México, D F, 12 de diciembre (apro)- El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, si bien reconoce que a la mitad de la administración del presidente Vicente Fox se han registrado acciones positivas en favor de la vigencia de los derechos humanos, advierte, sin embargo, que la distancia real entre estos trabajos emprendidos por un sector del gobierno federal y la vida cotidiana de la sociedad mexicana en cuanto al ejercicio de sus derechos humanos, además de ser todavía muy grande, en algunos ámbitos es diametralmente opuesta En su informe anual sobre Violaciones a los Derechos Humanos 2003 dado a conocer hoy, destaca que la prueba más clara es la impunidad que prevalece en las desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez; la falta de capacidad para ofrecer a la sociedad nacional e internacional la satisfacción del derecho a la verdad en el caso de la muerte de la abogada Digna Ochoa; o la renuencia a tratar por su nombre los casos de desaparición forzada cometidos en el pasado Lo demuestra también la grave situación que entraña el que el acceso a los derechos humanos esté condicionado u obstaculizado por la situación de empobrecimiento, desempleo, iniquidad en la distribución de la riqueza y en la diferencia que atraviesa la realidad de carne y hueso, que en toda su extensión, padece la mayoría de la población En este contexto, subraya el Prodh que los esfuerzos que se consideran positivos son apenas acciones mínimas para el nivel que implican los retos de un avance sustantivo en el mejoramiento de la observancia de los derechos humanos, cuya responsabilidad corre a cargo de los tres Poderes de la Unión y en los tres niveles de gobierno Destaca que tal como se señala en la sentencia de 19XI99, párrafo 220 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “() estas obligaciones (del Estado) están a cargo de todos los órganos y poderes estatales, ya que se trata de un principio básico de la responsabilidad internacional del Estado, recogido por el derecho internacional de los derechos humanos, en el sentido de que todo Estado es internacionalmente responsable por todo y cualquier acto u omisión de cualesquiera de sus poderes u órganos en violación de los derechos internacionalmente consagrados” En este escenario, el informe está hecho con la clara intención de marcar el énfasis precisamente en algunos de los derechos que, de modo indicativo, plantean rasgos característicos de las formas y los contextos particulares en que se violan, tomando como base las obligaciones a las que el Estado mexicano está llamado La gran constante que se advierte es que las acciones de las autoridades no están encaminadas a satisfacer el alcance que sus obligaciones le determinan El Prodh observa algunas características de las violaciones que por acción u omisión, tanto en las definiciones de las políticas públicas o leyes, o en actos directos, el Estado mexicano está violando el derecho a la tierra, territorio y recursos naturales de los pueblos indios; el derecho a la salud, a la no discriminación, los derechos en el ámbito laboral, el derecho al medio ambiente sano y aquellos que son violentados en casos de represión y violencia política Así, en el ámbito de los derechos colectivos de los pueblos indios se han cerrado todos los canales institucionales para la solución del conflicto con el EZLN; el gobierno ha perdido toda credibilidad frente a los pueblos indios y sigue intentando legitimar una ley indígena ampliamente rechazada por estos pueblos Su postura frente a los derechos colectivos de las comunidades étnicas no ha cambiado “Mientras que en el discurso se asegura que cumplieron con las tres señales que pidió el EZLN para continuar el diálogo –aprobación de la ley Cocopa, retiro del Ejército de algunas de sus posiciones y liberación de todos los presos zapatistas-, en los hechos, lo único que se puede constatar es que la relación Estado-pueblos indios se encuentra completamente fragmentada y que estos últimos han optado por impulsar sus autonomías de facto y de esta forma ejercer los derechos que el Estado les niega”, señala El panorama del derecho a la salud en el país no denota que represente una prioridad para el gobierno federal, de acuerdo con los acontecimientos registrados en el 2003 y que indican claramente que el rumbo de la política en la materia continúa distanciado del cumplimiento de las obligaciones de respeto, protección y garantía que permitan acceder a este derecho, asegura El informe agrega que las acciones de mayor resonancia en la definición política que el Ejecutivo ha tomado niegan, de hecho, a la salud como un derecho y se orientan en una perspectiva que favorece su comercialización y, en el mejor de los casos, la intervención por parte del Estado se reduce a lo asistencial y en su mínima expresión: “Las quejas por las violaciones al derecho a la salud mediante los servicios que proporciona el Estado son generalizadas y frecuentes Las mismas están siendo capitalizadas por el discurso gubernamental para justificar con ellas sus intenciones de abrir al sector privado la prestación de servicios médicos Las diversas formas en que se viola el derecho a la salud adquieren, desde la perspectiva de las autoridades y del sector empresarial, la caracterización idónea de coartada para privatizar servicios médicos que el Estado está obligado a cubrir” En cuanto al derecho a la no discriminación, después de la promulgación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, “la ambivalencia que ha caracterizado al gobierno federal en materia de derechos humanos nuevamente se hizo presente, al entrar en vigor, un mes después, la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas La emisión de ésta revela el profundo desequilibrio que en materia de derechos humanos subyace en las acciones gubernamentales y cuya trascendencia, además de exhibir la precaria visión que el Estado tiene sobre sus obligaciones, comete y fomenta severas violaciones a los derechos humanos al instaurar una normatividad en detrimento del derecho a la no discriminación para un sector de la población” Por último, el Prodh hace un reporte de acciones gubernamentales que caracterizan varias violaciones a derechos humanos en un contexto de represión y violencia política que no ha dejado de prevalecer a pesar de tres años de alternancia en el Gobierno, y cuyo registro señala rasgos que prevalecen como signos del tipo de voluntad política que en los tres niveles de gobierno se asume frente a los sectores y actores que, desde diversos flancos de lucha y organización, manifiestan franca oposición al régimen