En estos días y desde hace muchos, llegan a mis manos documentos que pretenden ser definitivos sobre el texto de la posible Iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo Hay documentos extensos y otros mínimos, sin padre o madre reconocidos y algunos atribuibles a grupos sindicales o académicos Asumen particular importancia los visiblemente nacidos por los rumbos del sur, donde habitan formalmente los funcionarios laborales federales o, por el contrario, producto de las oposiciones más rotundas Todos ellos acompañados de presagios acerca de su viabilidad, de su inmediata o lejana confirmación y de las esperanzas, positivas y negativas, de que el Congreso de la Unión los haga o no suyos Sin embargo me ha llegado un extenso documento, el más reciente, que parece nacido de la concertación entre el Congreso del Trabajo y el Sector Empresarial Hecho con cuidado, al menos tipográficamente, compara textos vigentes con propuestas Algunas, bastantes, son realmente interesantes y otras comprueban que del matrimonio de dos corporativos no pueden nacer más que hijos corporativos Son visibles y notables cosas de moda, como la referencia a que el acoso sexual es motivo de despido, cualquiera que sea la víctima, del entorno de la empresa o un tercero (o tercera, por regla general), olvidando que ese acoso se puede traducir, tranquilamente, en faltas de respeto a los jefes o compañeros (as) de trabajo o a terceros y finalmente en faltas a la moral que ya están sancionadas Pero viste mucho hablar del acoso sexual El cambio de nombre de "patrón" por "empleador", que aparece en la Iniciativa del PAN asume una importancia mayor También resalta el culto a la productividad aunque se les olvida a los autores que debe de ser de doble signo: producción más abundante, de mayor calidad y de menor precio (para los empleadores) y trabajo más cómodo, de menor riesgo y de mejor salario (para los trabajadores), con lo que todo tiene un cierto olor sospechoso de que sólo se vea la primera productividad y no la segunda En algún momento (con referencia al art 53-1 bis, que es nuevo) se incluye como motivo de terminación de la relación de trabajo la renuncia "voluntaria" Me pregunto: ¿hay de otras? El tema central es, en parte lo que se agrega y en mucha mayor parte lo que no se cambia Entre lo que se agrega está la formación de un Registro Público Nacional de Sindicatos, Federaciones y Confederaciones cuyo único cometido es hacer las mismas fechorías que ahora se atribuyen a las autoridades laborales, esto es, registrar a los sindicatos y tomar nota de sus directivas, además de concentrar padrones (listas de afiliados) y otras cosillas Pero se sigue haciendo depender el funcionamiento de los sindicatos de la santa voluntad de ese Registro que sólo tiene de ventaja que, por lo menos, ya se sabe quiénes son y dónde están Por supuesto que se mantiene rígidamente la jurisdicción laboral a cargo de las juntas de conciliación y arbitraje, locales y Federal, con sus representantes sectoriales que no sirven para nada y con su absoluta dependencia de los poderes ejecutivos, Federal y locales Ya se pueden imaginar qué consecuencias arroja esa dependencia Y en la misma medida se conservan las comisiones mixtas de salarios mínimos y de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas que se subordinan en sustancia y en detalles del santo capricho de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por la vía de la representación gubernamental A los corporativos que allí se sientan, ni les va ni les viene Los empresarios aplauden, como es lógico y los del otro lado, con dignidad ejemplar, se abstienen de firmar ¡Una monada! Ya el PRD propuso que los integrantes de esas comisiones sean designados por la Cámara de Diputados, se entiende los del gobierno En materia de contratación colectiva aparece una propuesta genial Con el pretexto de acabar con los contratos colectivos de trabajo de protección, se propone que para su depósito sean firmados por los representantes sindicales y por la totalidad de los miembros del sindicato (art 387) La fórmula que no quieren establecer es que esos contratos colectivos, muy mal denominados de esa manera ya que se tratan de simples pactos normativos de condiciones de trabajo y no de contratos (su celebración es obligatoria para los empleadores y de una obligación no nacen contratos), deberán aprobarse por las asambleas de los trabajadores Y eso exigirá la presentación del acta de asamblea, en la que puede haber partidarios y no partidarios del convenio colectivo y ya se encargarán los secretarios de actas y los escrutadores de preparar las listas de asistencia Si alguien las pone en tela de juicio, que lo reclame En materia procesal lo evidente es que aparecen las reglas principales aprobadas durante el sexenio pasado por un grupo destacado (que de verdad lo es) de abogados corporativos y de abogados empresariales Hay cosas buenas, lo reconozco, pero como abunda la referencia a las juntas de conciliación y arbitraje, la necesidad de asesinarlas y poner en su lugar a jueces de lo social competentes para conocer de demandas laborales y de seguridad social, es indispensable la reforma previa de la fracción XX del art 123, Apartado "A", Y eso los señores corporativos de los tres lados, no lo quieren Esa reforma procesal que al concluir el período anterior tenía siete ediciones (que gentilmente me hizo llegar Javier Moctezuma Barragán, entonces Subsecretario "A" de la STPS y principal responsable de la tarea) nació bajo el influjo santo de la Nueva Cultura Laboral, ese invento notable de Carlos María Abascal Carranza cuyo nombre se debió a una buena idea de José Antonio Alvarez Lima, embajador primero y después Gobernador en Tlaxcala, hombre de primera y que ahora ha vuelto al servicio diplomático La intención principal de esa reforma, ahora adaptada al proyecto, fue sin duda limitar los avances a favor de los trabajadores de la reforma procesal de 1980 Reconozco que se ha hecho un trabajo serio aunque no comparta muchas de sus innovaciones y rechace la conservación de los más notables corporativismos Pero por lo menos me parece que se ha trabajado intensamente Corresponderá a los señores diputados, previa la revisión por el Consejero Jurídico de la Presidente, Juan de Dios Castro, un hombre inteligente, preparado y fundamental responsable de la Iniciativa de reforma a la LFT presentada por el PAN (responsabilidad que compartió con Gabriel Jiménez Remus cuando ambos eran senadores), la afinación del Proyecto antes de su presentación formal Finalmente decidirá el Congreso de la Unión Y no estoy muy seguro de cual será su rumbo En el PRI conservan sus puestos los corporativos y el PAN parecería asociado a estas nuevas aventuras por muy discrepantes que sean de la Iniciativa que presentó en el Senado a principios de 1995 Del PRD tengo la seguridad de que rechazará el proyecto Pero, finalmente, parece que sí se presentará más o menos pronto