* En la mira de la justicia Miguel Nazar Haro y Luis de la Barreda Moreno * La decisión de la SCJN podría alcanzar a Luis Echeverría y Moya Palencia México, D F, 5 de noviembre (apro)- Con un histórico fallo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la desaparición forzada de personas es un "delito continuado" y, por tanto, imprescriptible, con lo que se abre la posibilidad de que los responsables de la “guerra sucia” sean procesados penalmente El dictamen elaborado por el ministro decano Juventino Castro y Castro fue aprobado por sus compañeros Juan N Silva Meza, Olga Sánchez Cordero y José de Jesús Gudiño Pelayo Dicho fallo, por lo pronto, permite que las autoridades judiciales puedan proceder en contra de los exdirectores de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS), Miguel Nazar Haro y Luis de la Barreda Moreno, acusados de delitos de privación ilegal de la libertad, en la modalidad de plagio o secuestro, en agravio de Jesús Piedra Ibarra, arrestado y desaparecido en septiembre de 1974 en Monterrey, Nuevo León La histórica decisión de la SCJN podría alcanzar a los que han sido señalados como los principales responsables de la “guerra sucia”, como es el caso del expresidente Luis Echeverría Alvarez; el exsecretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, y los encargados de los cuerpos militares y policiacos que intervinieron en la persecución, secuestro y tortura de supuestos guerrilleros A partir del miércoles la sentencia permite que la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y del Pasado (Femospp) proceda judicialmente también contra varios militares involucrados en los hechos de Tlatelolco en 1968, y el 10 de junio de 1971, entre ellos los generales Manuel Díaz Escobar Figueroa, fundador de “Los Halcones”; Alonso Aguirre Ramos, jefe de Inteligencia Militar durante el 68; Luis Gutiérrez Oropeza, jefe del Estado Mayor Presidencial en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, y Ernesto Gutiérrez Gómez Tagle, jefe del legendario “Batallón Olimpia” El ministro Castro y Castro fue el encargado de ordenar a la PGR abrir primero la averiguación y después determinar si habían prescrito los delitos relacionados con la matanza de 1968