* Procederá judicialmente contra Nazar Haro y Luis de la Barreda * La desaparición forzada es un delito imprescriptible, considera México, D F, 4 de noviembre (apro)- Este miércoles la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dará su aval para proceder judicialmente contra los exdirectores de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS), Miguel Nazar Haro y Luis de la Barreda Moreno, acusados del delito de privación ilegal de la libertad, en la modalidad de plagio o secuestro, en agravio de Jesús Ibarra Piedra, quien fue arrestado y desaparecido en septiembre de 1974 en Monterrey, Nuevo León El dictamen elaborado por el ministro Juventino Castro y Castro está listo desde hace varios días y será discutido este miércoles en la sesión del pleno de la Primera Sala, cuyos ministros integrantes, de acuerdo con fuentes de la Corte, darán luz verde para proceder judicialmente contra los exfuncionarios, quienes son dos de los primeros consignados por la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y del Pasado (Femospp), y cuya detención negó un juez de Distrito en Monterrey Nuevo León hace seis meses por considerar que los delitos por los cuales se les acusaba estaban preescritos La decisión, de trascendencia histórica en la vida moderna de México, se fundamentaría en que la desaparición forzada es un "delito continuado" y, por lo tanto, imprescriptible Al respecto, hace un mes el ministro Castro y Castro adelantó a la revista Proceso que sobre el caso la Corte había trazado un camino cuando se dictó la resolución del caso del capitán de la Armada Argentina, Ricardo Miguel Cavallo, a quien se le acusa de desaparición forzada en las cortes españolas y en el cual resolvieron que la petición de extradición hecha por el juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, era procedente, en virtud de que el delito del cual se le acusaba no estaba prescrito El dictamen, favorable a los familiares de las víctimas de los años de la represión contra los movimientos políticos y sociales, sería el primer caso en que la justicia mexicana procede penalmente contra responsables directos de desapariciones cometidas durante la “guerra sucia” de los años 70 y 80; y abre la puerta para la eventual consignación --anunciada por el titular de la Femospp, Ignacio Carrillo Prieto--, del expresidente de la República Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), y quien fue secretario de Gobernación en su mandato, Mario Moya Palencia El dictamen de este caso será inédito para la Corte, ya que la Primera Sala asumirá funciones de tribunal de legalidad, pues el proyecto de Castro y Castro determina, no sólo que el delito de privación ilegal no ha prescrito, sino que el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal, donde radica el primero de los expedientes sobre casos de “desaparición forzada”, dicte las órdenes de aprehensión contra los dos exdirectores de la Dirección Federal de Seguridad y el exagente de la Policía Judicial de Nuevo León, Juventino Romero La Sala, integrada, además de Castro y Castro, por los ministros Olga Sánchez Cordero, Humberto Román Palacios, Juan Silva Meza y José de Jesús Gudiño Pelayo, ha tenido varias sesiones dedicadas al análisis del caso que se votará este miércoles Por ejemplo, la sesión del pasado 8 de agosto el ministro Gudiño Pelayo dejó en claro que, en caso de comprobarse jurídicamente la realización de esos delitos, sería tal la gravedad de los mismos que "afectaría las bases mismas de la estructura del sistema jurídico mexicano" Y añadió: "Hay conductas que por su trascendencia, por los sujetos que intervienen en ellas, son de tal gravedad que afectan no sólo la esfera local o federal, sino a la Federación en su conjunto, porque fracturan la convivencia social y política del Estado de derecho" En esa sesión, Castro y Castro, el ministro que como ponente se encargó de la elaboración de la resolución, señaló que la Primera Sala ha resuelto que hay un interés nacional, que es de la mayor importancia --cuando ordenó a la PGR abrir primero la averiguación y después determinar si habían prescrito los delitos relacionados con la matanza del 2 de octubre de 1968-- y sería incongruente que primero dijeran: “Ese asunto y sus secuelas importantes interesan a la Nación, y después determinar que no es del interés de la Federación" A partir de este miércoles la sentencia abriría la puerta para que la Femospp proceda judicialmente también contra varios militares involucrados en los hechos de Tlatelolco en 1968 y el 10 de junio de 1971, entre ellos los generales Manuel Díaz Escobar Figueroa, fundador de “Los Halcones”; Alonso Aguirre Ramos, jefe de Inteligencia Militar durante el 2 de octubre de 1968; Luis Gutiérrez Oropeza, jefe del Estado Mayor Presidencial durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz; y Ernesto Gutiérrez Gómez Tagle, jefe del legendario Batallón Olimpia