Guerra Sucia: piden se llame a declarar a JLP y De la Madrid

viernes, 7 de noviembre de 2003
* Responderían por encubrimiento y omisión de hechos del 68 México, D F, 6 de noviembre (apro)- Héctor Montoya Fernández, quien en 1972 denunció penalmente al exmandatario Luis Echeverría Álvarez, compareció ante la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales (Femospp), a fin de solicitar se cite a declarar a los expresidentes José López Portillo y Miguel de la Madrid Hurtado, como posibles responsables de los delitos de encubrimiento y omisión, por no haber ordenado ninguna investigación sobre la matanza del 2 de octubre de 1968 Montoya Fernández, quien pronosticó que a más tardar en enero o principios de febrero se procederá a consignar penalmente al expresidente Echeverría, informó que durante su comparecencia se desahogó la promoción que hiciera con anterioridad para que se solicitara al gobierno de Rusia los archivos que haya acumulado sobre la noche de Tlatelolco El jurista sostuvo que de no proceder a la consignación de los responsables, aumentará peligrosamente el descontento social Al referirse al posible citatorio de López Portillo y de De la Madrid Hurtado, el abogado penalista afirmó que ambos son punibles de los delitos de encubrimiento por omisión, ya que teniendo conocimiento de lo ocurrido el 2 de octubre del 68, no ordenaron ninguna investigación La denuncia sobre este particular había sido ratificada en septiembre, inclusive había interpuesto un escrito que se anexó a los doce tomos que consta el expediente sobre la matanza del 2 de octubre Montoya Fernández, en pleno sexenio echeverrista, acusó al entonces primer mandatario de peculado Simple y llanamente, responsabilizó a Echeverría de haber despilfarrado 123 mil millones de pesos sin autorización de Congreso de la Unión, además de que aumentó en más de cien mil millones de pesos la deuda externa, amén de que utilizó 141 millones de pesos para gastos personales El caso fue archivado No obstante, y después de más de 27 años, la fiscalía que encabeza Ignacio Carrillo Prieto reabrió el caso El 23 de noviembre de 1977, de nueva cuenta interpuso una denuncia penal en contra de Echeverría en la Procuraduría General de la República (PGR), la cual quedó registrada bajo el número 22213 Desde esa fecha, dice que jamás tuvo conocimiento de que le dieran trámite, quedando archivada durante más de 20 años “Cada sexenio yo insistía en qué había pasado, sin ningún éxito” Como consecuencia vinieron las represalias Una de ellas fue que lo empezaran a investigar Un agente del servicio de inteligencia militar, de nombre Ricardo Molina Ruiz, se abocó a hurgar en su pasado y desempolvó una denuncia de abuso sexual que promovió una secretaria a la que había despedido Como represalia, dice el penalista, en la administración de Jorge Madrazo Cuellar echaron mano de esa acusación y lo consignaron penalmente Sólo estuvo una noche en el Reclusorio Norte Un juez de paz consideró que no había elementos y lo puso en libertad Incluso, consideró que era una venganza personal También como parte de las represalias en su contra, figura el secuestro de su hija Arleni Montoya Domínguez El atentado lo atribuyó a agentes de la Policía Judicial Federal “He sido un rebelde de la situación política del país Siempre me vigilaban, mis teléfonos fueron intervenidos Pero nada me detuvo ante la injusticia Por ello decidí llevar el caso en contra de Echeverría hasta las Naciones Unidas, que le llamó la atención al exmandatario”, dice Por su cuenta y riesgo, Montoya solicitó que en el caso del presidente Echeverría se desglose el expediente ante el Tribunal Internacional de La Haya, para que tenga conocimiento de lo ocurrido a lo estudiantes En su ampliación de declaraciones ante la fiscalía especial, el jurista se lanzó en contra de los expresidentes José López Portillo y Miguel de la Madrid Hurtado, porque no promovieron ninguna investigación sobre lo ocurrido, por lo que demandó que se les citara Reclama se indemnice a las víctimas del 2 de octubre del 68 Dice que como la autoría material se atribuye a miembros del Ejército, el Estado mexicano tiene que pagar

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