Andrés Manuel López Obrador se niega a pagar la indemnización que le ordenó el Poder Judicial, cuestiona los criterios aplicados para juzgar el caso y reclama una reforma del sistema de impartición de justicia "Estamos impedidos material, económica y moralmente para cumplir con dicha sentencia", dice el jefe de Gobierno del Distrito Federal El "emblemático" caso del Paraje San Juan se transformó en una cruzada del jefe de Gobierno del Distrito Federal por la justicia, al grado que se asegura dispuesto a enfrentar un proceso por desacato que podría terminar con su destitución Y Andrés Manuel López Obrador, quien se había declarado "políticamente indestructible", se convirtió -por lo menos para dos centenares de personas que lo ovacionaron en un acto público- en un auténtico superhéroe: "Superobrador" También se hizo conferencista: durante una semana, sustituyó su habitual conferencia de prensa por un seminario-taller sobre "La corrupción y el influyentismo en México", en el que repartió a los reporteros documentos y pruebas sobre el caso, promovió su análisis y ofreció resolver dudas La Suprema Corte de Justicia de la Nación "no es una junta de notables", mucho menos un poder "casi divino", afirma López Obrador No obstante, aclara: "Los ministros no son mis adversarios" Ministros, jueces y magistrados "son personas como uno, falibles En tanto, el Poder que constituyen requiere, sin premura, una reforma profunda" Dice: "Así como está la cosa, es un infierno Hay grupos interesados en apropiarse de la industria eléctrica, del petróleo ¿Cómo fortalecemos al Poder Judicial? Renovándolo Debemos reformar el sistema de impartición de justicia Todo" A partir de que en los medios de comunicación se desató la "fiebre" por la historia del Paraje San Juan -un caso "emblemático" de la corrupción en México-, en el escritorio del jefe de Gobierno se apilan cartas, sobre todo de abogados, que le recomiendan estrategias legales que liberen a su gobierno del pago de mil 800 millones de pesos a Enrique Arcipreste del Abrego Un litigante le explicó que "la cosa juzgada" no vale para terceros perjudicados, que pueden solicitar una nueva revisión del caso Otro le recomienda que opte por el juicio de nulidad Un contador público dice que el valor del predio está sobrevaluado El escándalo que ha causado la fabulosa cantidad de la indemnización y las pruebas del engaño que el equipo legal del gobierno capitalino ha encontrad, atrajeron a López Obrador, quien se ocupa personalmente del asunto Dedicó un fin de semana, del día a la noche, a estudiarlo Dice que encontró, por ejemplo, que si se elevan las 298 hectáreas del predio al cuadrado, el resultado son 88 mil 804 hectáreas López Obrador sonríe: "Imagínate la magnitud de la avaricia: la Ciudad de México tiene una superficie de 150 mil hectáreas El dinero lo pudre todo Pero éste no es un asunto cuantitativo; es de principios, de justicia" Este lunes 3, exhibirá nuevas pruebas del fraude: "Es que es ridículo Dime, ¿cómo es posible que se hayan tardado 28 años en registrar la propiedad? Si el Código Civil de la época establecía que una operación mayor de 500 pesos tenía que celebrarse ante notario, ¿por qué se hace ante un juez de paz? ¿Y por qué si el señor Arcipreste tenía más hijos deja todo a uno solo?" Historia increíble Siglo XX, año 1947 Iztapalapa, Ciudad de México Fernando Arcipreste estampa su firma en un contrato de compra-venta El nuevo propietario del predio no habría podido imaginar lo que aquella rúbrica desataría medio siglo después Año 1999, mes de junio Un juzgado en la Ciudad de México A Enrique Arcipreste del Abrego se le reconoce la propiedad del predio que compró su abuelo Fernando y heredó a Arturo Arcipreste Nouvel, su padre, de cuya fortuna se declara albacea Un mes después, el jefe de Gobierno Cuauhtémoc Cárdenas ordena publicar un decreto mediante el cual quedan liberadas las escrituras públicas de 7 mil predios, "regularizados en virtud del decreto de expropiación" Y, ya que de acuerdo con la autoridad nadie se declara perjudicado, se disuelve un