Los jesuitas buscan la justicia internacional

lunes, 24 de noviembre de 2003
San Salvador (apro) - Catorce años han pasado desde que en la madrugada del 16 de noviembre de 1989 un comando especial del ejército salvadoreño penetrara en las instalaciones de la Universidad Centroamericana (UCA), un centro dirigido por sacerdotes jesuitas y de gran prestigio internacional La misión era descabezar a la UCA de sus autoridades, y sin dejar testigos En la actualidad se conocen los pormenores de la planificación y de la ejecución de aquella masacre contra seis jesuitas y dos empleadas de éstos Sin embargo, ha sido imposible hacer justicia Los familiares de las víctimas no se han detenido y han iniciado gestiones fuera de El Salvador para que los presuntos asesinos se sienten finalmente en el banquillo de los acusados y respondan por sus acciones contra la humanidad Los asesinados entonces fueron Ignacio Ellacuría, rector de la UCA; Ignacio Martín-Baró, vicerrector; así como los jefes de Cátedras (facultades) Segundo Montes, Amando López, Joaquín López y López y Juan Ramón Moreno; los cinco primeros de nacionalidad española Julia Elba Ramos y Celina Ramos (madre e hija) fueron masacradas para “no dejar testigos” El comando ejecutor lo integraron cinco soldados del Batallón “Atlacatl”, entrenado en Estados Unidos para operaciones especiales contrainsurgentes Los oficiales que estuvieron al mando directo del operativo fueron el coronel Guillermo Alfredo Benavides, así como los tenientes Yusshy René Mendoza Vallecillos, José Ricardo Espinoza Guerra y Gonzalo Guevara Cerritos Sin embargo, investigaciones de la Comisión de la Verdad, que auspició la Organización de Naciones Unidas (ONU) entre 1992 y 1993, determinaron que la planificación de la masacre y la orden superior vino del alto mando militar que integraban entonces los actuales generales retirados René Emilio Ponce, Juan Rafael Bustillos, Juan Orlando Zepeda, Inocente Montano y Francisco Elena Fuentes Los familiares de las víctimas, y la UCA, no han dejado de investigar los hechos, por lo que, “atando cabos”, ha incluido en la lista de autores intelectuales de la masacre al expresidente Alfredo Cristiani y al exministro de la Defensa Nacional, general Humberto Larios, ambos máximos jefes del alto mando castrense, que además estaba activo dado que la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) estaba efectuando una ofensiva contra San Salvador Diversas investigaciones (Comisión del Senado de Estados Unidos y Scotland Yard, entre otras), indican que Cristiani y Larios se encontraban en las instalaciones (Escuela Militar) donde se planificó y se ordenó la masacre Los jesuitas los acusan a ambos de “autoría por comisión”, es decir, que supieron de los hechos y no lo impidieron Luego del asesinato contra los jesuitas, se tejió una madeja de intentos para ocultar la verdad; existen pruebas de que se quemaron documentos y registros, se alteraron declaraciones, se desvió información Incluso se planeó una “ofensiva político diplomática” a nivel de gobierno, con el “objetivo de combatir la publicidad negativa que los asesinatos le estaban produciendo al gobierno a nivel internacional”, dice un texto del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) “Emisarios” fueron enviados a Sudamérica, Europa y Estados Unidos para tratar de achacarle al FMLN la culpa del crimen La historia registra que, entre 1989 y 1990, por presiones internacionales, Cristiani tuvo que reconocer que el asesinato había sido cometido por un comando militar del Ejército Se realizó un juicio en el cual sólo resultaron condenados el coronel Benavides y el teniente Espinoza Guerra En 1993, a poco más de un año de firmados los acuerdo de paz entre gobierno y guerrilla, Cristiani promulgó una amnistía general en la que se perdonaban todos los crímenes de guerra que habían cometido militares y guerrilleros “Queremos justicia” Benjamín Cuéllar, director del IDHUCA, fue encomendado por los familiares de las víctimas a presentar una demanda ante la fiscalía general, en marzo de 2000, a fin de que se investigara y procesara a los autores intelectuales de la masacre de los jesuitas que, junto al asesinato del arzobispo de San Salvador, Oscar Romero (1980), constituyen hechos ejemplarizantes de la violencia desenfrenada que azotó a El Salvador Cuéllar narra a Apro los pormenores del proceso judicial que se ha tenido que abrir en contra del Estado salvadoreño por su “displicencia” en impartir justicia en el caso de los jesuitas En este noviembre llegó a manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia de los familiares de las víctimas y del IDHUCA, en