fueron tomados de manera clara y democrática, como debe ser una asamblea ejidal, pero (el comisariado ejidal), al terminal la asamblea, jamás levantó el acta, por lo cual le exigí que expidiera el acta, pero hizo caso omiso, saliéndose del auditorio, ante lo cual todavía lo alcancé y le pedí de favor que tan siquiera nos diera su firma, para que los ejidatarios realizaran el acta, a lo cual rotundamente se negó" José Elías Martínez, nuevo comisariado de Atenco, opuesto al proyecto del aeropuerto, explicó de qué manera afectó a más de 800 campesinos la negativa del anterior comisariado a firmar el acta, hecho que viola el artículo 31 de la Ley Agraria "Sin el acta, en el comisariado ejidal no pudimos proceder legalmente Ahí estaba el punto donde se acuerda el rotundo rechazo al aeropuerto y al permiso para que se realicen los trabajos de la UNAM Pero como no estaba firmada, entre el 1 de julio y el 23 de septiembre no se pudo proceder legalmente", dijo en entrevista el miércoles 25 de septiembre, tres días después de la publicación de los decretos de expropiación Más amenazas Enterados de la expropiación después de que fue publicada en el Diario Oficial, los ejidatarios de San Salvador Atenco definirían su estrategia legal el miércoles 31 de octubre del 2001, en asamblea: analizarían la posibilidad de juicios de amparo ?contra el decreto y contra el precio fijado a la tierra? a un recurso de revisión o a una controversia constitucional El presidente municipal Margarito Yáñez desapareció de Atenco el lunes 22 de octubre del 2001, por "cuestiones de seguridad" ?como informó su hijo René?, pero el jueves 25 reapareció en Texcoco, en una conferencia conjunta con Manuel Cadena, secretario de Gobierno del Estado de México Cadena informó que el gobernador había integrado un grupo de trabajo, entre otros, con José Salinas Navarro y con el delegado de la Procuraduría Agraria para "atender las inquietudes" de los ejidatarios "Pero no nos han apoyado", dijo Antonio Altamirano, campesino de Atenco afectado por la expropiación Relató: "El martes 23 nos dijeron que no hiciéramos la asamblea del 31 y que no consultáramos a los ejidatarios; que no hiciéramos pendejadas, que ya había órdenes de aprehensión y que mejor negociáramos" Según los 42 decretos que entraron en vigor el lunes 22 de septiembre del 2001, mismo día en que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, anunció la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales (Cabin) fijó el precio unitario de 72 mil pesos por hectárea de temporal y 250 mil por la de riego, lo que dejó a 72 y 25 pesos, respectivamente, el metro cuadrado Los decretos ?que expropian alrededor de 4 mil hectáreas de los municipios de Atenco, Chimalhuacán y Texcoco? están firmados por el presidente Vicente Fox; por la secretaria de la Reforma Agraria, María Teresa Herrera Tello; el subsecretario de Secodam, Eduardo Romero Ramos; los secretarios de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y de Medio Ambiente, Víctor Lichtinger El encuentro en ASA Juan Manuel Galicia, habitante de Atenco que asistió a la reunión realizada en ASA el 29 de junio del 2001, explicó que dos días antes se había efectuado un plantón de ejidatarios frente a la SCT, cuando los recibió el secretario técnico del subsecretario Aarón Dychter, Carlos Monroy Garduño, quien los remitió con los funcionarios de ASA "Ya en la reunión, el delegado de Gobierno, José Salinas, nos dijo: tomen en cuenta que tienen que aceptar, porque si no, propiciarán una invasión de más de 3 millones de personas, y nosotros no los solaparemos", narró Galicia "Bulmaro Utrera, secretario del director de ASA, nos recomendó que acatáramos las propuestas del gobierno estatal No se contradecían y usaban los mismos argumentos" Lo sucedido en esa reunión fue informado al presidente Fox en una carta del 27 de septiembre entregada por los ejidatarios en la oficina de Atención Ciudadana en Los Pinos, con copias "Nos reunimos con el licenciado José Vallejo, gerente consultivo jurídico de ASA; con Bulmaro Utrera, con Carlos Hugo Álvarez Luna, de la dirección general adjunta de Nuevos Proyectos, y con José Salinas Navarro, subdirector regional de Gobierno del Estado de México, quienes nos informaron que la decisión es federal y que no le compete a ASA ni al gobierno del Estado de México", señalaron En la misiva, informaron que desde el 17 de junio realizaron una asamblea pública en la que recabaron 3 mil 500 firmas contra el proyecto del aeropuerto En otra carta presentada ese mismo día, se quejan de que siempre fueron "ignorados por el gobierno, con la justificación de que aún no se toma una decisión al respecto" "Nos están pisoteando" Dos días después de que se expidió el decreto de expropiación, Andrea Romero, de 52 años, ejidataria de Atenco, lloró afuera del auditorio municipal Explicó: "Ya les pusieron precio a los terrenos y nunca nos consultaron Yo quisiera que supieran cómo nos están tratando, cómo nos están pisoteando Que vengan, que vean que vivimos de las tierras, que no queremos el dinero, que se nos acabará pronto" ?