Exhibe Martínez Perea "inconsistencias jurídicas" en su proceso

miércoles, 26 de marzo de 2003
México, D F (apro)- El general brigadier Ricardo Martínez Perea exhibió lo que llamó “inconsistencias jurídicas” en la acusación en su contra de “fomento al narcotráfico” durante la primera sesión del consejo de guerra que inició este martes en el Campo Militar número Uno de la Ciudad de México El militar presentó pruebas documentales sobre el papel y los resultados que tuvo desde que en 1999 se hizo cargo de la Comandancia del 21 Regimiento de Caballería Motorizada (RCM), con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde fue detenido en abril del 2001 acusado de facilitar información a los capos Osiel Cárdenas Guillén y Gilberto García Mena, “El June”, presuntos jefes del cártel del Golfo Ataviado con el uniforme de gala, Martínez Perea, quien es el primer general acusado de narcotráfico en lo que va de la administración de Vicente Fox, se presentó en la sala de consejos de guerra poco antes de las nueve de la mañana, hora en que inició la sesión, en donde se dio lectura a las imputaciones en su contra, mientras, de pie, escuchaba atento y veía de frente al general de brigada Gonzalo Bernardino Durán Valdés, presidente del consejo El detenido cuestionó la naturaleza de los cargos, hechos a partir de un anónimo, fechado el 14 de enero del 2001, enviado por fax a las oficinas del Estado Mayor de la Defensa Nacional, y en la que “no existen evidencias sólidas ni testigos” que lo señalen como el autor de los delitos que le endosan Junto a Martínez Perea el consejo de guerra, que en esta ocasión lo integran cinco generales de brigada, también inició contra el capitán segundo de caballería Pedro Maya Díaz y el teniente de la misma arma Javier Antonio Quevedo Guerrero, coacusados en el mismo proceso y quienes en diferentes momentos entre 1999 y 2001 estuvieron comisionados en el citado Regimiento Ambos se encuentran detenidos junto al general desde marzo de hace dos años en la prisión del campo militar en Lomas de Sotelo La exposición del general inició con la explicación de cómo estaba dividido y qué áreas en las afueras de Nuevo Laredo que bordeaban el Río Bravo, en la franja fronteriza con Estados Unidos, estaban bajo la jurisdicción del Regimiento bajo su mando Explicó que en las cuatro zonas de operaciones en el tiempo que estuvieron bajo su responsabilidad se logró, entre 1999 a 2001, asegurar 80 toneladas 955 kilos de marihuana; 158 kilos de cocaína; 109 vehículos fueron confiscados al igual que 21 lanchas y 37 armas entre cortas y largas Egresado de la Escuela Superior de Guerra hace poco más de 20 años, por lo que adquirió el carácter de Diplomado de Estado Mayor (DEM), Martínez Perea manifestó que su encierro se debe a un anónimo donde no se cita su nombre y no hay identidad de quién hace las imputaciones Posteriormente pasó a refutar cada señalamiento de la fiscalía militar hechos partir del mensaje en cuestión, donde puntualizó varias inconsistencias Dijo que cuando fue detenido jamás le fueron asegurados radios de comunicación, ni joyas ni dinero, y citó documentación como peritajes e informes que aportó en el expediente; desestimó las acusaciones sobre cómo operaban sus hombres, ya que las áreas en las que la parte acusadora dividió su zona de trabajo estaban mal hechas, y exhibió pruebas de cómo trabajaban, de acuerdo con los reglamentos, en la frontera para interceptar cargamentos de droga La fiscalía militar lo acusó de tener vínculos en la ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas, con las hermanas Adriana y Aidé García García, conocidas como “Las Cuatas” La primera de ellas se desempeñaba como secretaria en la subdelegación de la PGR y junto a su hermana estaban señaladas como integrantes de cártel del Golfo El general dijo que el trato era normal, pues al ser una de ellas empleada de la dependencia federal, era común que platicara con los militares por las labores que ambas instituciones realizan en conjunto, y resaltó que las dos personas aludidas no han sido investigadas aún por la autoridad judicial, por lo que no se puede probar que sean integrantes de la citada organización delictiva Apoyado por una pantalla de transparencias que pasaba imágenes por computadora con cada uno de los señalamientos de la fiscalía y la documentación o testimonio que los refutaban, Martínez Perea recordó que cuando “El June” fue detenido, hace casi dos años, pocos meses después rechazó en una audiencia hecha por separado en el penal de La Palma, conocer o haber tenido contactos o tratos con su persona El militar subrayó que con esto quedaba claro que la acusación de haber filtrado información para la fuga del presunto capo del cártel del Golfo, durante un operativo militar en marzo de 1999 en la región de Guardados de Abajo, Tamaulipas, fue hecha de manera ambigua en el anónimo, ya que no había ningún sustento de veracidad, además de que la fiscalía militar no investigó a fondo si lo que se decía en el texto tenía otras vertientes que se debían comprobar En su momento, cuando el general fue detenido solicitó que se investigara la “línea de mando”, que iba hacia arriba con el general de brigada Jorge Pérez Toledo, comandante de la Octava Zona Militar y con el general de división José Domingo Ramírez Garrido Abreu, comandante de la Cuarta Zona Militar con sede en Monterrey El alto mando de la Defensa Nacional hizo caso omiso de los señalamientos y solo destituyó días después a Pérez Toledo quien ahora se encuentra en el retiro Cuando tocó el turno de pasar al frente de la sala a Maya Díaz, éste inició con un recordatorio de que cuando en 1997 fue ascendido al grado de capitán segundo, el reconocimiento le vino gracias a que obtuvo “méritos en combate al narcotráfico” Explicó que fue detenido por la Policía Judicial Federal Militar sin que mediara orden de aprehensión en su contra, además de que cuando fue interrogado por los agentes de esta corporación fue presionado sociológicamente para que declarara contra el general Martínez Perea Si no lo hacía, agregó, “me iba a cargar la chingada a mi solo” De igual forma el teniente Quevedo Guerrero relató cómo los agentes lo cubrieron de la cabeza con su camiseta de servicio mientras lo recostaban sobre una mesa y le rociaban una mezcla de jabón con chile picado en la cara para que declarara en contra del general El oficial añadió que el teniente coronel Carlos Sigüenza, subjefe de la Judicial Militar, le ofreció “vivienda digna, nivel de funcionario público, protección judicial a cambio de que dijera que el general Martínez Perea estaba involucrado con el narco”, a lo que se negó El consejo de guerra continuará este miércoles con las declaraciones de 18 testigos de descargo llamados por la defensa de los acusados, se espera que la sentencia se dé a conocer a más tardar el jueves 25/03/03

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