Reclaman familiares de desaparecidos: "si no puede, que no se meta en camisa de once varas" Atoyac, Gro (apro)- Ante la protesta generalizada de familiares de desaparecidos y víctimas de la "guerra sucia", Ignacio Carrillo Prieto adujo a la falta de recursos y de personal capacitado para cumplir su encomienda al frente de la Fiscalía Especial para la atención de hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado, cargo que se le confirió desde el año pasado El martes 11 de febrero, miembros de cuatro de las agrupaciones más activas en la exigencia de justicia y verdad en este asunto de los desaparecidos, se adelantaron al fiscal y presentaron al secretario de Gobernación, Santiago Creel, un contrainforme titulado, "La verdad y la justicia: archivos pendientes en la Fiscalía Especial" Firmado por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos (Afadem), el Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", el Comité de Madres de Chihuahua y la Fundación Diego Lucero, el documento desmenuza el trabajo de la oficina dirigida por Carrillo Prieto De 44 cuartillas, en el texto las organizaciones critican que a un año de iniciados los trabajos de la Fiscalía las únicas actuaciones ministeriales son aquellas que las propias víctimas y familiares han ofrecido "Los agentes ministeriales adscritos a la Fiscalía no están efectuando una labor verdaderamente de investigación, sino que únicamente han constituido dicha dependencia como un órgano de recepción y desahogo de pruebas ofrecidas por los familiares, dejando ilegalmente el impulso procesal y la carga de la prueba a las víctimas", señala el documento Lo peor del caso, añade el escrito es que no se ha permitido a los familiares ejercer su derecho a coadyuvancia, pues en todo momento se les han negado copias de los expedientes que no están foliados, lo que, dicen, ha creado "una situación de incertidumbre jurídica que acrecienta la desconfianza de los familiares a la labor de la Fiscalía" Las limitaciones del personal, tanto en número como en capacitación, fueron admitidas en la reunión con personajes como Tita Radilla y Julio Mata Montiel, de la Afadem; Andrés Nájera Hernández, del Comité Eureka; Octaviano Santiago Dionicio, Arturo Gallegos Nájera, Alejandra Cárdenas y Juan García Costilla, exguerilleros con familiares desaparecidos, y Eloy Cisneros Guillén, maestro universitario secuestrado y torturado personalmente por Mario Arturo Acosta Chaparro "El fiscal estaba muy enojado al iniciar la reunión, a la que llegó hora y media tarde Cuando me saludó, entre broma y en serio, me dijo que estaba ?sobreviviendo a los embates de la Afadem?", recordó Mata Montiel Radilla Martínez, hija de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido en 1974, destacó que en el encuentro, "la amabilidad del fiscal no cambió, pero se nota que no se esperaba que nos quejáramos con Creel de su mal trabajo" La explicación del fiscal a su atraso en la entrega de resultados, fue tomada por los dirigentes políticos y familiares para insistir en que "si no tiene personal capacitado ni el número que se requiere para atender la empresa que le encomendaron, que es el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad de los setenta, no tenía por qué tomar casos como el de Aguas Blancas, que ya estaba radicado en la PGR; si no puede, que no se meta en camisa de once varas", destacó Eloy Cisneros, quien fue enfático en la reunión al resaltar que "su falta de interés se nota al llegar tarde a la reunión" Cisneros Guillén, exdiputado local, contó que en la reunión el fiscal trató de salvar la situación con la promesa de que en 90 días se llevarían a cabo las primeras consignaciones: "Le recordamos que esa misma promesa nos hizo en agosto de la año pasado, e incluso que nos citó el 5 de octubre en su oficina, pero que antes de que llegara la fecha nos avisaron que la reunión se posponía hasta nuevo aviso, y de ahí no lo volvimos a ver" La lluvia de reproches continuó con la queja, también de Cisneros, por la "prepotencia" con la que se conducen los agentes investigadores de Carrilo "Fueron a verme a mi domicilio tres personas, que después de varias vueltas y de querer interrogarme, así como a así, se presentaron como judiciales federales bajo las órdenes de la Fiscalía, siendo yo víctima me trataron como criminal", explicó Los representantes de los familiares y víctimas reclamaron a Carrillo que no haya peleado la jurisdicción en el proceso que se sigue a Mario Arturo Acosta Chaparro, Francisco Quirós Hermosillo y Francisco Javier Barquín Alonso, en los tribunales militares por homicidio calificado contra 143 personas a las se les habría lanzado al mar desde un avión militar Alejandra Cárdenas fue enfática en la queja "El fiscal aceptó la jurisdicción militar, a pesar de las imperfecciones jurídicas, como la de incluir a vivos, como a mí, en la lista de muertos" La inquietud obedeció a la incertidumbre y temor que provocaron las visitas de personal adscrito a la Procuraduría de Justicia Militar a familiares de desaparecidos para citarlos a declarar en las oficinas que la dependencia abrió en Atoyac Ello provocó que organizaciones no gubernamentales distribuyeran volantes entre la población de la ciudad y de la sierra, y solventaran anuncios en la televisión por cable local para llamar a los quejosos a que no acudan a las citas con los militares "El fiscal nos quiso dar a entender que el no estaba de acuerdo con la intervención del Ejército, pero nos dijo que públicamente no puede hacer lo mismo que nosotros y que mucho menos, por ?colmillo?, así nos dijo, va a pronunciarse en contra del fuero militar, nos recomendó esperar a los resultados de cada proceso, el civil y el castrense", dijo Andrés Nájera, hermano del profesor Jacob Nájera Hernández, que en un primer informe de la CNDH apareció como muerto, pero sin pruebas de ello