* Protegió al promotor de la tala de al menos 400 árboles de selva, dicen Acapulco, Gro , 12 de noviembre (apro)- A un año al frente del gobierno municipal, el perredista Alberto López Rosas es señalado de solapar la corrupción en su administración y de proteger a funcionarios que atentan contra la naturaleza Ramiro Gómez Pardillo, presidente de Protección Ecológica Subacuática, anunció que ambientalistas de Acapulco están dispuestos a iniciar una demanda penal en la Procuraduría General de la República (PGR) contra el subdirector de Catastro Municipal, Francisco Luna Dorantes, por promover la tala de al menos 400 árboles en un área de selva baja caducifolia La responsabilidad de Luna, quien se ostenta como compadre del alcalde López Rosas, se evidenció con la presentación de un video grabado por el ciudadano Eloy Montero, vecino del área devastada, en el que se observa la participación del funcionario municipal De acuerdo con Montero, Luna Dorantes ofreció al dueño del terreno afectado, Carlos Cerda García, abrir un camino para acceder a un área en la que serán construidas casas habitación, ello a cambio de cuatro lotes Las acusaciones contra Luna, por corrupción y daños ecológicos, fueron desoídas por el alcalde López Rosas, quien ha declarado que los señalamientos pretenden desacreditar su gobierno Gómez Pardillo destacó que después que presentó el video en un noticiero local, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se presentó a la colonia Villas Condesa para verificar el daño causado a esa zona selvática “El video que tenemos es de agosto y septiembre, y sabemos que todo empezó en junio, desde entonces el señor Eloy Montero ha presentado sus quejas ante el ayuntamiento sin tener respuesta”, comentó el ambientalista En la apertura del camino, el director de Ecología del ayuntamiento, Miguel Balleza García, documentó el derrumbe de 400 árboles de diversas especies, algunas en peligro de extinción En el video se observa a Luna Dorantes al frente de maquinaria del ayuntamiento, tumbando árboles y abriendo una brecha Ello pese a que en días anteriores el funcionario había negado cualquier participación en la maniobra, que no cuenta con manifiesto de impacto ambiental que ampare la tala Según Gómez Pardillo, el director de la Policía Preventiva Ecológica, Genaro García Jaimes, exdelegado de la Profepa, fue notificado del ecocidio, pero no actuó en su momento “El mencionó que había palo morado (el cual dentro de la norma 059 de Ecología está en peligro de extinción), y debió haber remitido la denuncia a la Profepa”, apuntó el ecologista Además en el área se localizan especies como palo de cera y palmillas, también consideradas en riesgo Para Gómez Pardillo, la tala de árboles ocasionó desequilibrios en el ecosistema, generando “la migración de especies como tejón, ardilla, iguanas, tecolotes, aguillas, al ser una zona de anidación de las especies que habían estado protegidas por no haber actividades del ser humano” Al conocer de la inspección de la Profepa, Gómez Pardillo destacó que una vez que se conozca el daño, “esta dependencia tendrá que interponer una queja en la PGR, contra quien resulte responsable; si se descubre la responsabilidad del alcalde, consideramos que deben proceder” El presidente de Protección Ecológica Subacuática destacó que ambientalistas de todo el estado han manifestado su indignación por la participación del ayuntamiento en delitos ambientales, por lo que “seremos vigilantes de que la Profepa cumpla con la queja ante la PGR” Gómez Pardillo informó que los delitos cometidos por los funcionarios públicos están tipificados en los artículos 414 y 423 del Código Penal Federal, en los que se establecen penas de uno a nueve años de prisión, y de 300 a 3 mil días de multa, por daños ecológicos como el atribuido al funcionario municipal, a los empleados que manejaron la maquinaria, a los directores de Ecología y de la Policía Preventiva Ecológica, y es posible que estos hechos involucren al mismo alcalde perredista “Vamos a estar muy pendientes de lo que haga la Profepa y, si ellos no hacen nada, si no piden la intervención de la PGR, al menos cinco organizaciones ecologistas vamos a iniciar una demanda penal federal contra todos aquellos que directamente causaron el daño y contra los que los solaparon y protegieron”, concluyó