fideicomiso creado una década antes para cubrir la correspondiente indemnización (Según declaró cuatro años después el diputado Jaime Aguilar, quien fue delegado en Iztapalapa, con el fideicomiso desapareció el dinero recaudado) Enrique Arcipreste se dispone a tomar medidas legales Hay que decir que, en la década de los setenta, aproximadamente medio millón de personas vivían en Iztapalapa Diez años después, la población sumaba más de 1 millón 300 mil habitantes En esa década, según explicó el exregente Manuel Camacho, más tarde, "en Iztapalapa se vivió un largo proceso de ventas sobre ventas y contratos privados de renta de tierras era un verdadero enjambre de intereses que no se habían podido resolver y esto perjudicaba doblemente a los vecinos de esa demarcación" Siglo XXI, año 2003 Arturo Vázquez Ayala, abogado del quejoso, declara a la prensa que la disputa entre su cliente y la autoridad capitalina ha sido un verdadero "calvario" Sucede que el asunto llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ésta determinó que, en un plazo de 24 horas, el Gobierno del Distrito Federal estaba obligado a pagar al señor Arcipreste 162 millones de dólares como indemnización El jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, toma el caso para convertir su conferencia de prensa diaria en un seminario-taller dedicado al "mal de la corrupción y del influyentismo en México" En el predio, vuelto famoso y conocido como Paraje San Juan, viven decenas de miles de capitalinos El jefe de Gobierno los tranquiliza: sus viviendas no están en disputa También sostiene que no pagará Argumenta que aquel contrato de compraventa firmado medio siglo antes por el abuelo de Enrique Arcipreste no puede darse por bueno porque la firma de Fernando Arcipreste "no corresponde al estilo empleado para las rúbricas de la época" Además, que el sello de inscripción en el Registro Público de la Propiedad presenta alteraciones, la firma del titular del juzgado de Paz en Iztapalapa fue falsificada y fue arrancada la hoja del libro donde supuestamente se inscribió el contrato privado Exigió que el nieto mostrara cierta documentación, porque resulta que en el acta de matrimonio de su padre, Arturo Arcipreste Nouvel -que data de 1940-, Fernando Arcipreste aparece como finado y no es posible que un muerto haya firmado un contrato de compraventa siete años después de que falleció Otra hebra en el enredo: según las fechas contenidas en la misma acta de matrimonio, la madre de Arturo Arcipreste, Guadalupe Nouvel, nació en 1892 y su padre, Fernando Arcipreste, en 1897 Su hermano mayor, que se presentó como testigo, dijo que tenía 30 años en esa fecha De ser cierto, Fernando Arcipreste tuvo al niño a los 13 años de edad Ocurre también que el documento que avala a Arcipreste como único dueño del predio está firmado por el actual secretario de Seguridad capitalino, Marcelo Ebrard, que en aquel entonces era secretario general de Gobierno Pero Ebrard denuncia que esa firma no es la suya, sino una falsificación Peritos en grafoscopía se disponen a determinarlo Aparte de todo aquello, el documento indica que el paraje tiene una superficie de 298 hectáreas "cuadradas", medida inexistente en el sistema métrico decimal El jefe de Gobierno, mientras estudiaba el caso, tomó su calculadora e hizo cuentas Si se elevan las 298 hectáreas al cuadrado (es decir, que se multiplica 298 por 298), se obtiene como resultado 88 mil 804 hectáreas, cosa absurda porque la Ciudad de México -completa- tiene una superficie de 150 mil hectáreas Por cierto que, para López Obrador, la existencia de un convenio privado con nueve particulares para repartirse el monto de la indemnización señala a Juan Ignacio Alcocer Brizuela, y no a Arcipreste, como el principal beneficiario No es posible que un muerto compre un predio Lo que es posible, dice, es que la Suprema Corte forme una comisión de investigación para comprobar que detrás de todo este asunto hay un monumental engaño Pero el presidente de la Corte, Mariano Azuela, manifiesta que eso tampoco es posible porque el