Guatemala afronta este domingo 9 un nuevo proceso electoral, crucial e histórico Llega a él proveniente de un pasado terrible, y atraviesa un presente conflictivo De lo que decidan los guatemaltecos en las urnas, de lo que hagan después las autoridades que resulten elegidas y del respaldo que la sociedad guatemalteca pueda recibir de la comunidad internacional, dependerá el futuro de una sociedad con graves dificultades actuales que merece un porvenir mejor La situación social, política y económica de Guatemala no interesa únicamente a los guatemaltecos De su estabilidad política, de la profundización de su sistema democrático, de la superación del retardo de su desarrollo económico, dependen intereses de otros Estados, y en particular -México entre ellos- de los que mantienen con ese país centroamericano relaciones particularmente intensas Guatemala padeció durante más de 30 años un grave conflicto armado que supuso la pérdida de 200 mil vidas humanas La enorme dimensión de esa pérdida en un país tan pequeño sólo se explica considerando que en las víctimas concurrían todas las condiciones para padecer, como padecieron, la mayor desprotección que quepa imaginar: población civil, campesina e indígena Los Acuerdos de Paz abrieron camino a la esperanza Se acordó un reparto de la riqueza más equitativo y se dispuso la repatriación de los emigrados forzosos, la devolución de tierras y el respeto a la identidad de las comunidades indígenas, la exigencia de responsabilidades por los crímenes cometidos durante el conflicto, y la depuración del Ejército y de los cuerpos de seguridad del Estado Buena parte de esas expectativas ha quedado frustrada en los años siguientes Como consecuencia, los guatemaltecos viven hoy, a pesar de los esfuerzos de muchas personas e instituciones que han trabajado intensamente y de buena fe por levantar el país, y del importante respaldo político y económico recibido de la comunidad internacional, en una sociedad extremadamente insegura y desigual, inmersa en la violencia política y la corrupción institucional, en la que la brecha entre ricos y pobres no ha dejado de ensancharse, y en la que la mayoría indígena de la población sigue marginada de la vida pública nacional y de los principales procesos de adopción de decisiones Uno de los más importantes, de entre los muchos problemas que padece la sociedad guatemalteca, es el de la impunidad Los Estados amigos de Guatemala han financiado en los últimos años proyectos ambiciosos de reforma y capacitación de las instituciones policiales, judiciales y del ministerio público, pero la situación no ha mejorado sensiblemente, porque no se han enfrentado los problemas de fondo, las causas de esa impunidad En Guatemala, en primer lugar, siguen operando los mismos grupos ilegales que fueron empleados por el Estado durante el conflicto armado Los aparatos clandestinos de inteligencia, responsables de la "guerra sucia", nunca fueron desmantelados Siguen presentes y constituyen una amenaza para la institucionalidad democrática, para los defensores de los derechos humanos, para los representantes de los medios de comunicación y para los profesionales de la justicia, abogados, jueces y fiscales Además, sin guerra en la que combatir, y no habiendo sido capaces de adaptarse a la paz, de disolverse espontáneamente, de integrarse a la vida democrática, han continuado su actividad, crecientemente conectados con grupos nacionales y extranjeros del crimen organizado, cuya presencia en un país extremadamente permeable y vulnerable, con fronteras con México, Honduras, Belice, El Salvador, el mar Caribe y el Océano Pacífico, no deja de crecer Además de la violencia, de la amenaza, de la permanente y omnipresente coacción, unos y otros se sirven de manera sistemática de la corrupción Guatemala es hoy un país donde se ha convertido en realidad la proclamación de Pablo Escobar, jefe histórico del cártel de Medellín: "plata o plomo" Los operadores jurídicos guatemaltecos se ven constreñidos a optar por uno u otro metal Si aceptan la plata, garantizan su seguridad, pero traicionan sus obligaciones Si la rechazan, saben que su vida y la de sus familiares está en peligro desde ese mismo instante El informe de la misión técnica de la ONU La impunidad en Guatemala, como en cualquier otro país, socava las estructuras fundamentales de la sociedad democrática, destruye el tejido social, impide a las instituciones servir a los ciudadanos Conscientes de ese grave problema, el ministro de Relaciones Exteriores y el procurador de Derechos Humanos suscribieron un acuerdo el 13 de marzo último por el que reclamaban la colaboración de la ONU y de la OEA para constituir la Comisión para la Investigación de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS) Su objeto, según tal Acuerdo, era la investigación de dichos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que operan en Guatemala, con