EN LA MIRA Puesto en la mira de las autoridades, Guillermo González Calderoni solicitó licencia, por motivos personales, a partir del 15 de octubre de 1992 El 12 de febrero de 1993 fue cesado de la Procuraduría General de la República Al recibir el "pitazo" de que se había girado orden de aprehensión en su contra, huyó a Estados Unidos, donde pasaba información a la DEA La PGR pidió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se investigara exhaustivamente la situación fiscal del funcionario, en ese entonces encargado de interceptar y notificar todo lo relacionado con decomisos de cocaína provenientes de Sudamérica Se le acusó de "falsedad de declaraciones" en materia patrimonial y de "enriquecimiento ilícito", delitos que implicaban una pena mínima de 14 años de prisión No obstante que la PGR misma lo acusaba de tener presuntos vínculos con los narcotraficantes Juan García Abrego y Luis García Medrano, no fue responsabilizado de los delitos contra la salud, más aún cuando desde 1984 había estado acusado penalmente por ese motivo en un juzgado de distrito de Tamaulipas En principio, fueron realizados cateos en cuatro de sus propiedades en la ciudad de Reynosa, y en una empresa de transportes Los bienes asegurados tenían un valor de casi 12,000 millones de viejos pesos, cuando sus ingresos mensuales rebasaban apenas los 4 millones de viejos pesos En su declaración patrimonial presentada en la Secretaría de la Contraloría General de la Federación González Calderoni manifestó que el valor de sus propiedades era de 150 millones de viejos pesos Dijo tener 50% de las acciones de la empresa Autolíquidos de Cadereyta, registrada a principios de 1990 con un capital social de 50 millones de viejos pesos, pero cuyo valor real ascendía a más de 50,000 millones de viejos pesos; una suite en las Torres San Agustín, valuada en más de 700,000 dólares; una casa de 1,000 metros cuadrados situada en la carretera Reynosa-Monterrey; el rancho Santa Teresa, localizado en Reynosa, donde le fueron aseguradas 500 cabezas de ganado de alto registro, y el restaurante La Cucaracha, en la misma ciudad Durante los cateos, fueron asegurados también al menos diez tráileres o tractocamiones, con valor de 600 millones de viejos pesos cada uno "Se comprobó que la mayoría de las propiedades aseguradas fueron adquiridas a partir de 1985", informó la PGR Sin embargo, no fue sino hasta el 18 de enero de 1993 cuando se inició la averiguación previa número AMPFE/001/93, y se libró la orden de aprehensión contra González Calderoni Dos días después, la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó al Departamento de Estado norteamericano la detención provisional con fines de extradición del excomandante, por los delitos de que era acusado Una semana después de haber cesado a González Calderoni, la PGR hizo lo mismo, el 17 de febrero de 1993, con tres subcomandantes y ocho agentes de la Policía Judicial Federal, vinculados con el excomandante, por haber incurrido en los delitos de falta de probidad, extralimitación en sus funciones, abuso de autoridad y homicidio Uno de ellos, el segundo subcomandante Cipriano Martínez Novoa, puesto sobre aviso, había abandonado su trabajo dos semanas antes En octubre de 1993, la PGR determinó que existían pruebas suficientes para responsabilizar penalmente a González Calderoni por la comisión de los delitos de tortura y abuso de autoridad En el primer caso, de acuerdo con la autoridad judicial, estuvo involucrado en las muertes de los hermanos Quijano Santoyo, ocurridas el 14 de enero de 1990 en una residencia del fraccionamiento Ojo de Agua, en el estado de México Cuando parecía que iba desenredándose la madeja de la corrupción tejida por González Calderoni, a pesar de que la PGR lo acusaba sólo de presuntos delitos menores, sorpresivamente el tribunal colegiado del cuarto distrito de Monterrey ordenó, en mayo de 1994, la liberación de sus bienes incautados El juez primero de distrito con sede en Monterrey, Abraham Calderón Díaz, concedió a González Calderoni un amparo ante la orden de aprehensión que había librado el juez primero de distrito en materia penal del Distrito Federal, por su presunta culpabilidad en los delitos de tortura y abuso de autoridad Después de ello, se desistió el juicio de garantías, lo que dio motivo al sobreseimiento, y la defensa logró un nuevo amparo contra la misma orden de aprehensión Calderón Díaz es el mismo juez que concedió la libertad mediante una fianza de 30,000 nuevos pesos al narcotraficante Raúl Valladares del Angel, miembro del cártel del Golfo o de Matamoros, reaprehendido en Tamaulipas a principios de agosto de 1993 Es responsable de tráfico de drogas y en Estados Unidos es acusado por violaciones de las leyes federales en materia de narcotráfico, armas de fuego y fuga Por su presunta protección a narcotraficantes, la Procuraduría General de la República presentó el 29 de agosto de1994, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una queja administrativa contra el juez Calderón Díaz para ser desaforado en caso de existir pruebas suficientes para juzgarlo (Proceso No 934 / 26 de septiembre de 1994)