artículo 97 constitucional faculta al presidente de la República, a las Cámaras del Congreso y a los gobernadores a solicitar la integración de una comisión tal que averigüe algún hecho que viole gravemente alguna garantía individual, pero no faculta a un jefe de Gobierno López Obrador responde que, en ese caso, dada la corrupción, falsificación y alteración de documentos, no paga Su deber es administrar el dinero del pueblo, por tanto, no entregará "a una pandilla de rufianes coludidos con autoridades judiciales mil 810 millones de pesos" -¿Aunque esté de por medio su cargo? -le preguntó un reportero -No le hace Y muy a la mexicana, comentó: "El pueblo se cansa de tanta pinche transa" López Obrador repite una y otra vez que no más no paga No está dispuesto a negociar el pago, ni siquiera en cuotas ni con descuentos Alejandro Encinas, secretario general de Gobierno, segundo al mando, afirma que también es posible que el actual diputado Manuel Camacho Solís (exjefe del Departamento del Distrito Federal) y los exjefes de Gobierno Rosario Robles y Cuauhtémoc Cárdenas sean llamados a declarar, puesto que en sus administraciones Enrique Arcipreste del Abrego fue reconocido como propietario Comenta que podrían convocar a una consulta pública o a una movilización para protestar por la resolución de la Corte López Obrador reitera que no le importa que se le siga un proceso por desacato: "En el proceso de destitución estará toda la argumentación de por qué estamos impedidos material, económica y moralmente para cumplir con dicha sentencia" El asunto, que aparentemente se ha vuelto más complicado en lo político que en lo legal, es estudiado por el secretario de Gobernación, el procurador general de la República y el mismísimo presidente El desenlace queda pendiente "No hasta la ignominia" En su cruzada por la justicia, López Obrador está entrampado: su convicción le impide cumplir la ley -Usted enfrenta un verdadero dilema ético -No, no hay dilema, porque el asunto no tiene ningún contrasentido Si lo hubiera, tendríamos que cambiarle el nombre a la Corte Ya no podría ser una Corte de Justicia -Sí hay dilema ético Usted está entre la ley y la "justicia", entre su convicción y la de otro poder Hay que cumplir la ley, más aún siendo gobernante Hay que respetar el equilibrio de poderes -No hasta la ignominia En varias ocasiones, el gobierno de López Obrador ha recurrido a la Suprema Corte En 2001, tuvo que ajustarse al horario de verano, pues falló en contra de su decreto para eximir al DF del cambio de horario "Es realmente lamentable que un ministro de la Corte en vez de apegarse a la ley esgrima supuestas razones de tipo económico", dijo entonces En enero de 2002, cuando varios diputados locales consideraron que violó la ley al publicar incompleto el Código Financiero del DF, propuso que la SCJN determinara si debería ser sancionado "Cuando hay un problema de interpretación sobre lo que establece la Constitución o las leyes, quien se encarga de dictaminar sobre esa controversia es la Suprema Corte", señaló En mayo último, su administración fue uno de los principales beneficiarios por el fallo de la Corte contra el Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario, que fue declarado inconstitucional El gobierno del Distrito Federal se había sumado a las empresas que promovieron amparos contra dicho impuesto -Si bien, los ministros de la Corte no son sabios ni seres divinos, usted había acatado sus resoluciones, la mayoría de las cuales se resolvieron favorablemente para su gobierno -Momento Yo no ando haciendo gestiones ante ministros de la Corte No ando quedando bien Considero que cada servidor público tiene su responsabilidad En este caso, hay que ver quién tiene la razón, porque no es una cuestión de concesión graciosa Esto no es de influencias o de caernos bien López Obrador declaró que, en un eventual proceso por desacato, argumentaría por qué está material, económica y moralmente impedido para cumplir con la sentencia Comenta que el daño a la población, si pagase la indemnización, sería equivalente