* Debe responder por el caso Piedra Ibarra * También por hechos del 68 y 71 México, D F, 9 de diciembre (apro)- Sin el blindaje institucional que lo protegió durante las últimas tres décadas y con sus principales socios muertos o en la cárcel, Miguel Nazar Haro deberá saldar varias cuentas pendientes Aparte del proceso penal abierto en su contra por la detención y desaparición de Jesús Piedra Ibarra, enfrenta otras cuatro averiguaciones previas más por los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971 Varias de sus víctimas son ahora quienes lo acusan: Rodolfo Echeverría Martínez, Luis Cervantes Cabeza de Vaca, Federico Emery y Marco Rascón Córdova Los dos primeros formaron parte del Consejo Nacional de Huelga (CNH) en el movimiento estudiantil del 68; Emery fundó en los sesenta un movimiento nacional de corte marxista-leninista, y tuvo una actuación marginal en el 68, y Rascón estuvo vinculado con el izquierdista grupo “Diego Lucero” en Chihuahua, que en 1972 intervino en varios asaltos bancarios Acumuladas dentro de la averiguación previa PGR/FEMOSPP/044/2002, las cuatro denuncias formuladas hasta ahora contra el exdirector de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y creador de la Brigada Blanca --un grupo paramilitar conformado ex profeso para exterminar a las guerrillas urbana y rural surgidas en el país en la década de los setenta y principios de los ochenta--, lo señalan como presunto responsable de los delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad, contra la administración de la justicia, abuso de autoridad, lesiones y lo que resulte Piedra Ibarra fue detenido por elementos de la Policía Judicial del estado y de la DFS, el 19 de septiembre de 1975, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León De ahí, fue trasladado al Campo Militar Número Uno, donde fue interrogado personalmente por Nazar Haro Fue la última vez que se le vio con vida, de acuerdo con el rastreo que hizo, en el 2001, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el cual incluyó la investigación de 532 casos de presuntas desapariciones ocurridas en los setenta y principios de los ochenta en México Los resultados de ese trabajo fueron entregados a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, con la recomendación especial de iniciar los procesos penales correspondientes contra por lo menos 74 exservidores públicos y 37 dependencias gubernamentales, en particular DFS, Servicio Secreto (SS) y la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), así como el Ejército De la indagatoria efectuada por la CNDH se desprenden, en efecto, evidencias documentales y testimoniales que incriminan directa e indirectamente a Nazar y a otros funcionarios de la DFS, SS, DIPD y de las Fuerzas Armadas en la presunta comisión de diversos ilícitos, en agravio de presos políticos Por ejemplo, la CNDH logró probar que la agrupación paramilitar, integrada originalmente por los “mejores” elementos de las policías judiciales del DF y el Estado de México y del Ejército, en su afán de acabar con los grupos insurgentes surgidos en aquel tiempo, “recurrió con frecuencia a prácticas que se apartaron del marco jurídico y propiciaron un estado de anulación de la personalidad de los detenidos, con allanamientos de morada, cateos ilegales, detenciones arbitrarias, torturas y privaciones ilegales de la libertad Por esos hechos, el experto en actividades de contrainsurgencia –con entrenamiento en Panamá y Estados Unidos--, compareció en 1992 como testigo ante la CNDH, cuando Jorge Carpizo emprendió –sin éxito— el tercer intento formal por encontrar la verdad jurídica e histórica de esos oscuros episodios Proceso dio a conocer el contenido de su confesional en diciembre del 2001, número 1312, de la cual no se sabía de su existencia En esa ocasión, declaró que no recordaba “nada de las presuntas desapariciones de personas que ocurrieron en ese entonces, salvo que muchos de ellos, al no ser identificados, y reclamados, debieron ir a parar, seguramente, a una fosa común” También rechazó haber incurrido en excesos, y responsabilizó a José Salomón Tanús, un excomandante del Servicio Secreto y de la DFS ya fallecido, de hacerse pasar por él durante las detenciones e interrogatorios Los padrinazgos Protegido de Javier García Paniagua y Fernando Gutiérrez Barrios, Nazar recomendó a los visitadores que lo interrogaron que si querían resolver, de veras, el asunto de los desaparecidos, entrevistaran a los militares Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo, así como revisar los archivos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), donde –dijo-- se encuentran los informes de las actividades en que intervino la DFS Ambos generales fueron sentenciados por los tribunales castrenses el 2 de noviembre último, a 15 y 16 años de prisión, por delitos contra la salud y cohecho Está pendiente aún la resolución por homicidio calificado en agravio de 143 guerrilleros, durante la guerra sucia En descargo de culpa, Nazar argumentó que debido a que intervenían diversas corporaciones, incluido el Ejército, en el combate a las guerrillas urbana y rural, “no existía control sobre la realización de dichos operativos”, especialmente cuando éstos se efectuaban fuera del Distrito Federal “No se sabía dónde quedaba la bolita”, dijo irónico Dos años antes, en agosto de 1999, Nazar había comparecido como testigo en el caso de la investigación del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, luego de que un supuesto exmiembro del Ejército, Marco Enrique Torres García, aseguró ante el Ministerio Público Federal que el jerarca de la Iglesia católica, asesinado el 24 de mayo del 93 en el aeropuerto Miguel Hidalgo de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, fue acribillado por exintegrantes de la Brigada Blanca En ese entonces, Nazar aportó otras piezas al rompecabezas de la guerra secreta que el gobierno federal libró contra grupos insurgentes y supuestos simpatizantes de ellos en los setenta