* Preocupa a AI la persistencia de violaciones a derechos humanos México, D F(apro)- Si el Estado mexicano aspira a alcanzar avances sustanciales y duraderos en la defensa de las garantías más elementales, será necesaria la ejecución de una política de derechos humanos concertada, coordinada y verdaderamente efectiva todos los niveles gubernamentales, advierte un resumen de las preocupaciones de Amnistía Internacional en México Si bien el organismo internacional acoge con satisfacción el compromiso expresado por el gobierno del presidente Vicente Fox para proteger y promover los derechos humanos dentro y fuera del país, y valora “positivamente” los pasos dados por la administración para empezar a construir una cultura duradera de respeto a los derechos humanos en México, apunta que la impunidad, que tradicionalmente acompaña a las violaciones, continúa profundamente arraigada No obstante, encomia la apertura y el compromiso de la administración foxista en estos asuntos Amnistía Internacional viene denunciando abusos de los derechos humanos en México durante más de 35 años, documentando masivas y frecuentes violaciones de derechos fundamentales Por ello, destaca que es esencial que la sociedad civil --en especial las organizaciones de derechos humanos nacionales--, pueda desempeñar un rol todavía más destacado en el proceso de determinar los mecanismos fundamentales para asegurar que el programa de derechos humanos sea efectivo Sin embargo, preocupa a Amnistía Internacional la persistencia de frecuentes violaciones de derechos humanos en México y la incapacidad de las autoridades de proporcionar remedios efectivos a las víctimas Preocupa a AI el uso de la detención arbitraria, maltrato y tortura por parte de distintas fuerzas policiales y agentes del Ministerio Público; la incapacidad del Ministerio Público y del Poder Judicial de actuar en concordancia con las normas internacionales ante las denuncias de confesiones extraídas bajo tortura o malos tratos, ya que la carga de la prueba no recae en favor de la víctima, al no obligar a la acusación a demostrar que la confesión se ha proporcionado voluntariamente Precisa que las “desapariciones” y ejecuciones extrajudiciales se han reducido en los últimos años, pero se han documentado varios casos que indican la participación o complicidad de los agentes del Estado; a nivel estatal, las acusaciones penales políticamente motivadas continúan conllevando a detenciones injustificadas o penas excesivas con la finalidad de disuadir o restringir las protestas sociales El abuso del sistema judicial sigue siendo frecuente y el sistema de amparo actualmente no representa un recurso judicial efectiva para las víctimas Añade que persisten las denuncias de violaciones de derechos humanos, tales como asesinatos, amenazas e intimidaciones por parte de grupos armados actuando con la aparente complicidad o aquiescencia de las autoridades locales en estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero “La incapacidad de las autoridades de desmantelar estos grupos y llevar a los responsables ante la justicia continúa generando un clima de violencia e impunidad en muchas comunidades rurales”, señala el organismo Advierte, así mismo, la falta de un mecanismo independiente e imparcial para llevar a cabo investigaciones penales sobre presuntas violaciones de derechos humanos por parte de agentes públicos: “La estructura actual del Ministerio Público socava la credibilidad de estas investigaciones desde el principio y genera preocupaciones graves acerca de la capacidad de las autoridades, estatales y federales, de investigar de forma eficaz violaciones tales como detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales” Apunta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y las Comisiones Estatales no disponen de suficiente autoridad o determinación para proporcionar medidas eficaces de salvaguardia de los derechos humanos y para obligar a las autoridades que cumplan con sus responsabilidades “Es de vital urgencia una revisión de los sistemas de la administración de justicia para que cumplan en la práctica con las normas internacionales de derechos humanos Los procedimientos internos propuestos hasta el momento, aunque suponen un avance, siguen siendo inadecuados”,agrega La organización subraya que el papel de las Fuerzas Armadas en tareas policiales debe ser clarificado, y las violaciones de los derechos humanos presuntamente cometidas por las Fuerzas Armadas deben ser investigadas y juzgadas en tribunales civiles Insiste en que la reserva e interpretación formulada por el gobierno mexicano en relación con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas debe ser inmediatamente retirada Amnistía Internacional denuncia que las campañas de difamación, hostigamiento e intentos para socavar los esfuerzos de los defensores de los derechos humanos que alzan la voz para denunciar violaciones de derechos humanos y hacer que las autoridades cumplan con sus responsabilidades se siguen manifestando en muchos estados Por ello, insiste en que las autoridades federales y estatales deben asegurar la protección de los defensores, así como garantizar investigaciones independientes y concluyentes sobre todos los casos de hostigamiento y amenazas contra los defensores Dice que la marginación y la pobreza afectan muchos sectores de la sociedad mexicana, pero sobre todo las comunidades indígenas La discriminación contra los pueblos indígenas persiste, subraya En este sentido, precisa que la legislación reciente sobre los derechos de los indígenas no ha cumplido con las expectativas de las comunidades y ha sido ampliamente criticada por no proporcionar garantías adecuadas para salvaguardar sus derechos: “Las autoridades han dado un paso importante ratificando instrumentos internacionales que prohiben todas formas de discriminación Este paso debe concretarse con medidas eficaces que pongan fin a todo tipo de discriminación, incluyendo la discriminación por motivo de raza, género u orientación sexual” Amnistía Internacional confía en que estas preocupaciones se tendrán en cuenta en la elaboración del diagnóstico previsto por el Programa de Cooperación Técnica de las Naciones Unidas y que el Programa de Derechos Humanos incluya medidas eficaces para abordarlas