¿Ha conocido las historias sobre los campesinos de Atenco? ?se le pregunta telefónicamente al subsecretario Aarón Dychter ?He visto muchas cosas ?¿Conoce Atenco? ?No, sólo he realizado sobrevuelos Una larga lista de irregularidades Falta de información, cuestionamientos técnicos, parcialidad hacia el Estado de México y la aparición del nombre de Carlos Hank González fueron algunos de los aspectos que caracterizaron los más de 10 meses que duró el proceso previo al anuncio de la construcción del nuevo aeropuerto en la zona federal del exlago de Texcoco Ninguna objeción, ni posibles problemas con los gobiernos de Hidalgo o del Distrito Federal, ni aun las protestas de campesinos de Atenco, hicieron variar la decisión tomada desde el principio del proceso por el gobierno de Vicente Fox En el manejo de la información relacionada con la decisión, el secretario de Comunicaciones, Pedro Cerisola, como paradoja a su cargo, en todo momento se negó a hacer públicos estudios sobre, por ejemplo, hidrología o desarrollo urbano La estrategia de comunicación ?o la falta de información, como admitió el 5 de octubre del 2001 el vocero de Cerisola, Israel Hurtado? incluyó aplazamientos en la fecha del anuncio, contradicciones entre el presidente Vicente Fox y el gabinete, así como una cláusula de confidencialidad que impide a los investigadores del Programa Universitario del Medio Ambiente (PUMA) divulgar la información de sus estudios en los próximos cinco años Así, mientras entre la opinión pública era un secreto a voces que la decisión sería por Texcoco, la SCT se rehusaba a definir el formato o el lugar del anuncio Pero el ofrecimiento de transparencia repetido por el gobierno foxista contrasta, sobre todo, con la cláusula de confidencialidad ?en poder de Proceso? que cada uno de los 106 investigadores del PUMA firmó ante ASA "Expreso mi conformidad de que la realización del estudio deberá ser considerada como confidencial, de conformidad con el artículo 41 fracción X de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público () ya que su difusión pudiera afectar el interés público o comprometer información, como se dijo, de naturaleza confidencial para el gobierno federal" La información del estudio, agrega la cláusula, no podrá ser utilizada "sin el consentimiento previo y por escrito de la autoridad competente de Aeropuertos y Servicios Auxiliares () La duración de esta obligación de confidencialidad de la información concluirá cinco años después de la fecha de firma del convenio al que se hace referencia" Sobre los estudios de hidrología, prevención de desastres y desarrollo urbano, Proceso solicitó información tanto al subsecretario Aarón Dychter como al director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), Ernesto Velasco León ?encargado de la coordinación técnica? y al propio Cerisola, quien ante pregunta expresa el 19 de septiembre del 2001 en la Cámara de Diputados, desestimó la necesidad de darlos a conocer a la ciudadanía "No tiene caso Estaríamos generando desinformación más que información", dijo Cerisola mantuvo su postura el lunes 22, después de anunciar la decisión por Texcoco, cuando dijo que el gobierno de Vicente Fox "está decidido a reconocer los problemas y a resolverlos, pero no a explicarlos ni a evitarlos" La opinión de las aves Al margen de la declaración de Cerisola el jueves 25 de octubre del 2001, cuando para solaz de diputados y medios señaló que las "aves tienen opinión propia" y que "decidieron que podían convivir perfectamente con los aviones", el riesgo que las aves del exlago de Texcoco representa para las operaciones aéreas es uno de los puntos más debatidos del proyecto del gobierno La doctora Patricia Escalante, investigadora del Instituto de Biología de la UNAM, informó al secretario de Ecología, Víctor Lichtinger, que en el equipo de flora y fauna del PUMA hubo irregularidades y condescendencias para concluir que la conservación del hábitat es compatible con la operación del aeropuerto en Texcoco, por lo que declinó firmar el informe "Es muy grave que no se considere el área de los ocho kilómetros