a cancelar por completo el programa de vivienda para los pobres "Pero no estoy pensando en un resultado de ese tipo" Se le ha cuestionado por quebrantar el estado de derecho, al amenazar con no acatar la resolución de la Corte Responde: "Es una campaña El jefe Salinas está extendiendo ese punto de vista a través de sus allegados en México La campaña es muy obvia: quieren hacerme aparecer como líder mesiánico, contestatario, no respetuoso de la legalidad, no respetuoso de la autoridad, populista Se repiten, como loros Pero eso es algo superficial, parte de la picaresca mexicana Lo de fondo, lo trascendente es admitir que es inevitable una reforma del Poder Judicial ¿Recuerdas cómo decían los viejos políticos que aplicarían la ley 'tope con lo que lo tope'? Pues, mira, lo que han hecho con la ley" -No toda ley es justa -No, pero ley que no es justa, no sirve La ley es para el hombre, no el hombre para la ley Una ley que no imparte justicia no tiene sentido -Pero así es, en los hechos Y usted está obligado a obedecerla -En los hechos, hay que reformar la concepción tradicional de impartición de justicia Por ejemplo, en este caso, lo que está a debate es la majestad de la cosa juzgada, que en derecho tradicional se eleva a rango superior Es una presunción de verdad, no una verdad absoluta Por eso, ante un fraude que se confronta directamente con la ley, que vulnera su espíritu y su razón de ser, no puede invocarse la cosa juzgada Por eso lo único que estamos planteando es que se investigue, y esa posibilidad existe "De todos estos pleitos, tenemos que arrojar la convicción de la urgencia de la renovación tajante de nuestro sistema de justicia Mira, cuando se construyó el distribuidor vial de San Antonio, aprendí bastante de ingeniería civil Aprendí qué cosa era una pila, una zapata, una columna, un cabezal Ahora estoy aprendiendo cómo se maquina un fraude Por eso urge el cambio -Pero mientras ocurre el cambio, usted debe cumplir con la ley -No hasta la ignominia No mientras tenga la posibilidad de ser interpretada con criterio, sobre todo cuando hay un asunto que tiene que ver con la justicia -El problema es la gran variedad de criterios -Yo espero que haya criterio -¿Está usted vulnerando el equilibrio de poderes? -No Hay que ajustar las instituciones a la realidad Yo no estoy planteando la desobediencia a la decisión en la Corte; hemos pagado en otros casos Este año se pagaron dos o tres afectaciones, pero no nos encontramos con documentos falsos "La división de poderes tiene que darse, pero la Corte no puede estar por encima de la soberanía del pueblo, de las leyes humanas del pueblo La jurisprudencia tiene que ver, precisamente, con el sentimiento popular O sea, que si una ley no recoge el sentir de la gente, no puede tener una función eficaz Yo no hablo de socavar la división de poderes, que es uno de los alcances más importantes en los últimos tiempos Insisto, la Corte no es una junta de notables ni un poder casi divino Confío en que los ministros van a encontrar una salida legal -El asunto se ha complicado políticamente, más que legalmente Se espera una salida política -No, yo creo que habrá una salida sin atropellar la ley Por eso insisto en la necesidad de la comisión investigadora Es que no se puede cometer una injusticia en nombre de la justicia -¿Le pedirá al presidente que solicite que se forme la comisión? -No sé, porque todavía falta ver qué resuelve la Corte Quiero dejar constancia de que voy a agotar todas las vías -Usted sabe que no lo van a destituir Por eso se prevé una salida política -No lo sé Ahora estoy más convencido que cuando inicié el asunto Tenía ciertas dudas Es natural Algunos elementos me indicaban que había un fraude, pero al paso del tiempo, con los días, he ido reafirmando mis convicciones Eso es lo más importante, lo demás es secundario -Si es asunto de convicción, ¿como se sentiría usted si el asunto se desenreda políticamente? -Que lo resuelva la Corte -Si se resuelve políticamente, ¿no habrá cambiado nada? -Yo espero que no tenga por qué resolverse políticamente