Con la firme convicción de que corresponde al Tribunal Especial de Irak dictar la sentencia al expresidente Saddam Hussein, Yonadam Yusef Kanna, uno de los 23 miembros del Consejo Interino del gobierno de Irak, afirma: “No entiendo por qué una posible condena a muerte contra Saddam Hussein causa tanto revuelo a nivel internacional Saddam es responsable de la muerte de más de un millón de iraquíes” Lo indigna la sola idea de que sea un Tribunal Penal Internacional el que juzgue a Hussein Refiere que cuentan con 750 jueces en Irak, todos muy bien preparados, muchos de ellos graduados en Occidente, así que, “no necesitamos a nadie”, publica Proceso en su edición que circula desde este domingo 21 de diciembre “A mi juicio, Saddam merece ser condenado a muerte”, dice, y con él coincide el poderoso líder religioso chiíta y presidente en turno del Consejo Interino del gobierno iraquí, Abdel Azíz al-Hakim quien considera que en caso de que se compruebe la culpabilidad de Hussein, podrá ser sentenciado a muerte Para el presidente de Estados Unidos, George Bush, tampoco hay duda: Hussein, quien “merece el castigo supremo por todo lo que hizo sufrir a su propio pueblo”, debe ser juzgado por la Corte Especial de Irak, cuya creación fue anunciada oficialmente por el Consejo Interino, justo cuatro días antes de la captura del exdictador La declaración de Bush causó un profundo malestar entre sus aliados europeos en la guerra contra Irak –Gran Bretaña, Italia y España- opuestos a la pena de muerte, mientras el secretario general de Naciones Unidas, Koffi Annan, exigió un juicio justo para el exmandatario iraquí Human Rights Watch destaca que aunque Estados Unidos afirme que Hussein debe ser juzgado por la ley iraquí, el sistema judicial de ese país está en ruinas y ha sido corrompido Amnistía Internacional va más lejos: cuestiona la legalidad misma de la creación del Tribunal Especial de Irak --por el Consejo Interino y las fuerzas de ocupación--, que asegura, es atentatoria contra el derecho internacional humanitario, dice el reportaje que publica Proceso en su edición de este domingo 21 de diciembre