Jalapa, Ver , (apro)- A raíz de que el elementos del Ejército y de la UEDO de la PGR lograron la captura del capo Albino Quintero Meraz, ocurrida en mayo del 2002 en el fraccionamiento Villa Rica del puerto de Veracruz, los escándalos sobre la presencia del narcotráfico en esta entidad se han vuelto casi cotidianos, sin embargo, las investigaciones que sobre este tipos de delitos realiza el FBI dentro de los cuerpos de seguridad pública si ha despertado mayor preocupación en diversos sectores sociales El diario porteño Notiver, en su edición del martes, difundió documentos oficiales de la Office of the Atache de la Embajada de Estados Unidos en México, donde el 11 de diciembre del 2001 informa que la Agencia Federal de Investigaciones (FBI) denunció ante la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) sobre los sobornos que recibía el subsecretario de Seguridad Pública del estado, Valentín Romano López, y otros de sus colaboradores de parte de organizaciones delictivas encabezadas por Osiel Cárdenas Guillén y Albino Quintero Meraz La respuesta del gobernador Miguel Alemán Velasco, ante el revuelo que desató la publicación de dichos documentos, a través de un desplegado periodístico insertado en medios estatales y nacionales, demandó a cualquier instancia, nacional o extranjera, a que haga públicas las pruebas de dicha vinculación y las remitan, cuanto antes, a la Procuraduría General de la República, a fin de que se proceda conforme a derecho Sin embargo, sin afirmar o negar la autenticidad de los documentos emitidos por el FBI, cuando en entrevista con la prensa local se le preguntó al mandatario veracruzano en torno a la presunta vinculación del subsecretario de Seguridad Pública y de otros altos jefes de esta corporación policiaca en el estado con los cárteles del narcotráfico, exigió “elementos probatorios objetivos; que se hagan públicas las pruebas” Al negar que el responsable de la seguridad pública en la entidad haya brindado protección a capos del narcotráfico, como es el caso de Albino Quintero Meraz, cuando éste estableció su base de operaciones en un fraccionamiento residencial del puerto de Veracruz, donde fue detenido por elementos del Ejército, subrayó que a este tipo de versiones no les da la mayor importancia porque sabe de dónde vienen ese tipo de acusaciones Empero la embajada de Estados Unidos en México, a través de un escueto comunicado de prensa, respondió este miércoles que es correcto el reporte publicado por la prensa local sobre la carta del agregado del FBI a la AFI, con lo cual confirmó la existencia de los documentos Al respecto, explica: “Los alegatos sobre la posible colaboración entre narcotraficantes y el gobierno de Veracruz, reportados por la prensa el día de hoy, fueron recibidos por la oficina del agregado del FBI y enviados a la Agencia Federal de Investigaciones de la PGR por vía escrita el 11 de diciembre de 2001 para su uso interno” E insiste la embajada estadunidense: “Queremos aclarar que son alegatos, y que no implican un aval ni una investigación del FBI de los mismos Así mismo, el FBI no hace ningún tipo de confirmación en cuanto a la veracidad de estas declaraciones Este tipo de comunicado, el cual es parte de nuestro intercambio diario, es una muestra más del ato grado de cooperación bilateral en materia de administración de justicia” En el documento difundido en primera instancia por el porteño diario Notiver, se señala que la oficina del FBI en México ha tenido conocimiento de que la organización de narcotraficantes de Osiel Cárdenas Guillén “remunera en forma monetaria a elementos del Consejo Estatal de Seguridad Pública, mismo que es encabezado por Miguel Alemán Velasco, gobernador de Veracruz” De acuerdo con el informe de dicha fuente confidencial, detalla la manera en que se efectúan los sobornos “Inicialmente Medrano (a) El licenciado (se desconocen sus otros nombres) recibe el dinero, éste a su vez le paga a Oscar Pérez Butrón y Jorge Iván Castillo, jefe de operaciones especializadas de Seguridad Pública y delegado de Coatzacoalcos, respectivamente” Así mismo, explica, “se hacen pagos a Miguel Torres, secretario particular de Seguridad Pública, quien a su vez entrega dinero a Emilio Gómez Sánchez (a) El Cuchillo, director general de la Policía Judicial del Estado Finalmente, el brigadier general Valentín Romano López, subsecretario, también es remunerado por su participación” Al proseguir el FBI con su denuncia, refiere “que desde luego la UEDO de