Jalapa, Ver , 9 de octubre (apro)- Cerca de 50 ONG que operan proyectos de comunicación comunitaria en el país, principalmente en materia radiofónica, urgieron al gobierno a impulsar reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión, pues consideraron que ésta está desfasada y contiene vacíos jurídicos que impiden el reconocimiento legal de este tipo de propuestas ciudadanas Desde hace años, las agrupaciones civiles han desarrollado, vía el diálogo y la negociación, una lucha para que el gobierno federal autorice los permisos que legalicen la situación de cerca de 50 estaciones comunitarias que operan en 20 entidades del país, señaló la representante en México de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), Aleída Callejas Sin embargo, refirió que el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Pedro Cerisola, tras reunirse con los industriales de radio y televisión del país, advirtió que regularizará o combatirá a las emisoras que no tengan el permiso En ese aspecto, subrayó, “me parece que la autoridad tiene que ser muy cuidadosa en sus acciones “No se trata de combatir por combatir o de regularizar por regularizar”, dijo la representante de la Amarc en México durante los trabajos del encuentro de radios comunitarias que se realiza en las instalaciones de Radio Teocelo —la única de las 48 emisoras de este tipo en el país que cuenta con permiso—, “pues se tendrá que hacer una revisión muy detallada, objetiva y concreta” Consideró que las autoridades tienen la gran responsabilidad histórica de hacer posible que los ciudadanos puedan ejercer la libertad de expresión y otorgar los permisos correspondientes a aquellas emisoras que prestan y garantizan un servicio a la comunidad, “por eso cuando Cerisola habla de regularizar, parece que estamos en un escenario más optimista” Empero, cuando el funcionario agrega la palabra combatir, agregó, “esperemos que no esté pensando hacerlo de manera irresponsable”, y que las acciones que emprenda la autoridad sean con pleno conocimiento de causa, “ya que lo dicho por Cerisola es una advertencia que me parece habría de tener cuidado” Y es que, aseveró, la mayoría de las emisoras que operan sin permiso y que son ciudadanas o comunitarias, “tienen una amplia base social”, y si la SCT las llegara a cerrar o a combatir, “me parece que puede desatarse un conflicto social” Por eso, insistió, “la autoridad tiene que actuar con mucha responsabilidad” --¿Esto significa que podría desatarse una confrontación en las comunidades si cerraran esas emisoras? --Puede darse una confrontación fuerte, así que esperemos que la autoridad sea clara y transparente en los criterios sobre los cuales determina combatir o regularizar, creo que lo merecemos todos los ciudadanos y es parte del ejercicio de la transparencia El ejemplo más claro de la situación que ya están enfrentando es el de La Voladora Radio, que opera en Amecameca, Estado de México, la cual inspectores de la SCT intentaron clausurar el 10 de septiembre, sin embargo, “en un movimiento social que nadie esperaba, la comunidad en su conjunto y la gente que opera la emisora impidieron que se requisara el equipo”, señaló el director de aquélla, Daniel Iván Esto se registró en un momento de diálogo con las autoridades, ante quienes se reivindicó el hecho de que “no estamos haciéndole daño a nadie” Amecameca, explicó, “está abajo del volcán Popocatépetl y su población vive en alerta amarilla; ahí, La Voladora es un medio de comunicación importante en casos de contingencia, amén de muchos otros objetivos sociales y culturales que está cumpliendo” La intentona de las autoridades federales para cerrar y asegurar las instalaciones y equipo de la radiodifusora no prosperó, “ya que la gente de la comunidad se resistió y no lo permitió” y, a partir de entonces, dijo, se ha estado en un proceso de tira y afloja, “para ver hasta dónde va a llegar el gobierno federal o dónde vamos a llegar nosotros” Por ello, consideró que ante la falta de certeza jurídica para este tipo de proyectos, “seguiremos enfrentando estos problemas” Porque ante este vacío legal, apuntó, “puede surgir la agresión de la autoridad bajo el pretexto de la ley” En tanto, Carlos Aparicio, director de “Radio Bemba” de Hermosillo, Sonora, explicó que dentro de la agenda de trabajo que se desarrollará en el curso de esta semana --en la reunión nacional de radios comunitarias--, destaca el derecho a la comunicación ciudadana, mismo que debe ser incluido dentro de la Ley de Radio y Televisión La actual legislación, mencionó, “ya es muy vieja”, debe actualizarse y transformarse a los tiempos actuales Aunque el fenómeno de la radio comunitaria en México no es nuevo, “no se puede considerar marginal”, pues en el caso de Radio Bemba --que opera en una ciudad de un millón de habitantes--, “tenemos un auditorio de por lo menos 40 mil radioescuchas” Estos son proyectos de radio que no aspiran a la marginalidad, aun cuando muchas de éstas estén realizando servicio social muy importante, al trabajar en lugares donde la radio comercial no llega “Se tratar de tener incidencia dentro de la comunidad”, ya que son proyectos que buscan insertarse en realidades concretas de la sociedad” Mencionó que estos proyectos han crecido en país, pues tan sólo en Amarc están afiliadas 50 emisoras comunitarias, “pero hay una cifra de alrededor de 200 que tienen una situación similar a la nuestra” Esta es una respuesta a ese derecho a la comunicación, en “que la sociedad civil organizada decidió ejercerlo” Sin embargo, acotó Aleída Callejas, en este momento “la autoridad no tiene la política pública para dar respuesta a las necesidades de comunicación en las comunidades”; al contrario, ha obstaculizado la labor de las radios comunitarias en zonas indígenas, como en Radio Yenpox de Santa María Tlahuintontepec, en la sierra de Oaxaca, “donde el Ejército se está involucrando en un asunto de libertad de expresión” Lo mismo ocurre, dijo, en la emisora comunitaria que trabaja en San Juan Nuevo Parangaricutiro, en Michoacán, “donde los militares también hicieron una supuesta visita que finalmente tiene que ver con una incursión militar en este tipo de ejercicios ciudadanos de libertad de expresión”, por eso los problemas deben ser analizados por separado por parte de la autoridad