* La Contraloría local reporta irregularidades en los procesos * Hace tres años, Proceso denunció el caso Guadalajara, Jal , 3 de noviembre (apro)- La Contraloría General del estado, determinó iniciar un proceso de responsabilidades en contra de los implicados en la presunta adopción ilegal de niños, casi tres años después de que la revista Proceso diera a conocer el caso Arturo Cañedo Castañeda, titular de la Contraloría estatal, después de una investigación al respecto, concluyó que hubo serias irregularidades en su proceder, y ordenó ahora el proceso en contra de exfuncionarios del Consejo Estatal de la Familia, del Desarrollo Integral de la Familia, de un agente del Ministerio Público y de la exresponsable de Archivo del Registro Civil de Jalisco Quienes deberán enfrentar este proceso son: María Luisa de Obeso Orendain, exsecretaria ejecutiva del Consejo Estatal de la Familia; de Rocío Vega Rodríguez, exdirectora del DIF de Jalisco; de María Agustina Landeros Martínez, exsubdirectora de Archivo del Registro Civil; y de Pablo Javier Castillo, agente del Ministerio Público, en Ocotlán Cañedo Castañeda dictaminó ordenar procedimientos "administrativos en este órgano (la Contraloría General) estatal en contra de las personas citadas conforme a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos" Al conocer lo anterior, el presidente de la Fundación Nacional de Niños Robados y Desaparecidos, José Manuel Estrada Juárez, expresó su esperanza de que esta medida sea el inicio de un proceso en contra de otras personas involucradas en el tráfico de menores y adopciones ilegales, entre ellas del propio exgobernador y actual titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Alberto Cárdenas Jiménez, y su esposa Joan Novoa de Cárdenas, quienes habrían incurrido, al menos, en responsabilidad por negligencia y por no actuar a tiempo para evitar una serie de anormalidades En enero de 2001, la mencionada fundación dio a conocer a Proceso que el Consejo Estatal de la Familia, apoyado por todo el aparato de estado, desde policías hasta agentes del Ministerio Público y otros funcionarios, realizaban adopciones de menores hijos de familias de escasos recursos, de mujeres solteras o prostitutas, sin juicio previo, para darlo a personas acomodadas, principalmente extranjeras y muy señaladamente españolas La colaboración del Registro Civil consistía en inscribir rápido a los niños, aun cuando ya estuvieran registrados y luego extendía constancias de no registro previo para luego hacer los trámites de adopción al antojo de la entonces titular del Consejo Estatal de la Familia y de otros funcionarios En su momento, la Fundación comprobó, con documentos, adopciones o procesos de adopción en que intervenían diferentes instancias gubernamentales que rápidamente tramitaban todo para ceder a los menores a esposos sin hijos, preferentemente españoles a través de una institución catalana conocida como Asociación de Defensa del Derecho de la Infancia a la Adopción (ADDIA, por sus siglas catalanas) que hacía los contactos con los demandantes y que luego resultó ser una simple agencia intermediaria de adopciones con una serie de irregularidades Tras la denuncia pública, la Fundación de Niños Robados presentó demanda judicial en contra de distintos funcionarios, del gobernador hacia abajo y en contra de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que entonces presidía la ahora comisionada para las caso de las muertas de Juárez, Guadalupe Morfín Otero, por presunta negligencia al no actuar para evitar supuesto tráfico de menores y adopciones fuera de la ley "Ahora sólo esperamos que se inicie pronto un proceso judicial en contra de los implicados en estos presuntos delitos", comentó Juan Manuel Estrada