México D F- (apro)- El profesor de la UNAM, experto en derecho y administración pública, José Guzmán Lazo, afirma que la petición de "desafuero" solicitada por la PGR en contra del diputado Carlos Romero Deschamps y del senador Ricardo Aldana, no procede porque, de acuerdo al artículo 111 constitucional, los delitos de que se les acusa no se realizaron en el tiempo de su encargo como legisladores El abogado Guzmán envió un escrito a la Cámara de Diputados el viernes 20 en donde hace una llamada de atención de lo que él considera una "pifia" del gobierno de Vicente Fox Cita el profesor universitario el precepto constitucional: "Para proceder penalmente contra Diputados y Senadores al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación () el Procurador General de la República () por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado" En su carta a la Cámara de Diputados, el profesor Guzmán considera que ha pasado "desapercibido" a este órgano legislativo que para proceder penalmente contra diputados y senadores, como pretende la PGR, se tiene que revisar el artículo 111 constitucional "Es del dominio público que los hechos que se atribuyen a los legisladores que se pretende desaforrar, datan con anterioridad al año 2000, por lo que, conforme al citado artículo 111, la Cámara de Diputados carace de atribuciones para sujetarlos a procedimiento alguno con el propósito de desaforarlos" Agrega: "El caso, a nuestro juicio, representa otro traspié del Ejecutivo Federal, en el que se cayó con motivo de una garrafal pifia de la Procuraduría General de la República, que al hacer la solicitud de desafuero, en lo absoluto reparó en el precepto constitucional mencionado" Hace un llamado a la Cámara de Diputado para que repare en este articulo y, al mismo tiempo, también menciona que los medios de comunicación "se han ido con la ?finta?, haciéndole el juego a los servidores públicos del Ejecutivo y del Legislativo, dando por hecho la procedencia del posible desafuero de los legisladores en el ejercicio de su cargo, como lo son los legisladores inculpados a quienes se pretende desaforar, incurriendo con ello en desinformación"