En sólo un mes, liberan a seis implicados en el caso Aguas Blancas

martes, 21 de octubre de 2003
Acapulco, Gro , 20 de octubre (apro)- A ocho años de la matanza de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, seis policías motorizados procesados como autores materiales fueron liberados con sigilo entre el 9 de septiembre y el 9 de octubre del Centro de Readaptación Social de Acapulco (Cereso) La información fue revelada por dos sobrevivientes de la masacre que están recluidos en el penal, Joviel Rafael Ventura y Gerónimo Hernández Refugio, quienes en un comunicado reclamaron justicia y preguntaron si para ello tendrán que esperar “más de tres décadas, como está sucediendo con la masacre del 2 de octubre de 68” La liberación de seis de los trece policías que permanecían presos por el multihomicidio, además del exdirector del Gobernación del estado, Esteban Mendoza Ramos, fue reprobado por defensores de derechos humanos que han dado seguimiento jurídico al caso, y calificaron el hecho como una señal “evidente de la falta de interés del gobierno de Vicente Fox de hacer justicia” Vía telefónica, Mendoza Ramos confirmó la liberación de los seis policías, y aseguró que se liberó a otra persona en Chilpancingo, lo que dijo fue parte de “un acuerdo con autoridades carcelarias” Es probable que salga el resto de los policías retenidos y él saldría al último, como parte de “lo pactado” Añadió que si no se dio a conocer la información antes de manera oficial, fue para evitar movilizaciones de familiares Hasta ahora las autoridades penitenciarias no han confirmado ni negado la información difundida por los reos miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), acusados de secuestro y a los que se les vincula con el Ejército Popular Revolucionario (EPR) De acuerdo con la revelación de los miembros de la OCSS, el 9 de septiembre, “entre las dos y tres de la madrugada”, salieron libres Omar Figueroa Meza, Irineo Gatica Rosario y Alfonso Díaz Jiménez El 9 de octubre, entre las doce de la noche y la una de la madrugada, dejaron el penal José Manuel Rodríguez Pino, Hermilo Tacuba Alonso y Dustano Vargas En su comunicado, los dos campesinos sobrevivientes de la masacre, Joviel Rafael Ventura, originario de Paso Real, y Gerónimo Hernández Refugio, de Atoyaquillo, manifiestan: “los presos políticos perredistas del Cereso de Acapulco lamentamos que, a 8 años 3 meses y 20 días, en el caso Aguas Blancas no haya voluntad del gobierno estatal y federal de castigar a los asesinos intelectuales, como Rubén Figueroa Alcocer, Antonio Alcocer Salazar, Gustavo Olea Godoy, José Rubén Robles Catalán, Rosendo Armijo de los Santos, Héctor Vicario, este último postulado como precandidato a gobernador de nuestro estado de Guerrero en las próximas elecciones; queremos decir que este señor fue caracterizado por querer callar los gritos de justicia de familiares y sobrevivientes repartiendo fajos de billetes en ese entonces” Agregan: “no se quiere hacer justicia pero sí se está liberando a los pocos asesinos materiales que participaron en esta masacre y que fueron encarcelados para justificar justicia Aunque bien sabemos que no fueron 18 ni 100 policías los que participaron en estos hechos lamentables, sino más de 400 elementos de las fuerzas represivas del gobierno del estado y que aún la mayoría se encuentran libres y ocupando puestos públicos” El documento demanda al fiscal especial Ignacio Carrillo Prieto “que se actúe conforme a derecho y que se tomen en cuenta las declaraciones de todos los sobrevivientes, ya que el fiscal de aquel entonces, Alejando Varela Vidales, no tomó en cuenta las declaraciones y esto ha estado quedando en la impunidad” Como responsables materiales de la matanza de 17 campesinos el 28 de junio de 1995 en el vado de Aguas Blancas estuvieron inicialmente en prisión cuatro funcionarios de nivel medio del gobierno de Figueroa Alcocer y 28 policías motorizados De los funcionarios, en julio de 1996 salió el delegado de Gobernación en la Costa Grande, Gustavo Martínez; en 1999 salió el subprocurador de Justicia, Rodolfo Sotomayor Espino; en agosto de 2002 fue excarcelado el director operativo de la Policía Motorizada, mayor Manuel Moreno González De los 28 policías que estuvieron en prisión, 15 salieron por una sentencia absolutoria en abril de 1999 Hilda Navarrete Gorjón, directora del Centro de Derechos Humanos de Coyuca de Benítez, “La voz de los sin voz”, y Jorge Fernández Mendiburu, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Prodh), manifestaron por separado su indignación por la liberación de los policías involucrados en la masacre del 28 de junio de 1995, y calificaron el caso como el de mayor impunidad en los últimos años Ambos coincidieron en que “el gobierno de Vicente Fox no tiene intención política de hacer justicia, y prefiere mantener este caso y otros más en la impunidad” Navarrete y Fernández Mendiburu coincidieron en que la impunidad no radica en que se haya liberado a los policías sino en que “no se juzgó a los autores intelectuales, Rubén Figueroa y sus altos funcionarios” Mendiburu, recordó que actualmente hay dos averiguaciones previas detenidas en la Procuraduría General de la República (PGR), una interpuesta en octubre de 2001 por Hilario Mesino y Marino Flores, y otra en abril de 2002 por familiares de víctimas “Inicialmente los expedientes fueron turnados a la delegación de la PGR en Acapulco, pero nosotros rechazamos esa situación, porque sabemos del poder de Rubén Figueroa Alcocer y de que esto puede influir para una investigación deficiente, y después se nos dijo que sería el fiscal especial quien tendría que determinar el ejercicio a acción penal contra el exgobernador, cuando el fiscal tiene 300 casos pendientes por desapariciones que resolver” Añadió que los expedientes abiertos contra Figueroa en la PGR, “se le imputa el uso indebido de armas, cuando nosotros demandamos que fuera por homicidio, en su carácter de autor material, es decir que de la forma en que están diseñado el caso no va a prosperar de manera intencionada” Mendiburu cuestionó la actuación de la PGR en el caso de la matanza de Aguas Blancas, pues “la dependencia llega a consignar casos en que no hay tantos elementos y tan contundentes como es este, donde hay documentales públicas como las recomendaciones de la CNDH de la CIDH y de la Suprema Corte, y hasta investigaciones periodísticas de por medio, por ello es evidente que no hay voluntad política ni es prioridad del gobierno de Fox de hacer valer la ley en defensa de los derechos humanos” Para Hilda Navarrete Gorjón, el caso Aguas Blancas quedará inscrito “como el caso de la total y absoluta impunidad”

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