La CNDH acepta queja de chofer acusado de asesinar mujeres en Juárez

jueves, 23 de enero de 2003
México, D F—La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio entrada el jueves a un recurso de impugnación presentado por Miriam García Lara, esposa de uno de los dos choferes detenidos en noviembre del 2001, acusados de ser los homicidas de ocho jóvenes mujeres encontradas en un campo de algodón en Ciudad Juárez Este año se cumple una década del inicio de una larga cadena de homicidios cometidos en contra de mujeres en Ciudad Juárez, que según registros de organismos no gubernamentales y medios de comunicación, suman alrededor de 278 las jóvenes que han sido asesinadas con violencia, y un alto porcentaje con signos de violencia sexual El recurso de impugnación presentado el jueves pide a la CNDH investigar la parcialidad con que supuestamente se manejó la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, en una queja presentada por la tortura a la que fueron sometidos los inculpados para declararse culpables El recurso también tiene el propósito de que la CNDH investigue la actuación de la Procuraduría General de Justicia de ese estado fronterizo, que aún no dicta sentencia contra los acusados, y las permanentes amenazas de muerte que reciben ambos internos La esposa de Víctor Javier García Uribe, alias El Cerillo, uno de los dos acusados de ocho homicidios de mujeres, estuvo acompañada por el abogado defensor Sergio Dante Almaraz y el diputado federal del PAN, David Rodríguez En noviembre de 2001, las autoridades estatales atendieron el llamado de una persona que había encontrado restos humanos en un campo de algodón ubicado a unos metros de un céntrico crucero de Ciudad Juárez Al cabo de dos días de búsqueda en el lugar, agentes especializados encontraron los restos de ocho jovencitas Cinco días después del macabro hallazgo, el entonces procurador Arturo González Rascón presentó a Víctor Javier García Uribe y Gustavo González Meza, dos choferes de autobuses urbanos, como los presuntos responsables de los ocho homicidios La defensa de acusados logró documentar que para arrancarles su confesión de culpabilidad, las autoridades torturarons a los trabajadores del volante con golpes y quemaduras de cigarros en los testículos y el pene En entrevista con Procesocom, Miriam García –esposa de Víctor Javier García Uribe-- recordó que la CEDH que encabeza Francisco Yáñez, un priista cercano al gobierno del Estado, mostró parcialidad al declarar que la queja presentada era improcedente, “porque no se habían acreditado los hechos que se atribuían a las autoridades señaladas como probables responsables” “Nunca consideraron los certificados médicos del Centro de Readaptación Social, que documentó los golpes y las quemaduras con cigarros que sufrieron los dos –Víctor Javier y Gustavo--, incluso no los integraron en el expediente”, explicó “Deseo manifestar que me encuentro inconforme con dicha resolución –de improcedencia, dictada por la CEDH—en virtud de que dicha tortura continúa”, y anexa fotografías y certificados médicos que documentan las agresiones a que fueron sometidos ambos choferes García Lara señaló que “después de algunas declaraciones que hice en los medios de comunicación, mí esposo fue visitado por dos agentes judiciales, quienes advirtieron que no volviéramos a acusar al gobernador Patricio Martínez o a su administración de las agresiones contra él, pero esa misma noche llegaron unos hombres a golpearlo y durante la agresión, le cortaron un pedazo de la oreja” El abogado Dante Almaraz responsabilizó al mandatario estatal de cualquier agresión que sufran sus clientes, Miriam García o él mismo Recordó que siete agentes de la Policía Judicial del Estado, encabezados por el comandante Alejandro Castro, estuvieron involucrados en la ejecución del abogado Mario César Escobedo Anaya, quien inicialmente defendía a Gustavo González Meza Así mismo, denunció que el proceso judicial ha sido constantemente alterado por las autoridades estatales En tres ocasiones se ha cerrado la instrucción y vuelto a abrir, para que ellos presenten más pruebas y existen indicios de querer provocar que se alargue indefinidamente la sentencia del asunto 23/01/03