* Ya se gestiona el encuentro, dice Creel a ONG México, D F, 24 de noviembre (apro)- Es inminente que el presidente Vicente Fox reciba a organismos no gubernamentales y familiares de las mujeres asesinadas violentamente en Ciudad Juárez, luego que éstos demandaron exponerle directamente el problema de impunidad en esa frontera, así como el hostigamiento que se cierne sobre las familias, presuntamente por parte de las propias autoridades El secretario de Gobernación, Santiago Creel, dijo que se hacía la gestión, luego que un grupo de madres y ONG lo demandaron en un encuentro en la sede de esta dependencia, en Bucareli, en la Ciudad de México Luz Estela Castro, activista de Justicia para Nuestras Hijas, y Norma Andrade, madre de Liliana García Andrade, cuyo cuerpo se encontró el 21 de febrero de 2001 frente a las instalaciones de la maquiladora donde trabajaba, confirmaron la demanda que le hicieron a Creel y a Guadalupe Morfín, comisionada gubernamental para el caso Juárez Norma Andrade dijo que exigirán al presidente se actúe en contra de los “funcionarios negligentes” que han atendido, en algún momento, el fenómeno de los homicidios, como el caso del excomandante de la Judicial del estado, Alejandro Castro Valles, y su guardaespaldas Jaime Gurrola Serrano, involucrados en la ejecución del abogado Mario Escobedo –quien defendía a Gustavo González, “La Foca” Así, es pertinente retomar lo que publicó recientemente el periódico Norte de Juárez –y que Apro difundió--: estos dos policías, luego de ser extrañamente exonerados por un juez, fueron “premiados” y contratados en la Secretaría de la Función Pública (SFP), el primero como subdirector de Seguridad Interna y Protección Civil “Solicitamos la audiencia con el presidente, porque sentimos que hay un doble discurso, porque se dice una cosa y luego otra, entonces queremos señalarle que sí hay corrupción, que sí hay impunidad; que se reconozca la magnitud del problema y, a partir de ello, se dé una solución”, insistió Andrade Las voceras del grupo dijeron que Creel aseguró que la comisionada Guadalupe Morfín no iba a ser “de papel”, sin embargo, Luz Estela Castro increpó al secretario, y lamentó que hasta este momento Morfín no cuente con un “blindaje jurídico ni presupuestario” para atender su encargo, “y eso que es prioridad del gobierno federal” Norma Andrade explicó que, en la reunión con Creel, se abordaron problemáticas específicas, como el hecho de que existen familias que entierran a sus hijas y no cuentan con recursos, o el caso de ella, que ha realizado infructuosos trámites para adoptar a su nieto –hijo de Liliana García Andrade—, al que ha criado desde la muerte de su hija, pero las autoridades le han negado esa posibilidad, por lo cual pidió el apoyo de las autoridades Castro, a su vez, explicó que se discutió con Creel la necesidad de legislar en Chihuahua sobre la desaparición forzada, donde no es un delito, ya que la Procuraduría asume su investigación como un “servicio social de apoyo a las familias”, cuando existen más de 500 mujeres desaparecidas “Le pedimos conocer los mecanismos para buscar a las desaparecidas en Chihuahua, porque no está tipificado el delito de desaparición de personas, y la Procuraduría lo tiene sólo como un servicio social de apoyo a los familiares y, por otro lado, la Procuraduría federal se lava las manos, cuando hay más de 500 desparecidas y no hay nada de respuesta”, sostuvo Según detalló, Creel les dijo que ya se trabaja con las autoridades de Chihuahua, en tanto que Guadalupe Morfín explicó que se reunió con autoridades estatales y representante del Congreso local, para ver la posibilidad de formular una legislación al respecto Las mujeres también demandaron la instalación de una instancia autónoma de la Procuraduría de Chihuahua y con un perfil absolutamente técnico, denominado Instituto Chihuahuense de Servicios Forenses, a fin de que resuelva la parte técnica pericial de los homicidios Castro consideró valioso que Creel haya considerado el problema como “muy serio” que, a pesar de tener diez años, “no está resuelto debido a la corrupción, negligencia, falta de procuración y administración de justicia, así como a la impunidad” Dice que el secretario de Gobernación reconoció que el “programa de 40 puntos” fue elaborado con una visión ajena a Ciudad Juárez, por lo cual estaba dispuesto a hacer un diagnóstico común y tener una cifra única de los homicidios, ya que “es insultante la guerra de cifras” “Con la responsabilidad que tiene el Estado mexicano, no se tiene hasta este momento una base de datos confiable No es posible que el Instituto Chihuahuense de la Mujer esté haciendo su auditoría periodística, pero lo que necesitamos es una investigación jurídica y legal que pueda validarse Nosotros tenemos cuestionado el documento periodístico que presentó el instituto, porque tenemos elementos, con base en los expedientes, para ver cómo se han manipulado las cifras”, sostuvo Castro “De tal manera que hay homicidios seriales o sexuales que se están agotando dentro de esa auditoría periodística, como el caso de Cecilia Covarrubias que, en la “auditoría” del instituto, aparece como desconocida la causa del homicidio, no sexual, cuando la chica fue violada tumultuariamente, le dispararon en los senos y su cuerpo fue abandonado en el desierto Es un caso emblemático de la situación de impunidad” Otro ejemplo en ese documento, explicaron, es el de Erica Pérez, empleada de una maquiladora y quien no usaba drogas Ella fue violada tumultuariamente, la correa de su bolso estaba sobre su cuello y su cuerpo fue abandonado, pero el procurador Jesús José Solís Silva dijo que no había ataque sexual, y se publicó que era una prostituta y que murió por una sobredosis