Riesgo de mayor violencia en el País Vasco

sábado, 24 de agosto de 2002
Sanjuana Martínez MADRID -En su lucha contra ETA, cuyos atentados no cesan, el gobierno español está decidido a declarar ilegal al partido Batasuna, por considerar que es el “brazo político” de la organización separatista Con ello, Batasuna, que históricamente incluyó a presos de ETA en sus candidaturas, que en sus filas cuenta con exetarras, que declaró hijos predilectos a los miembros de ETA muertos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, a muchos de los cuales ha velado en los ayuntamientos que dirige, y que se ha negado a condenar los atentados, se dispone a pasar a la clandestinidad Una primer iniciativa, promovida por el gobierno y apoyada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), pretende que el Congreso solicite al gobierno, al amparo de la nueva Ley de Partidos Políticos, que inste ante el Tribunal Supremo a declarar la disolución de Batasuna Otra, en el mismo sentido, la promueve el fiscal general del Estado Y la tercera es la iniciada por el juez Baltasar Garzón, que pretende disolver ese partido mediante un proceso penal, pues considera que es una asociación ilícita, integrada en el entramado de ETA El partido fue fundado el 20 de octubre de 1978 en Alsasua, Navarra, para las elecciones generales de 1979, con el nombre de Herri Batasuna Luego del encarcelamiento de los 25 integrantes de su Mesa Nacional en 1997, se llamó Euskal Herritarrok, para participar en las elecciones autonómicas de 1998, y en 2000 se inicio el proceso de refundación y se quedó con el nombre de Batasuna La ilegalización dejará sin partido a 268 mil 235 personas, que votaron por él en las elecciones municipales de 1999, y fuera de la legalidad a 890 concejales y 62 alcaldías, aunque el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Eusko Alkartasuna acordaron incluirlos en sus listas Desde que entró en vigor la Ley de Partidos el 29 de junio, impulsada por el presidente José María Aznar, se pretende demostrar la connivencia entre Batasuna y ETA Un informe elaborado por la abogacía del Estado encontró 23 violaciones a la ley, que “demuestran el constante apoyo al terrorismo” que lleva a cabo Batasuna El 10 de agosto, ETA realizó un atentado en Santa Pola, Alicante, en el que murieron un hombre de 57 años y una niña de seis, lo que provocó que el Partido Popular (PP), en el gobierno, y el PSOE convocaran a un pleno extraordinario del Congreso de los Diputados para este lunes 26, en el que se aprobaría la ilegalización de Batasuna, con la oposición de Izquierda Unida y el PNV, y la abstención de los nacionalistas catalanes de Convergencia i Unión La polémica Desde que el presidente José María Aznar anunció, en abril, que estaba dispuesto a sacar adelante, con la mayoría del PP, la ley que permitirá la disolución de Batasuna, surgieron voces en contra Después, la fiscalía del Tribunal Supremo decidió querellarse contra el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, por haber gritado “Gora Euskadi ta Askatasuna” (“Viva Euskadi y la libertad”, pero también las siglas de ETA), durante un mitin en la localidad francesa de San Juan de Luz Pero la Sala Penal del Tribunal Supremo dictaminó que Otegi no había hecho una apología de ETA En su resolución, el ponente magistrado Perfecto Andrés, conocido por su compromiso con los derechos humanos y las libertades civiles, señaló que los delitos de terrorismo son prácticas de violencia contra personas y cosas, y no “un delito de opinión que tiene al terrorismo como referente necesario, pero externo” Los vocales judiciales progresistas consideraron de “dudosa constitucionalidad” la apreciación y valoración de las actividades que desencadenan la disolución de un partido, porque chocan con el precepto constitucional que garantiza “la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos” El PNV advirtió que el pacto de los partidos vascos contra el terrorismo es “incompatible” con la ilegalización de Batasuna El lehendakari, Juan José Ibarretxe, fue más allá: “No se puede decir que todas las ideas son legítimas si se defienden a través de vías políticas y democráticas y a continuación iniciar un proceso de ilegalización de ideas” El presidente de los nacionalistas moderados vascos, Xavier Arzalluz, consideró que no se puede defender la democracia “calculándola”, por lo que si un partido actúa contra la ley o colabora con ETA, se debe actuar mediante el Código Penal: “El PNV y Aznar están en guerra, porque él ha ido por nosotros de una manera escándalosa y con la pretensión de eliminarnos del mapa Después de Batasuna, los siguientes seremos nosotros A la guerra se responde con guerra” En mayo, Ibarretxe anunció una consulta popular para que sea el pueblo vasco el que decida su futuro de autodeterminación, ya que, según dijo, Aznar “no ha admitido” lo que decidieron los vascos hace un año en las urnas, cuando el PNV ganó con mayoría en las elecciones Las manifestaciones por las calles del País Vasco no han dejado de sucederse desde entonces, para protestar contra la ilegalización del partido político de la izquierda abertzale A su vez, el presidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa, dijo que sólo “por las tanquetas” se podrá evitar la representación de Batasuna en el Parlamento, donde tiene escaños conseguidos en elecciones El PNV, Eusko Alkartasuna e Izquierda Unida emitieron un documento en contra del proyecto de Aznar sobre la ilegalización, pues consideran que lesiona “la libertad ideológica, de expresión, de asociación y de participación ciudadana” Los obispos vascos, en una carta pastoral conjunta, manifestaron su preocupación por “algunas consecuencias sombrías” por la ilegalización de Batasuna, pues afectará “la convivencia y la causa de la paz” Un día después, un grupo de 358 sacerdotes vascos difundió una carta