México, D F, 30 de diciembre (apro)- Aun cuando el diagnóstico no aborda de manera exhaustiva la complejidad y totalidad de la realidad de los derechos humanos en el país, en el balance final del presente año en la materia, destaca, sin duda, la postura del Comité de Enlace ante la Organización de Naciones Unidas Las organizaciones que conformaron el Comité de Enlace de Organizaciones Civiles con el Alto Comisionado de Naciones Unidas, en principio, se congratularon de la presentación del “Diagnóstico de la situación de los derechos humanos en México”, que se entregó en propia mano al presidente Vicente Fox En su oportunidad, precisaron que el diagnóstico es parte del Acuerdo de Cooperación Técnica (ACT) entre el Alto Comisionado de Derechos Humanos (ACNUDH) y el gobierno mexicano, el cual fue un reclamo durante años de las organizaciones civiles en el seno de Naciones Unidas, que se vio cristalizado con la firma del mismo el 2 de diciembre del 2000 En este sentido, señalaron que el ACT pretende ser un instrumento para diseñar e implementar en México una política de Estado en materia de derechos humanos, entendiendo que las obligaciones internacionales que el país se ha comprometido a cumplir no son sólo del ámbito del Poder Ejecutivo, sino también del Legislativo y Judicial, en los distintos niveles de gobierno El diagnóstico, indicaron, es un proceso de suma importancia no sólo por su resultado final, que es el documento que se dio a conocer, sino también porque implicó poner en el centro de debate de diferentes sectores de la sociedad la importancia de realizar un análisis que explicara las causas estructurales de las violaciones a los derechos humanos en el país, y las propuestas para revertir las mismas Señalaron que para ello se contó con la participación activa tanto de organizaciones civiles y sociales, como de organismos autónomos e instancias de gobierno El documento, elaborado por los expertos Sergio Aguayo, Isidro Cisneros, Clara Jusidman y Miguel Sarre, toma en cuenta diagnósticos históricos y progresivos realizados por la sociedad civil, y complementa también a los informes y recomendaciones realizados por organismos internacionales de protección de los derechos humanos En él se identifican los principales obstáculos que impiden el pleno goce y respeto de los derechos humanos en el país Se parte de un análisis estructural y no coyuntural que pretende sentar las bases de una reforma profunda del Estado Se presentan recomendaciones generales que van plenamente sustentadas por sugerencias específicas en cada tema abordado No obstante, señalaron que el diagnóstico no aborda de manera exhaustiva la complejidad y totalidad de la realidad de los derechos humanos en el país Esto representa, sin duda, un gran reto para la sociedad civil, pues el diagnóstico servirá como base para generar nuevos debates a futuro, y abre la posibilidad de tener una herramienta para actualizar los diversos temas y propuestas y generar un proceso dinámico de apropiación de las demandas en materia de derechos humanos La importancia de este diagnóstico trascenderá en la medida en que se lleve a cabo una política de Estado que asegure la implementación de las recomendaciones y propuestas a través de un Programa Nacional de Derechos Humanos, tal como lo indica el propio Acuerdo de Cooperación Técnica Por ello, instamos al gobierno federal a que en cumplimiento de sus compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, garantice: 1 El diseño del Programa Nacional de Derechos Humanos en los términos del Acuerdo de Cooperación Técnica y con fiel respeto a las recomendaciones y espíritu del diagnóstico 2 La implementación, evaluación y seguimiento puntual de dicho programa, para garantizar los cambios estructurales necesarios en materia de derechos humanos 3 La articulación, en respeto de la división de poderes, el mayor número posible de acciones conjuntas tanto con el Poder Legislativo como el Judicial 4 Instar a los gobiernos de todos los estados a tomar como referencia las propuestas del diagnóstico y las acciones del programa, para desplegar acciones similares 5 Garantizar la participación amplia y plural de la sociedad civil En este mismo tenor, “instamos a los poderes Legislativo y Judicial a que garanticen que las recomendaciones y propuestas que estén en el ámbito de su competencia sean implementadas, para de esta forma asegurar una política de Estado en materia de derechos humanos” Así mismo, hicieron un llamado a todos los sectores de la sociedad a ser vigilantes de la aplicación de las propuestas vertidas en el diagnóstico, a fin de asegurar que el Estado mexicano realice todas las acciones pertinentes, “a fin de garantizar nuestro acceso pleno a los derechos humanos universalmente reconocidos”