Oaxaca, Oax , 18 de noviembre (apro)- El gobierno federal reactivó órdenes de aprehensión en contra de presuntos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) amnistiados por el gobernador José Murat Casab Con la detención del supuesto eperrista Ignacio Gómez García, al menos 214 indígenas de la región Loxicha que fueron vinculados con el grupo insurgente, corren el riesgo de regresar a la cárcel, advirtió el representante de la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos (OPIZ), Juan Sosa Maldonado Según declaró el asesor jurídico de los presuntos integrantes del EPR, Israel Ochoa Lara, la detención de Ignacio Gómez García la realizó la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), ayer a las 19:30 horas aproximadamente, en la población de Santa Cruz Xoxocotlán, en cumplimiento de una orden de aprehensión librada en su contra por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas Clara Pérez Gómez relató que anoche se encontraba en su domicilio, cuando se presentaron cuatro agentes de la AFI y se llevaron detenido a su esposo Ignacio Gómez García, para ponerlo a disposición del juez primero de Distrito La explicación que le dieron fue que aunque se encontraba amnistiado por el Gobierno del estado, aún está abierto el expediente 70/2001 por delitos del fuero federal, en este caso por el delito de portación de arma prohibida de uso exclusivo de las fuerzas armadas Juan Sosa Maldonado denunció que la detención de Ignacio Gómez y la desaparición de Marcelino Santiago Pacheco confirman que la represión y la guerra sucia que inició en la administración de Diódoro Carrasco y Ernesto Zedillo, luego de la irrupción del EPR en agosto de 1996, la continúan José Murat y Vicente Fox porque “criminalizan toda lucha social” El representante de la OPIZ recordó que después de los ataques armados del EPR en agosto de 1996 se desató “una guerra sucia” en Oaxaca que ha dejado un saldo de más de 200 indígenas detenidos, 15 desaparecidos y algunas ejecuciones extrajudiciales Ignacio Gómez García, Juan Sosa Maldonado, Marcelino Santiago Pacheco y Felipe de Jesús Antonio Santiago, estuvieron varios meses desaparecidos y posteriormente fueron presentados como detenidos, acusados de participar en el atentado del 31 de octubre de 1996 a una unidad de la Policía Preventiva en el que perdieron la vida seis uniformados Sin embargo, obtuvieron su libertad por medio de la amnistía estatal que promovió el gobernador José Murat y ahora temen regresar a la cárcel porque los delitos del fuero federal siguen abiertos