contra del Estado salvadoreño, por “retardación y denegación de justicia” --¿Cómo está la situación del proceso judicial en el llamado caso Jesuitas? --Bueno, desde un principio fue nuestro objetivo hacer que el caso se judicializara en El Salvador El solo hecho que se investigara el caso Jesuitas haría funcionar la institucionalidad para otros casos Pero cada vez más nos convencemos que los cambios que hubo aquí desde 1992, con la firma de los acuerdo de paz, sólo fueron de forma y no de fondo: se sigue favoreciendo al rico, al poderoso --¿Qué en concreto quiere decir esa afirmación? --Que el sistema judicial no ha funcionado: no ha habido investigación, la fiscalía no ha querido aplicar sus atribuciones en la práctica La fiscalía, por presiones públicas, decide presentar un requerimiento, lo que hace es pedir el sobreseimiento definitivo para los que deberían ser investigados “Luego hace otras trampas, retarda la respuesta a nuestra solicitud de marzo del 2000; después la manda a un tribunal que no era el adecuado, de manera premeditada, e impide que se investigue a los acusados Luego manda el requerimiento al tribunal adecuado, pidiendo el sobreseimiento definitivo” --¿Qué hacen los jueces? --La jueza que conoce el caso en la audiencia inicial dijo que los responsables no pueden ser amnistiados por una disposición de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero al mismo tiempo dice que aplica para el caso la prescripción del delito (los crímenes comunes prescriben 10 años después de cometidos) La doctrina internacional plantea la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra, y aquel fue un crimen de guerra --¿Se han solicitado amparos ante la CSJ? --Recurrimos a instancias superiores apelando, pero no nos hacen caso, nos rechazan nuestros alegatos sin argumentos Se le presenta a la Corte un recurso de amparo, y cumplimos dos años en este noviembre y no hemos recibido respuesta de la sentencia definitiva Se tardaron 10 meses en admitir el recurso Por ello hemos presentado una queja por retardación de justicia hace dos meses a la Corte en pleno Usamos el mismo procedimiento que presentó recientemente la trasnacional McDonalds, en un proceso contra una empresa local, en la Sala de lo Civil “A McDonalds se le contestó en menos de un mes y resolvieron a favor A nosotros ni siquiera nos han dicho si se admite el recurso de amparo por retardación de justicia Es total la discrecionalidad para la aplicación de justicia a favor de los victimarios y no de las víctimas” --¿Qué nuevos pasos han emprendido? --Recurrimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentamos este 17 de noviembre una denuncia contra la CSJ Esperamos que todo camine favorable e, incluso, que el caso sea enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se procederá a juzgar al Estado salvadoreño --¿Qué significa ello? --Bueno, que el próximo presidente de la República, quien gane las elecciones de 2004, se encontrará con ese “paquete” y va tener que responder Se ha sabido que el actual presidente Francisco Flores tiene aspiraciones de ser secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Bueno, va a tener que justificar ante el sistema interamericano el porqué cuando tuvo la oportunidad de aplicar recomendaciones de la Comisión de la Verdad y de la CIDH –que decía que se debía anular la amnistía general--, las rechazó y se burló de ellas --¿Pero qué pasa si el caso llega a manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? --Si llega a la Corte, implica que habrá un juicio: acusaciones, defensores, jueces que estarán escuchando el caso y que resuelven con sentencia, y que tiene que ser acatada por el Estado salvadoreño Tendrá toda la fuerza de ley, y ya no se tendrá ningún pretexto para impartir justicia y reparar el daño a las víctimas --Recién escuché al juez español Baltasar Garzón decir que sus acciones en contra de militares argentinos y chilenos habían logrado hacer funcionar mejor a la justicia en esos países ¿Por qué no han acudido los jesuitas a la justicia española? --Hemos esperado que resuelvan las instancias nacionales, a pesar de la retardación de justicia, porque esperamos hacer de este país un país decente “Estamos agotando escalonadamente todas las posibilidades locales Queremos que este caso sirva para que El Salvador se transforme de verdad, pero vemos que la justicia salvadoreña no tiene nada de justicia Y lo que hay que recordar, en definitiva, es que cinco de los seis padres asesinados eran españoles Y si la justicia no llega a través de El Salvador, la buscaremos a nivel internacional”

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