Investigarán a hombre de confianza de Roberto Hernández (segunda parte)

sábado, 4 de enero de 2003 · 01:00
México, D F (apro) Lo que más indignó a Pertersen Farah es que algunos de los principales activos del grupo, que se ofrecieron “a precios de remate”, se los estaba quedando Grupo Plan, cuyo socio mayoritario es Roberto Hernández y lo preside su yerno, Luis Bossoms, también administrador del castillo de Chateau de la Motte Adquirió, por ejemplo, El Tamarindo, una península en la costa jalisciense para refugio y recreo de 50 supermillonarios que, según el proyecto original, pagarían 35 millones de dólares por 12 hectáreas para construir mansiones rodeadas de servicios de lujo: campos de golf, canchas de tenis, senderos ecuestres y playas superprivadas Siderúrgica Guadalajara –que dio origen a Sidek-- se vendió al Grupo CH en sólo 31 millones de dólares, “un precio de remate, la mitad del valor contable Es una operación que jamás debió hacerse, una locura, porque es de donde provienen 75 por ciento de las utilidades del grupo Y si se sigue con esta perspectiva de liquidación, es obvio que los accionistas minoritarios jamás van a ver un peso” La Bolsa Mexicana de Valores dio a conocer los acuerdos tomados por la asamblea ordinaria de accionistas de Grupo Sidek, celebrada el 23 de diciembre de 2002, a las 18:00 horas Juan Jaime Petersen Farah y Adolfo Garcín de la Cueva señalaron que “debido a la ausencia de información por parte del consejo de administración de la sociedad, no les ha sido posible conocer la situación legal, jurídica, fiscal, contable y financiera de la sociedad, por lo que denunciaron de las posibles irregularidades en que hubiera incurrido la administración de la sociedad hasta esta fecha y, por lo tanto, denunciaron ante los comisarios y ante la asamblea de dichas irregularidades” Acusaron de negligentes a los miembros del consejo de administración, en particular a Arturo Luis Pérez Courtade y José Manuel Rincón Gallardo, “por no haber cumplido con su obligación de presentar los informes correspondientes sobre la información requerida a cada uno de ellos para rendir informes a la asamblea” Con el voto a favor de más de 15 por ciento de las acciones representativas del capital social, la sociedad resolvió “iniciar de inmediato las investigaciones sobre irregularidades en la administración de la sociedad y, en su caso, iniciar acciones de responsabilidad” En particular, demandan investigar los siguiente: “El proceso y operación realizado por la sociedad con Grupo Plan SA, que culminó en la enajenación de la participación social de la sociedad de 50 por ciento del capital social de aquellas sociedades en las que mantenía una coinversión con Grupo Plan, que tuvo un efecto adverso en los estados financieros de la sociedad por más de 80 millones de dólares “La adquisición de acciones representativas de 35 por ciento de acciones de la sociedad subsidiaria denominada Desarrollos Urbanos de Baja California SA, mismas que al momento de su adquisición tenían un valor contable negativo y que, sin embargo, fueron adquiridas y pagadas a un precio aproximado de 24 millones de dólares” Los socios requirieron a la firma de auditoría de la sociedad KPMG Cárdenas Dosal SC “entregar la información correspondiente, y coadyuvar plenamente en las investigaciones relacionadas con las irregularidades denunciadas en esta asamblea” Se designó a Carlos Enrique Zuloaga, Adolfo Garcín de la Cueva y Gustavo González Vergara para ejercitar las acciones correspondientes, “para lo cual se resuelve que la sociedad, a través de dichas personas, realice los actos necesarios conducentes a ejercer la responsabilidad civil, penal o cualquier otra por operaciones realizadas en perjuicio de la sociedad” Se otorgó a Adolfo Garcín de la Cueva y Gustavo González Vergara poder general para pleitos y cobranzas para llevar a cabo los actos que sean necesarios para contratar y apoderar a las personas que consideren pertinentes, a fin de que “inicien la auditoría y las acciones civiles, mercantiles y penales ante las autoridades correspondientes bajo el costo y cargo de la sociedad, relacionados con todas las acciones legales, judiciales o extrajudiciales para cumplir con las resoluciones tomadas en esta asamblea”

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