* Sin resolver, casos de captores víctimas de policías Acapulco, Gro , 27 de octubre (apro)- Considerado como uno de los estados de la República con mayor incidencia en secuestros, en Guerrero, hasta el 14 de este mes, se habían registrado oficialmente 18 plagios, uno menos que los reportados hasta octubre del año pasado Sin un aparato especializado en secuestros --hay una iniciativa gubernamental para crear una fiscalía especializada--, en la administración de René Juárez Cisneros se afirmó entonces que había una notable disminución de este ilícito No obstante, en la gestión de Juárez han aumentado las denuncias en la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del estado (Coddehum) en contra de policías judiciales, por detenciones arbitrarias, amenazas, privación ilegal de la libertad, lesiones, allanamiento de morada, desapariciones forzadas y un presunto homicidio De acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, en el 2000 se registraron 45 secuestros; un año después, 39, y el 2002 cerró con 28 plagios En ese último año se detuvo a 60 presuntos secuestradores El 30 de septiembre, el director de la Policía Judicial del estado, Ricardo Leonel Coronel, después de presidir una reunión con comandantes de la PJ de las Costas y el puerto, declaró a reporteros de Acapulco que en Guerrero no operaran bandas de secuestradores, sino que estos delitos se cometen entre familiares “No, no tenemos datos que haya bandas aquí en Guerrero Los secuestros se dan entre familiares, la misma familia cuando sabe que algún pariente tiene un negocio, lo secuestran”, argumentó Tras asegurar que 39 personas eran procesados por ese delito, agregó que tampoco se han detectado bandas que procedan de otros estados “a trabajar” al estado o a esconder a víctimas A la par de las declaraciones gubernamentales de la disminución de plagios, han crecido voces contra la brutalidad policiaca para la investigación de este delito, considerado grave y penalizado hasta con 50 años A la fecha (14 de octubre) no se ha atendido en su totalidad la recomendación 19/2002 de la Coddehum, contra 26 funcionarios de la Policía Judicial del Estado del gobierno renejuarista, entre ellos dos exdirectores de la corporación, comandantes y agentes, por incurrir en la desaparición forzada de nueve personas, dos de ellas investigadas por secuestro El documento de la Coddehum alentaba al entonces procurador Rigoberto Pano Arciniega a someter a arraigo a los efectivos judiciales, a fin de someterlos a una investigación judicial para determinar su responsabilidad penal en las desapariciones involuntarias de José Rodríguez Román, Faustino Jiménez Álvarez, Máximo Mojica Delgado, Álvaro Acevedo Parra, Oscar Acevedo Mendoza, Darvelio Cruz Villasana, Carmelo Salazar Gallardo, Agripino Bello Meneses y Rogaciano Rojas Rojas De estas personas, “dos aparecieron, el resto todavía no, y entre éstas dos más (los dos primeros) fueron detenidos acusados de participar en secuestros”, apuntó el primer visitador de la Coddehum, Hipólito Lugo Cortés En principio, la recomendación fue rechazada por el entonces procurador Rigoberto Pano Arciniega, y su sucesor, Ramírez Guerrero, giró 20 órdenes de aprehensión, de las cuales sólo se han cumplido ocho “La recomendación está parcialmente cumplida, no se ejerció acción penal contra todos los señalados, incluidos los dos exdirectores (Edilberto Solís Ramírez y Jaime Figueroa Velázquez), 12 están prófugos y ocho en periodo de instrucción Pero lo más grave es que no hay informes de la autoridad de la situación de los desaparecidos, porque además de deslindar responsabilidades, se pedía informar sobre el paradero de estas personas, vivas o muertas”, dijo el primer visitador del organismo En este año, la Coddehum reportó expedientes de nueve personas involucradas por la Procuraduría en secuestros, que afirman haber sido víctimas de detenciones arbitrarias, tortura, privación ilegal de la libertad, allanamiento, lesiones, homicidio y amenazas Son casos reportados, uno en Acapulco, cuatro en Iguala, tres en Chilpancingo y uno más en Huamuxtitlán Entre los casos más notables de excesos cometidos durante la investigación de secuestros, está el denunciado por familiares de Rodrigo Martínez García, presunto secuestrador de Alfredo Almazán Martínez, de 19 años, hijo de un joyero igualteco Almazán Martínez fue plagiado con violencia el 17 de junio, por cuatro hombres armados que lo interceptaron mientras conducía una motocicleta El acompañante del joven dio aviso a