* Profepa limitada para enfrentar a taladores clandestinos México, D F(apro)- Amparados por diversos grupos poderosos, empresas y organizaciones de campesinos exterminan los bosques del país Y se acaban la riqueza Detrás de la explotación ilegal de bosques, selvas y regiones tropicales –motores de la diversas climatológica del país--, se ocultan grupos bien organizados, algunos de los cuales operan con protección política y disponen de dinero y armas de alto poder para defender extensas áreas boscosas, ricas en maderas finas, que comercializan y les reditúan ganancias millonarias Además, tienen amplias redes y conexiones con las autoridades forestales, las que otorgan permisos –algunos irregulares– para explotar grandes zonas boscosas, cuyas extensiones se duplican en la mayoría de los casos Según datos de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), en 26 estados del país se concentran las cien áreas boscosas más críticas y de mayor explotación ilegal, donde con frecuencia surgen pugnas y choques entre grupos ecológicos y taladores clandestinos No sólo eso, existen nueve áreas de “ingobernabilidad” y de mayor violencia por el tráfico de maderas –localizadas en once entidades--, donde la Profepa, autoridad responsable de proteger los bosques, se declara incompetente e impotente” para actuar frente a estos grupos, según se establece en documentos obtenidos por Apro En ellos se detalla, por ejemplo, que entre las regiones más boscosas y ricas de México sobresale Petatlán y Coyuca de Catalán, en Guerrero Enclavada en la sierra guerrerense, esta región era habitualmente visitada por la abogada Digna Ochoa; poco antes de morir, la defensora de los derechos humanos fungía como abogada de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera –conocidos por defender los bosques de la tala inmoderada en esa zona--, quienes el 9 de noviembre del 2001 fueron liberados por órdenes del presidente Vicente Fox En 1999, Montiel y Cabrera, integrantes de la Organización de Campesinos Ecologistas, fueron detenidos por un grupo de militares en el ejido Pizotla: ambos denunciaron que su aprehensión fue ilegal, que fueron llevados a las instalaciones militares donde se les sometió a todo tipo de torturas En la explotación de maderas finas aparece el nombre de Rubén Figueroa, exgobernador de Guerrero e hijo de Rubén Figueroa Figueroa, también exmandatario de esa entidad, quien en los setenta fue secuestrado por la guerrilla que comandaba Lucio Cabañas A Figueroa Alcocer se le atribuye, por ejemplo, haber otorgado la concesión a la filial de la compañía norteamericana Boice Cascade para explotar los recursos forestales de 21 ejidos de la zona de Petatlán y Coyuca de Catalán Los conflictos brotaron porque un grupo de ejidatarios se inconformó con la decisión de Figueroa, y crearon la Organización de Campesinos Ecologistas Para impedir que la madera saliera, bloquearon caminos y recurrieron a todo tipo de protestas Al final, la compañía norteamericana canceló sus operaciones La tala inmoderada, sin embargo, no se detuvo La zona forestal de Guerrero no es la única que tiene conflictos: en toda la República existen 19 zonas de “ingobernabilidad”, localizadas en once estados, donde las autoridades forestales no pueden entrar y se declaran impotentes para frenar la tala clandestina Documentos de la Profepa señalan que estas regiones críticas son: sur del Distrito Federal; Huitzilac, Morelos; Mariposa Monarca, en los estados de México y Michoacán; Santa María Ocotán, Durango; Sierra Tarahumara, Chihuahua; Izta-Popo, en el estado de México y Puebla; Los Chimalapas, en Oaxaca; Uxpanapa, en Veracruz; sierra de Petatlán, Guerrero, y Selva Lacandona, en Chiapas En el estudio denominado “La crisis de las zonas forestales de México”, se afirma que en estas regiones viven 12 millones de personas “de las más pobres del país”, que subsisten de la tala clandestina de árboles y del tráfico de maderas Según se ha podido constatar –sigue el diagnóstico–, esta actividad en muchos