Persiste impunidad frente al caso de Aguas Blancas

viernes, 28 de febrero de 2003
México, D F (apro)- A ocho años de la matanza de Aguas Blancas, el sistema político mexicano ha optado por la impunidad, denunciaron diversas organizaciones no gubernamentales ante el silencio del gobierno del presidente Vicente Fox La Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), el Centro "Miguel Agustín Pro Juárez" y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violación a los Derechos Humanos en México, coincidieron en señalar que no obstante la divulgación que ha tenido en los medios, y de que familiares y víctimas de la matanza de Aguas Blancas no han dejado de exigir un solo día que se castigue a los principales culpables, comenzando por Rubén Figueroa Alcocer, el sistema político mexicano ha elegido la impunidad Precisaron que aunque en los hechos, 17 muertos y 25 heridos es el saldo más visible de la masacre, hay otras secuelas que, aunque menos perceptibles, son igualmente dolorosas: viudez, orfandad y padecimiento de enfermedades psíquicas y somáticas, derivadas del impacto que produjo la emboscada que tendió la policía a los miembros de la OCSS Señalaron que el gobierno de Rubén Figueroa trató de que la opinión pública creyera que los agentes policiacos respondieron a una agresión Divulgó un video “arreglado”, que daba esa apariencia Para su infortunio, hubo otra grabación, que fue dada a conocer por medios nacionales, dejando en evidencia la manipulación Precisaron que aunque el asunto fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que conoció, entre otros, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se determinó que hubo graves violaciones a los derechos humanos, lamentablemente no fue una sentencia con carácter vinculatorio, sino un mero pronunciamiento Dijeron que desde el inicio estaba claro que si el caso se juzgaba en Guerrero, la impunidad para los autores intelectuales de la matanza estaba asegurada Así sucedió: se designaron fiscales especiales y se consignó a policías y funcionarios medios, pero no se “molestó” ni con un citatorio a los funcionarios que la Corte nombra como responsables de los hechos: el mencionado Figueroa; el exsecretario de Gobierno, José Rubén Robles Catalán; el que fuera procurador Antonio Alcocer Salazar, el exprimer subprocurador Rodolfo Sotomayor Espino; el exdirector de la Judicial Gustavo Olea Godoy; el exsubsecretario de Protección y Tránsito, Rosendo Armijo de los Santos, y el exdirector general de Gobernación, Esteban Mendoza Ramos Expresaron que con el llamado "gobierno del cambio" la impunidad es exactamente la misma que bajo el régimen priista “Hemos insistido ante la Procuraduría General de la República para que el caso sea conducido legalmente desde la ciudad de México, pero aduciendo cuestiones burocráticas, se le envió a la delegación de Guerrero, donde duerme el sueño de los justos”, apuntaron Insistieron en que el gobierno federal solamente se ocupa del caso cuando están por realizarse audiencias de la CIDH en Washington, o cuando las recomendaciones de ésta han sido totalmente burladas Precisaron que por ello llevarán a cabo actividades tendientes a presionar al gobierno para que atienda tanto a la Corte como a la CIDH, poniendo en prisión a los autores materiales e intelectuales de la masacre, dando a conocer públicamente toda la verdad y resarciendo del daño a los familiares y víctimas que opten por ello 27/02/03

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