especial atención en aquellos que sean responsables por los ataques y amenazas sufridos por defensores de los derechos humanos, operadores de justicia, testigos, periodistas, sindicalistas y otros sectores sociales Así mismo, investigará presuntas actividades ilegales o clandestinas de los cuerpos de seguridad estatales y privados Dicha investigación debía, según el acuerdo de marzo, determinar la naturaleza de los nexos que puedan existir entre estas asociaciones ilícitas con agentes del Estado y con otros sectores, incluyendo el crimen organizado y fuerzas de seguridad privadas, con miras a lograr su desarticulación y la persecución penal de los responsables El propósito previsto para la CICIACS es el de poner fin a los ataques y las amenazas contra defensores de los derechos humanos, operadores de justicia, testigos, periodistas, sindicalistas y otros sectores sociales Para lograr ese objetivo, los proponentes pensaron en una comisión tripartita, con un representante de Guatemala, otro de la ONU y otro de la OEA, que investiguen, que elaboren un informe y que remitan las conclusiones del mismo a las autoridades estatales para la persecución de las conductas delictivas identificadas La comisión debe, además, proponer las recomendaciones pertinentes para combatir ese fenómeno La ONU, valorando su importancia, atendió la propuesta de las citadas autoridades guatemaltecas, y durante julio el Departamento de Asuntos Políticos de la Secretaría General de la Organización envió a Guatemala una Misión Técnica compuesta por diferentes expertos internacionales, a fin de estudiar la situación y dictaminar sobre la viabilidad de la propuesta de creación de la CICIACS La misión elaboró un informe, en el que se defendía la necesidad y conveniencia de la creación de la comisión, pero modificando algunos aspectos sustanciales de la propuesta inicial Ese informe fue entregado a las autoridades guatemaltecas, y la Cancillería ha hecho pública una versión resumida del mismo el 19 de octubre Las primeras reacciones, incluso algunas procedentes de grupos de derechos humanos de Guatemala, han sido reticentes al considerar la propuesta de la ONU inconstitucional, asegurando al mismo tiempo que constituye una injerencia en los asuntos internos de Guatemala Ambos argumentos son inconsistentes y parecen provenir, de una parte, del desconocimiento de la integridad del informe y, de otra, de la incomprensión de alguno de los aspectos fundamentales de aquella En todo caso, la polémica creada en torno de la constitución de la comisión, tal como ha sido rediseñada por la ONU a partir del acuerdo inicial de marzo entre el canciller y el procurador de derechos humanos, es saludable, ya que contribuirá a facilitar el conocimiento y la comprensión acerca de lo que Guatemala necesita, fomentará un debate que es necesario en el seno de la sociedad guatemalteca y enriquecerá las bases para el diálogo y la negociación que el nuevo gobierno de Guatemala que resulte de las elecciones deberá mantener con la organización internacional En primer lugar, la ONU ha considerado que la comisión, más que un órgano deliberante integrado por tres comisionados, destinado principalmente a la elaboración de un informe y unas recomendaciones para su entrega a las autoridades guatemaltecas, ha de ser un órgano dotado de capacidad operativa, al que se reconozcan facultades legales de actuación ante los tribunales de justicia, cuya principal actividad ha de ser la de promover la actuación del Ministerio Público y de la jurisdicción penal, lo que no resulta incompatible con que, al final de su mandato, elabore el informe y recomendaciones previstos en el acuerdo de marzo A tal fin, la ONU ha recomendado el nombramiento de un solo comisionado que dirija la institución; que ésta, más que un órgano de recopilación de información, funcione como una fiscalía internacional; y que a ese único comisionado o fiscal jefe internacional, nombrado por la ONU, y cuya independencia esté garantizada, se agreguen otros dos, uno guatemalteco y otro de la OEA, en el período final, a los efectos de elaboración y presentación del informe y de las recomendaciones Tal propuesta no es en modo alguno inconstitucional: en primer lugar, porque el artículo 46 de la Constitución de Guatemala prevé la posibilidad de celebración de convenios internacionales en materia de derechos humanos, que a partir de su ratificación por el Congreso tienen preeminencia sobre el resto del derecho interno guatemalteco; y ésa es precisamente la propuesta que ha hecho la ONU: los ciudadanos guatemaltecos deben quedar protegidos por un convenio internacional, bajo mandato de la Asamblea General de Naciones Unidas y ratificado por el Congreso de Guatemala, y no por un mero canje de notas entre su gobierno y la Secretaría General de la ONU En segundo lugar, la creación de la CICIACS como una fiscalía internacional no