en la que pedían “el fin de todas las violencias” y la autodeterminación para Euskadi El presidente Aznar reaccionó en forma inmediata, considerándola “especialmente desafortunada”, al calificar los documentos de los obispos como “una perversión moral e intelectual grave” La estrategia judicial El juez Garzón lleva varios años desmantelando el aparato político y económico de ETA, junto al llamado “entorno abertzale” Un auto judicial del 4 de mayo abrió la puerta a la suspensión de actividades de Batasuna, cuando Garzón estableció que “Batasuna forma parte orgánica de la estructura terrorista ETA-KAS-EKIN” y, como tal, depende de ella el control de diversas empresas y sociedades orientadas a generar ingresos para financiar las actividades armadas de la banda vasca Era la primera resolución que establecía una relación directa de dependencia orgánica entre ETA y Batasuna, aunque antes ya había disuelto las activadas de otras asociaciones y colectivos supestamente relacionados con la banda, como la red internacional EKIN; los grupos juveniles Jarrai-Haika-Segi, y Xaki o Gestoras, asociaciones a favor de los presos etarras El magistrado ha buscado, desde principios de año, que Batasuna pague más de 18 millones de euros por los daños de la llamada “kale borroka” (violencia callejera) que la organización juvenil Segi ha originado desde su constitución en 2001 Y es que desde 1978, fecha de la fundación de Batasuna, las fuerzas de seguridad han detenido a 442 personas acusadas de pertenecer a ETA que, además, tenían, habían tenido o tuvieron algún cargo en Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna Los casos recientes son los del Comando Donosti, al que perteneció Unai Bilbao Solaeche, que en 1999 había sido candidato municipal de Herri Batasuna (HB); en el desarticulado Comando Aramba estaba el concejal de Azoitia, Asier Altuna, y el ex edil de esa coalición política, Iñaki Ibaibarriaga Además, entre los detenidos del Comando Barcelona estaban tres cargos electorales de Batasuna: Pedro Álvarez, Nerea Bengoa y Unai López La relación ETA-Batasuna fue establecida por el histórico dirigente Jon Idigoras, cuando dijo públicamente que “votar a HB es votar a ETA”, y recientemente Jon Salaberria expresó: “La lucha armada de ETA responde a la defensa de los derechos legítimos que tiene el pueblo vasco” Por esa relación, y después de que ETA rompió su última tregua, nueve concejales de HB dimitieron e incluso ha habido alcaldes que han declarado públicamente que si ETA sigue matando no volverán a presentarse La pérdida de adeptos de la izquierda abertzale y los golpes policiales y judiciales contra ETA han provocado el repliegue de la banda armada hacia Francia e incluso el traslado de sus bienes Los riegos La actividad en el Congreso de los Diputados dentro del período extraordinario, en plenas vacaciones de verano, ha sido intensa El PNV encontró su aliado en los nacionalistas catalanes de Convergencia i Unió, y ambos criticaron las prisas de Aznar por aprobar la ley contra Batasuna Los catalanes no se oponen a la ilegalización, de hecho, se abstienen, pero defienden, al igual que los vascos nacionalistas, que sea la justicia la que decida, sin interferencias de los poderes Ejecutivo y Legislativo, la medida contra ese partido “¿Qué ocurrirá si el Tribunal Supremo decide finalmente que no hay base jurídica suficiente para ilegalizar a Batasuna No deben ser los partidos los que pidan la ilegalización de otro partido? Y no entendemos estas prisas”, dijo Xavier Trías, portavoz de CiU en el Congreso Iñaki Anasagasti, portavoz del PNV, se muestra de acuerdo: “Aznar quiere implicar a los tres poderes del Estado porque no está muy seguro de que su decisión esté jurídicamente fundamentada” Y es que, además de la iniciativa del Ejecutivo para terminar con Batasuna, la Fiscalía del Estado presentará por su cuenta otra demanda para la ilegalización, que espera sea ratificada por el Congreso y el Senado El martes 20 de agosto, el juez Garzón pidió al fiscal que decidiera antes del viernes 23 si procedía “acordar la suspensión provisional de actividades de HB-EH-Batasuna, dada su integración aparente en el complejo terrorista liderado por ETA-KAS-EKIN” Explica que, después de una investigación de cuatro años, llegó a la conclusión de que Batasuna es “una estructura organizada que cumple la misma finalidad terrorista que ETA” En su ofensiva legal, Garzón se amparó en el artículo 129 del Código Penal, que establece que durante la instrucción de una causa y cuando existan indicios de que una asociación reviste el carácter de ilícita, el juez podrá clausurar sus locales o suspender sus actividades durante un período no superior a cinco años, a fin de “prevenir la continuidad en la actividad delictiva y los efectos de la misma” Ante la iniciativa de Garzón, el gobierno se apresuró al día siguiente a hacer públicas las 23 vulneraciones a la Ley de Partidos que Batasuna presuntamente ha cometido desde que entró en vigor Sin embargo, desde hace meses, destacados juristas españoles se han manifestado contra la ilegalización, por considerar que la no condena de Batasuna de los atentados de ETA no constituye un argumento jurídico para eliminarla del mapa político El catedrático de derecho constitucional de la Universidad de Sevilla, Javier Pérez Royo, cree que la ilegalización no puede ser por la vía constitucional, porque utilizar la Constitución “como canon de legalidad o ilegalidad de un partido político es peligrosísimo: un partido sólo puede ser declarado ilegal por el juez penal y en un proceso con todas las garantías constitucionales del proceso penal” Otros juristas han advertido que, con la declaración de ilegalidad, existe el riesgo de que Batasuna obtenga más adeptos y simpatías y aumente su influencia en la sociedad vasca

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