la policía preventiva, y después de una persecución, los secuestradores abandonaron el carro donde viajaban y ejecutaron a la víctima En el operativo se logró la detención de dos personas que revelaron la identidad de sus cómplices Este hecho generó la indignación de los vendedores de oro y plata de Iguala, que realizaron manifestaciones en su ciudad y en Chilpancingo, y llegaron a asegurar que, para esas fechas, cuatro joyeros habían sido secuestrados, casos que no están registrados en la estadística oficial Un mes después, la Procuraduría General del Estado informó en un comunicado que a las seis y media de la mañana del 17 de julio, 35 efectivos cumplieron una orden de aprehensión girada contra Martínez García, habitante de Tonalapa del Río, como corresponsable del crimen de Almazán El documento oficial afirma que el indiciado “abrió fuego” contra los judiciales, por lo que se inició una balacera, en la que resultó herido Martínez, y que por la gravedad fue subido a la camioneta de la corporación para trasladarlo a un hospital, pero que en el trayecto murió Según la dependencia, entre las pertenencias del occiso se encontró una escuadra 25 milímetros, con la que “se presume” ejecutó al hijo del orfebre El comunicado fue todo lo que la opinión pública pudo saber por parte de la Procuraduría, dependencia que prohibió, a través de Servicios Periciales, que reporteros de la fuente policiaca tomaran fotografías del presunto secuestrador La versión gubernamental fue desmentida por familiares de Martínez García, quienes aseguran que fue acribillado en su cama, por lo que interpusieron una queja ante la Coddehum y el Ministerio Público contra el procurador Ramírez Guerrero, el director de la PJ, Leonel Coronel, y los agentes del Ministerio Público de Iguala y Teloloapan, Rogelio Peralta López y José Luis Martínez Silva De acuerdo con el expediente CRZN/063/2003-H de la Coddehum, el 17 de julio más de 10 policías judiciales se presentaron al domicilio de Martínez García, en Tonalapa del Río, a las seis y media de la mañana Familiares y vecinos aseguraron que los judiciales gritaron preguntando por Martínez García, que antes de obtener respuesta forzaron la puerta de la habitación donde se encontraba aún acostado el indiciado, y que le dispararon a quemarropa Después, añadieron, el cuerpo fue trasladado a la camioneta de la PJE Las versiones de los vecinos y familiares indicaron que diez minutos después de la incursión de los policías, se escucharon dos disparos, no más, y como prueba presentaron un cascajo de arma 38 súper que se encontraba en la habitación de Martínez, así como una silla perforada por esa bala, ropas de cama ensangrentadas y ropa de la esposa del occiso, Candelaria Torres Salgado, con la que, dijeron, los “judiciales trataron de borrar las huellas y tiraron a cien metros de la casa” La versión de los familiares la sostuvieron también con el peritaje del forense, ya que el cuerpo de Rodrigo Martínez presentaba dos impactos de bala, uno bajo la barbilla, en trayectoria de abajo hacia arriba, y otro en el corazón, ambos a corta distancia Además, afirmaron que era “secreto a voces en Iguala” que el padre del joven secuestrado y ejecutado, Alfredo Almazán León, ofreció cien mil pesos a quien diera muerte al resto de la banda que plagió a su hijo De ahí que en el documento presentado por la viuda de Martínez García, piden que el caso no quede impune y se garantice que no habrá más muertes relacionadas con el secuestro de Almazán Martínez “Por la presente le pedimos su apoyo, para que este crimen no quede en la impunidad y se aplique la ley a los asesinos de nuestro ser querido, además pedimos que no se siga matando a presuntos delincuentes señalados en el caso de Alfredo Almazán Martínez”, se lee en la misiva A la fecha, la Coddehum no ha resuelto ninguno de los casos en los que presuntos secuestradores resultan ser víctimas de autoridades judiciales “Son asuntos en los que procuramos ser muy cautelosos –advirtió entonces Lugo Cortés-- porque tenemos que determinar jurídicamente si efectivamente hay elementos para hablar de violaciones a derechos humanos o se trata de una estrategia de la defensa de estas personas” Sin embargo, reconoció que los efectivos de la PJ aún recurren a métodos “poco ortodoxos” de investigación, vulnerando las garantías individuales “Han disminuido los excesos, pero no se han logrado erradicar del todo, de manera que ahora hay nuevos métodos de tortura que no dejan huella, y es difícil comprobarlo”, acotó