casos, y sobre todo en las zonas de ingobernabilidad, está asociada a delitos de mayor gravedad, como el tráfico de armas, secuestros de vehículos y narcotráfico, que no son competencia de Profepa Lo más grave, añade el documento, “es que no hay posibilidades de aplicar la ley y hacer prevalecer el estado de derecho, pues en esas poblaciones hay resistencia a los actos de la autoridad, hay complicidades entre ellos y taladores clandestinos, quienes se encargan de alertarlos cuando ésta hace acto de presencia “Todos estos problemas vienen ocurriendo desde hace muchos años, pero la Profepa está desprovista de equipo y carece de personal para vigilar en forma permanente todas las áreas forestales del país”, dijo al reportero una fuente de la Profepa Según la misma, Profepa sólo dispone de 600 inspectores en todo el país, de los cuales 220 tienen que vigilar 400 mil hectáreas de bosque, es decir, uno por cada 4 mil aprovechamientos Explica: “Los inspectores de Profepa no son guardias armados, son funcionarios administrativos que ponen en riesgo su vida frente a los taladores clandestinos, por sueldos que oscilan entre 3 y 5 mil pesos Al no portar armas, están en clara desventaja al vigilar las zonas de aprovechamientos de maderas, donde se topan, a menudo, con delincuentes peligrosos” Por ello, ante la falta de vigilancia y debido a las carencias de la Profepa y de la Semarnap, cada año se explotan clandestinamente unas 600 mil hectáreas de bosques ricos en maderas preciosas La tala clandestina de bosques y el tráfico de maderas es aún más difícil, según admite la Profepa, debido a que 70 por ciento de la tierra es colectiva y de esa actividad viven cerca de 12 millones “de los más pobres de México” El estudio expone que a estos grupos con altísimo nivel de marginalidad se les atribuye la tala clandestina de 60 por ciento de las zonas boscosas, cuyas utilidades son mínimas y se canalizan para satisfacer sus necesidades básicas: “Estas familias venden los árboles en pie porque obtienen dinero rápido Es la única posibilidad de ingreso que tienen” Es más, la tala clandestina también está asociada, en 35 por ciento, a la corrupción oficial, de acuerdo con el diagnóstico Según el documento, la misma se genera por el otorgamiento de permisos cuyas irregularidades permitieron que se devastaran grandes extensiones de bosques Un dato: en 1999, la Semarnap autorizó la explotación de 9 millones de metros cúbicos de madera, pero la industria forestal establecida reportó haber utilizado 17 millones, 50 por ciento más de lo permitido Así, tras auditar permisos y realizar inspecciones en los bosques, las autoridades de Profepa se encontraron con explotaciones forestales superiores, hasta en 50 por ciento, a las autorizadas; que las especies de árboles utilizadas eran diferentes a las registradas en el plan de manejo; que no se cumplió con la reforestación de las áreas, el control de incendios ni el chapodeo Por la excesiva corrupción y devastación irracional de bosques, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales suspendió todos los permisos de aprovechamiento forestal que había otorgado el sexenio pasado en Guerrero, particularmente en Petatlán y Coyuca de Catalán La decisión derivó en más de pugnas entre taladores y grupos ecologistas: los primeros acusan a los segundos de haber presionado a la autoridad para que ésta decidiera cancelar los permisos; reclamar ser dueños de la tierra y que se les quitó la única actividad económica que tenían para vivir A partir que el presidente Vicente Fox declaró la tala clandestina de bosques como un asunto de seguridad nacional, las autoridades forestales realizan operativos policiacos con el apoyo del Ejército, la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Federal Preventiva En estas acciones, según Diana Ponce, subprocuradora del Medio Ambiente, participan 300 soldados y unos 200 policías que, en la mayoría de los casos, realizan “operativos sorpresa” Aún así, la tala clandestina y la violencia prevalecen