de distancia de las pistas y se pretenda mantener en el lago Nabor Carrillo el hábitat de las aves de Texcoco sin que ello represente un riesgo () Ya sabemos que las aves tienen conductas cambiables e impredecibles (Proceso 1299)" En contraste, y aun cuando la Secretaría del Medio Ambiente ?a partir del informe del PUMA? eludió decir cuál era el mejor sitio para el aeropuerto ?si el exlago de Texcoco o el Valle de Tizayuca?, el reporte universitario marca ventajas para éste último y una serie de riesgos en la zona lacustre con respecto al manejo hidráulico "(En la zona federal del exlago de Texcoco) existe el riesgo de una inundación de las áreas urbanas, ocasionada por una deficiente infraestructura hidráulica que impida aprovechar la capacidad reguladora para contener los escurrimientos superficiales de la región", señaló el informe "El escenario T3 (Texcoco) provocaría un incremento de entre 15 y 25% del promedio anual de escurrimiento superficial", mientras que en Tizayuca el aeropuerto "provocaría un incremento de entre 12 y 20% en el promedio anual de escurrimiento superficial" Otro cuestionamiento técnico lo elaboró la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, sobre el reporte técnico de Mitre Corporation, que analizó la factibilidad aeronáutica de los dos sitios y concluyó que la mejor opción era Texcoco "(Mitre) habla del sitio Texcoco como un área deshabitada, no urbanizada dentro del Valle de México, que permite la ubicación del gran aeropuerto Lo que Mitre no menciona es que es el lecho de un lago, que no sólo no es zona urbanizada, sino que es no urbanizable, de acuerdo con el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, aprobado por los gobiernos del DF, Edomex y la Secretaría de Desarrollo Social" También destacó que "Mitre no posee los datos relativos a vientos, meteorología y obstrucciones del sitio", factores que, señala, deben considerarse para definir la ubicación de las pistas La comisión también advirtió de tergiversaciones de Mitre sobre las condiciones en Tizayuca: "Afirma que el sitio está limitado por el terreno, de manera que no puede apoyar aproximaciones paralelas triples, a ello hay que agregar que Mitre nunca hizo los estudios correspondientes Además, señala varios obstáculos, tales como una fábrica de ocho metros de altura, líneas de alto voltaje y sobre todo una colina con área residencial de 15 metros que definitivamente no existe (frase escrita en mayúsculas)" Sobre la compatibilidad de un aeropuerto en Tizayuca con la base aérea de Santa Lucía, que Mitre descartó, la comisión indicó: "No sólo ADP afirma esa compatibilidad, sino que se corrobora con el estudio realizado por la Fuerza Aérea Mexicana, en donde demuestra que sí son compatibles estos aeropuertos" La parcialidad Mientras el gobierno de Arturo Montiel mantuvo hasta el final el mismo argumento que el gobierno federal, en el sentido de que la decisión sería "técnica y no política", el gobierno de Hidalgo, cuatro días antes del anuncio, señaló que el proceso fue cuestionable, inequitativo y parcial "El Proyecto de Aeropuerto en Texcoco ha sido una opción promovida desde la SCT y organismos del sector desde hace varias administraciones () Al hacerse evidente la inconveniencia de ser juez y parte, ASA entregó los estudios pagados con fondos federales a las autoridades del Estado de México Es por ello que presentar este proceso como una pugna entre dos entidades, con proyectos a ser juzgados por el gobierno federal, es faltar a la verdad", dijo el gobernado Manuel Ángel Núñez Los empresarios Después de que el arquitecto Teodoro González de León envió a Carlos Hank González un disco compacto con el proyecto Texcoco, éste lo mandó a los empresarios de los valles de Toluca y Lerma Así, el 1 de octubre del 2001, encabezados por Daimler-Chrysler, 35 grupos industriales del Estado de México defendieron el proyecto en un desplegado en respuesta a otro con la oposición de la sociedad civil del DF Jesús Gómez Domínguez, presidente del "Consejo de Industriales Ambientalistas del Estado de México", quien firmó el texto, dijo a Proceso que para ellos Texcoco era la "única alternativa para el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México" Entre los promotores de este proyecto, dijo Gómez, están el Grupo IUSA, del mexicano Carlos Peralta, así como las trasnacionales Nestlé, Bayer de México, Dupont y la Embotelladora de Toluca de Coca-Cola "También están Nissan, General Motors, Safmex, Polioles, Clevite de México; Dupont planta Lerma; Nalco; Cinasa y otras", dijo Gómez (Proceso1304, 28 de octubre del 2001)