interfiere ni lesiona facultades que la Constitución de Guatemala reconoce a sus instituciones nacionales: de una parte, porque todas sus iniciativas procesales se deducirán ante los tribunales ordinarios de Guatemala, con arreglo a las normas penales y procesales del país; de otra parte, porque se ha procurado respetar escrupulosamente el ámbito de competencias del Ministerio Público guatemalteco La CICIACS debe operar idealmente en plena concordancia con la Fiscalía General del Estado de Guatemala y con el fiscal especial que se prevé destinar a tal efecto; para respetar la autonomía que legal y constitucionalmente tiene reconocida la fiscalía guatemalteca, se ha propuesto que el comisionado internacional no pueda obligar a los fiscales nacionales a sostener una acción penal que éstos consideren improcedente Sin embargo, se contempla la posibilidad, para los casos en que se produzcan discrepancias entre el fiscal guatemalteco y el fiscal internacional, de que este último pueda ejercer la acción penal por sí mismo, a través de la figura, reconocida en el código procesal penal guatemalteco, del querellante adhesivo La eventual discrepancia entre el fiscal guatemalteco y el internacional, en definitiva, será resuelta por los tribunales de justicia de Guatemala Es la única forma de garantizar a un tiempo la operatividad de la CICIACS y la autonomía del Ministerio Fiscal guatemalteco De este modo, no se causa lesión alguna a las facultades constitucionales de los órganos representativos de la soberanía del país La introducción de un órgano internacional en el sistema procesal penal guatemalteco se producirá, de aprobarse la propuesta, en virtud de un convenio internacional cuyo marco está previsto en la Constitución de Guatemala y previa aprobación por el órgano representativo de la soberanía nacional En otro orden de cosas, cabe entender como lógica la suspicacia de los defensores de los derechos humanos y del conjunto de la sociedad guatemalteca, respecto de las injerencias de los organismos internacionales, y en especial a las de otros Estados, en los asuntos internos guatemaltecos El pasado del país tiene suficientes fantasmas como para justificar sobradamente esa prevención, que, por otra parte, es muy común en otros Estados latinoamericanos, como, sin ir más lejos, en el propio México Sin embargo, en la propuesta de la ONU no existe injerencia alguna: primero, porque su intervención se produce a petición de las autoridades guatemaltecas; segundo, porque la propuesta de la ONU contempla una comisión que va a operar en todo caso en el marco del derecho interno guatemalteco, y tercero, porque en lo relativo a los principales bienes jurídicos afectados por una situación de impunidad y de colapso institucional del sistema procesal penal, como la presente en Guatemala, el derecho penal internacional ha deslindado ya hace muchos años cuáles de aquellos bienes jurídicos pueden ser considerados estrictamente internos y cuáles, por el contrario, habida cuenta de su importancia y su carácter supranacional, pueden y deben ser legítimamente objeto de la atención de la comunidad internacional Situación alarmante El informe de la ONU describe una situación en Guatemala que rebasa con mucho la frontera de los asuntos internos No solamente se dan conductas delictivas individuales, sino que se ha constatado el accionar de poderosos grupos del crimen organizado relacionados con el narcotráfico, el secuestro extorsivo, el tráfico de personas y de armas, el contrabando de materias primas esenciales, la ejecución sistemática de acciones de violencia contra defensores de derechos humanos, periodistas, operadores jurídicos, etcétera Si Guatemala se ha convertido en un refugio seguro para los grupos del crimen organizado, ése es un problema que afecta a Colombia, que afecta a todo Centroamérica, y que interesa especialmente a México, que comparte con ese pequeño país casi mil kilómetros de frontera insuficientemente vigilada Si desde Guatemala se produce una migración clandestina organizada a gran escala, y no sólo de personas procedentes de Centro y Sudamérica, sino también del sudeste asiático y de Oriente Medio, es motivo de legítima preocupación para Estados Unidos y Canadá, presuntos destinatarios finales de ese tráfico humano, o más bien inhumano Si Guatemala sigue sin perseguir adecuadamente el lavado de dinero del narcotráfico y de otras actividades delictivas muy graves, es un problema que afecta a todos Si, finalmente, los ciudadanos guatemaltecos padecen una institucionalidad violenta y corrupta, infiltrada por el crimen organizado y por aparatos clandestinos de inteligencia civil o militar, que hacen que el Estado sea incapaz de garantizarles sus derechos más elementales, esos ciudadanos, que son ciudadanos del mundo, tienen derecho a ser protegidos por la comunidad internacional, de la que son parte En este mundo globalizado, la