Aguas Blancas: reprueba el Centro Pro liberación de policías

jueves, 23 de octubre de 2003
* La impunidad se teje día a día: Edgar Cortez * Se abre la vía para no juzgar a Figueroa Alcocer, dice México, D F, 22 de octubre (apro)- El padre Edgar Cortez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez afirmó hoy que la impunidad se teje día con día en el caso Aguas Blancas, al reprobar la liberación de siete policías implicados en la masacre de 17 campesinos en 1995 Recordó que en septiembre y octubre de este año fueron liberados seis policías sentenciados por su participación directa como autores materiales de los hechos ocurridos el 28 de junio de 1995 en el vado de Aguas Blancas, Guerrero Con esto, añadió, se demuestra una vez más que el Estado mexicano, los gobiernos estatal y federal, carecen de voluntad política para otorgar justicia a las víctimas de la masacre Precisó que las liberaciones pueden ser resultado de dos factores: o una concesión política por parte del Gobierno del estado que impidió que los policías agresores purgaran la totalidad de sus penas, o una preliberación producto de la deficiente labor que en su momento tuvieron órganos ministeriales y jueces de consigna, y que permitió que el proceso penal fuera endeble y que los delitos por los cuales fueron sentenciados carecieran jurídicamente de la gravedad que realmente tuvieron Sin embargo, subrayó que lo más preocupante de estas recientes liberaciones es el mensaje que genera: “Si aquellos que en su momento fueron sentenciados por su responsabilidad como autores materiales de la masacre de Aguas Blancas están siendo liberados, sería iluso pensar que el Estado mexicano juzgará a los autores intelectuales que en su momento no fueron ni investigados ni sujetos a proceso, a pesar de existir claras evidencias de su participación en la planeación de la masacre” Dijo que lo anterior también ha quedado evidenciado con la actitud del gobierno federal que se ha negado sistemáticamente a cumplir con las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a acatar lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su resolución 3/96 Justamente como parte del seguimiento de estas recomendaciones, familiares de las víctimas y organizaciones civiles presentaron, en octubre del 2001 y en abril del 2002, sendas denuncias penales ante la Procuraduría General de la República, para que dicho órgano investigara y consignara a los autores intelectuales de la masacre que en ningún momento habían sido sujetos a proceso Sin embargo, ni la PGR en su calidad de órgano investigador, ni la Secretaría de Relaciones Exteriores, como órgano encargado de verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por organismos internacionales de derechos humanos han establecido mínimas condiciones que permitan evidenciar voluntad para dotar a las víctimas de justicia En este sentido, agregó que las liberaciones en mención, consolidan, de manera indirecta, la impunidad del exgobernador Rubén Figueroa Alcocer; del exsecretario de Gobierno, José Rubén Robles Catalán, y de Antonio Alcocer Salazar, exprocurador de Justicia del estado Más aún, demuestran a la vez, que hasta la fecha existe escaso interés por parte de la administración foxista para hacer efectivos los derechos de la sociedad a acceder a órganos independientes y efectivos de procuración y administración de justicia y para esclarecer las violaciones a los derechos humanos ocurridas en años recientes Al respecto, es preciso señalar que cualquier acción gubernamental, programa de desarrollo o proyecto económico, para tener credibilidad debe estar basado en la existencia de condiciones adecuadas de independencia, accesibilidad y eficacia de los órganos de procuración y administración de justicia Estos elementos son pilares básicos de un Estado democrático y requisitos indispensables para la consolidación de cualquier gobierno que se ostenta como tal Sin embargo, agregó, casos como el de Aguas Blancas y la impunidad que se ha generado, demuestran que en México, todavía estamos lejos de alcanzar el estatus de Estado democrático, dado que la justicia y los órganos que en teoría deberían estar encargados de dotarla, siguen siendo ajenos para aquellos sectores que más lo necesitan

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