Atoyac, Gro (apro)- La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos (Afadem) reprobó las actuaciones del personal de la Procuraduría de Justicia Militar, que el pasado sábado instalaron una oficina en este municipio y que desde entonces entregaron oficios a parientes de víctimas de la “guerra sucia” de los setenta y principios de los ochenta, para que se presenten a declarar Tita Radilla Martínez y Julio Mata Montiel, vicepresidenta y secretario ejecutivo de la organización civil, conminaron a los citados a que “no asistan a las diligencias, porque ese proceso es anticonstitucional” Los citatorios dirigidos a esposas, madres e hijos que presentaron sus denuncias inicialmente ante la PGR a finales del 2000 y principios del 2001, toman como referencia la averiguación previa SC/257/2002, caso abierto contra los militares Mario Arturo Acosta Chaparro y Humberto Quirós Hermosillo, procesados por “homicidio calificado” contra 143 personas, a las que presuntamente se les arrojó al mar Los documentos están firmados por el capitán Ernesto Medina León, agente del Ministerio Público Militar adscrito a la 27 Zona Militar, cuyo cuartel está en el Ticuí, a las afueras de esta cabecera municipal “Nosotros no aceptamos que se nos cité para tratar el homicidio de nuestra familia”, reprobó Radilla Martínez, hija de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido en 1974 “¿Dónde están los cuerpos para que aseguren que fueron asesinados nuestros familiares?”, insistió Mata Montiel recordó que los familiares de los desaparecidos no pueden participar en un proceso al que han impugnado “Rechazamos que sea el fuero militar el que lleve los casos de los desaparecidos de la ‘guerra sucia’ porque es un asunto que compete a los tribunales civiles; además, no es posible que se quiera enjuiciar a los dos militares por homicidio calificado, cuando es un delito que ya prescribió Nosotros hemos pugnado porque se convalide lo que en derecho internacional sería tipificado como desaparición forzada dentro de los delitos de lesa humanidad, ya que éstos no prescriben” Ambos defensores de los derechos humanos sostuvieron que su rechazo al fuero militar se debe también a que “es una averiguación mal integrada”; en ella se toman como muertos a ocho personas vivas, y se citó a declarar ante la Procuraduría Militar sobre delitos cometidos durante la ‘guerra sucia’ a gente que ni siquiera presentó denuncia en ese sentido, como es el caso de María Marrón, esposa de Gilberto Romero Vázquez, desaparecido en mayo de 1995 “Es una averiguación deficiente, por lo que pedimos a los familiares no sean cómplices de la Procuraduría Militar”, afirmó Radilla Martínez puntualizó que ante todos los familiares de desaparecidos --sólo en Atoyac se han integrado 200 expedientes en la Fiscalía Especial que encabeza Ignacio Carrillo Prieto-- “sienten temor e indignación, porque fueron militares los que destrozaron sus familias al llevarse a padres, hijos o maridos, a los que nunca volvieron a ver, y ahora llegan, como si no hubiera pasado nada”, a querer interrogarlos “Nos parece una desfachatez”, agregó Mata Montiel recordó que el 2 de octubre del año pasado, él y el representante legal de Afadem, José Enrique González Ruiz, fueron llamados por la Fiscalía Militar para pedirles su participación como coadyuvantes en la investigación que se sigue contra Acosta y Qurós “Nos ofrecieron acceso a todos los expedientes a cambio de que nosotros los lleváramos con la gente para que declarara Nos negamos, porque estamos en contra de que sea la jurisdicción militar la que lleve el caso”, explicó Mata Montiel señaló que la conminación a los familiares de los desaparecidos “no es un acto ilegal, no estamos obstaculizando la acción de la justicia, si la invitación de los militares para que declaren es voluntaria, les recomendamos que no acudan, pero si llevan mandatos judiciales, la gente tendrá que acudir” Tita Radilla destacó que hay casos en que los familiares han denunciado los hechos durante más de 30 años “Se recurrió a todas las instancias judiciales, a la ONU, a la PGR y en la Fiscalía Especial, una declaración más y ahora en la Procuraduría Militar, será como una tortura” Hasta ahora ninguna persona citada se ha presentado en las oficinas de la Procuraduría Militar, custodiada por cinco personas, todas vestidas de civil y tres de ellas con corte de pelo tipo militar 10/02/03