soberanía estatal, entendida en su concepción decimonónica, sólo sirve ya para proteger a los poderosos Los ciudadanos de a pie no pueden esconderse detrás de las banderas nacionales, porque precisamente en ellas se refugian quienes violan sus derechos Otro aspecto fundamental del informe de la ONU sobre Guatemala, y que ha despertado reacciones particularmente demagógicas, es el relativo a las reformas procesales que se estiman necesarias para que tanto la CICIACS como las propias instituciones judiciales guatemaltecas puedan desarrollar adecuadamente sus funciones para investigar, perseguir y procurar el desmantelamiento y castigo de los aparatos clandestinos y grupos delictivos organizados Se ha señalado en el informe que los medios legales disponibles son insuficientes, y se han propuesto varias reformas Como consecuencia de tales propuestas, opiniones sesgadamente interesadas, han asegurado inmediatamente que, como muchos se temían, los derechos humanos sólo sirven para proteger a los criminales, y se ha afirmado, otra vez, que la propuesta de la ONU es inconstitucional Ambas aseveraciones son falsas La primera, porque la vigencia y el respeto de los derechos humanos no solamente no es incompatible con el reconocimiento a las instituciones encargadas de la administración de justicia de los medios legales que necesitan para desarrollar su función, sino que, al contrario, sólo una institucionalidad sólida y capacitada técnica, material y legalmente, en un Estado y en una sociedad democráticos, puede garantizar la efectiva protección de esos derechos Segundo, porque quienes desde las instituciones pretenden abusar del marco legal y utilizar medios de investigación de manera ilegítima, por ejemplo, realizando escuchas telefónicas que violan la intimidad de las personas, lo hacen, esté o no reconocida legalmente esa posibilidad Y tercero, porque todas o la mayor parte de las reformas legales propuestas son ya para Guatemala una obligación frente a la comunidad internacional, como consecuencia de la reciente ratificación por el Congreso guatemalteco de la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada trasnacional, que ha entrado en vigor en septiembre y que, con o sin CICIACS, obligará a realizar profundas reformas en las leyes penales y procesales del país Una vez más, tales reformas no derivan de una imposición de la ONU, sino de una obligación voluntariamente asumida frente a la comunidad internacional por las autoridades legítimas de Guatemala Adicionalmente, puede hacerse otra reflexión a este respecto Guatemala, como otros países que han sufrido, en su pasado reciente, fenómenos muy graves de violencia del Estado contra la población civil, padece un grave distanciamiento entre la sociedad y las instituciones, del que son directamente perjudicados los ciudadanos y del que se benefician los grupos delictivos organizados Como consecuencia del mal uso de las facultades legales que en el pasado hicieron las instituciones encargadas de la seguridad pública, ahora, el ordenamiento jurídico adolece de una serie de carencias sustanciales y las instituciones representativas de los guatemaltecos no disponen de medios legales de investigación y persecución penal, que sin embargo son absolutamente normales en Estados que no han padecido ese pasado terrible Ante un aparato de Estado ineficaz, es la sociedad civil quien padece directamente la amenaza de los grupos delictivos organizados, porque es ella, y no el Estado, quien les hace frente Una de las propuestas de la ONU, que no es modo alguno inconstitucional, consiste precisamente en dotar a las instituciones guatemaltecas que cooperen con la CICIACS de facultades legales que deberían tener, y no tienen El propósito no es atribuir al fiscal internacional poderes que no se reconocen al fiscal guatemalteco, sino atribuir a ambos facultades que podrán ejercer conjuntamente y que, una vez desaparecida la fiscalía internacional y en función de la experiencia acumulada, los propios guatemaltecos, a través de sus órganos de representación política, podrán decidir si mantienen o derogan Si llega a funcionar adecuadamente, la fiscalía internacional que se ha propuesto, además de constituir un modelo de cooperación jurídica internacional operativa, útil para reforzar institucionalidades nacionales débiles -imaginemos Ciudad Juárez-, puede dejar un legado inestimable a los guatemaltecos: haber contribuido a la reconciliación de los ciudadanos con sus instituciones, hacer a éstas operativas y confiables, y sentar las bases de un futuro mejor, en el que las leyes y los servidores públicos estén efectivamente al servicio de la sociedad, en el que los derechos fundamentales del conjunto de los ciudadanos estén garantizados Fiscal de la Fiscalía Anticorrupción de España Es uno de los expertos de la ONU que visitó Guatemala y elaboró el informe técnico sobre la viabilidad de la CICIACS