la PGR le dio entrada y seguimiento, consiguiendo con esto la captura de Albino Quintero Meraz (a) El Tío o Don Beto, y aporta un dato que explica algunas de las acciones realizadas por la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada al catear algunas empresas en la capital del estado” El 23 de octubre del 2001, menciona la denuncia firmada por Drew Parenti, agregado adjunto de asuntos legales del FBI, “nos pudimos percatar del soborno de elementos de la Policía Judicial Federal de Veracruz” La organización de narcotraficante Quintero Meraz, denuncia, “tiene comprada a la PJF en los municipios de Tuxpan y Cardel” Tras el revuelo que desató esta denuncia, organismos empresariales y partidos de oposición manifestaron su preocupación por el hecho de que en este caso estén involucrados funcionarios de alto nivel del gobierno alemanista Al respecto, la Coparmex en el puerto de Veracruz consideró que el hecho de que autoridades internacionales estén marcando que existe corrupción dentro de los cuerpos policíacos afecta la imagen del estado Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local, Sergio Penagos García, opinó que lo prudente en este caso sería que las autoridades estatales tomen el ‘toro por los cuernos’, e iniciar de manera inmediata una investigación autónoma, “porque no vaya a ocurrir otra vez que por una mala decisión del Ejecutivo de estado, de manejar las cosas como si no existieran, sean terceros los que revelen que sí existen” Es de llamar la atención, mencionó, que el agregado del FBI en la embajada de Estados Unidos confirmara que la documentación es fidedigna, y que si bien no se trata de una denuncia sino de un alegato, “lo prudente sería que si ya se tienen estos indicios serios, éstos deben ser tomados en consideración sin que ellos signifiquen que Valentín Romano sea o no narcotraficante, aunque por el bien de Veracruz lo mejor sería que no lo fuera” Esta es una situación en la que el gobierno estatal, señaló, “no debe esconder la cabeza, ya que se está haciendo referencia a la imagen pública del estado” Por eso, insistió en que vale la pena hacerle un llamado al gobernador, de manera respetuosa pero seria, y sin en ánimo de linchar ni prejuzgar a nadie, “para que se inicie una investigación profunda para saber con qué seriedad se hacen esas afirmaciones y si tienen o no sustento” Mientras, el coordinador de la bancada del PRD, Víctor Molina Dorantes, dijo que el informe del FBI evidencia que otros organismos, como la embajada de Estados Unidos en México, “tienen más información que el propio gobernador” En este caso, consideró que lo más lamentable es que Alemán Velasco todavía esté exigiendo pruebas, “en lugar de que se ponga a investigar de oficio o formular una denuncia para que se investigue a sus cuerpos policiacos” Los vínculos de los cuerpos de seguridad pública en Veracruz con bandas organizadas dedicadas al narcotráfico, refirió, “ya es un tema del dominio público” Ahí esta el caso del comandante de la región de Paso del Macho, Rafael Palomba, actualmente preso en el penal de La Palma, en el estado de México, y el del excoordinador de la Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río, actualmente prófugo de la justicia, entre otros El problema de la presencia del narcotráfico en la entidad fue tema de cuestionamientos durante la comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Alejandro Montano Guzmán, recordó, sin embargo, “hizo caso omiso, lo que genera una situación de encubrimiento del gobierno del estado para proteger a sus operadores en la seguridad pública estatal, al dejarlos actuar al libre albedrío” En opinión del perredista, lo correcto sería que el subsecretario Valentín Romano y los demás jefes policiacos involucrados en el informe del FBI, “renunciaran al cargo para que se haga la investigación correspondiente”, esto con el propósito de que puedan ser deslindados de las responsabilidades, sean culpables o no, “porque no se trata de prejuzgar anticipadamente, sino simplemente que el Ministerio Público inicie la indagatoria que corresponde” Por su lado, el diputado priista Ernesto Alarcón Trujillo mencionó que corresponde a la PGR actuar sobre este caso, y es la instancia que tendrá que probar las argumentaciones que se han hecho en este sentido Lo que debe hacer el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, subrayó, “es facilitar la acción de la justicia federal para que se realicen las investigaciones que corresponden” 08/01/03