Oaxaca, el segundo estado con mayor número de amenazas a ONG

miércoles, 5 de marzo de 2003 · 01:00
Oaxaca, Oax (apro)- La coordinadora nacional de Acción de los Cristiano para la Abolición de la Tortura (ACAT), Reyna Vázquez, señaló que Oaxaca ocupa el segundo lugar en cuanto a amenazas de muerte y hostigamiento a defensores de derechos humanos, solo superado por el estado de Guerrero Las políticas gubernamentales en cuanto a la integridad de los defensores de derechos humanos en México es letra muerta, dijo Y para muestra de ello es el asesinato de Digna Ochoa y las amenazas, así como el hostigamiento en contra de los integrantes de organizaciones no gubernamentales dedicados a la prevención, defensa y atención integral de casos y situaciones de tortura, así como a la lucha para la abolición de las ejecuciones capitales A la larga lista de defensores de derechos humanos que han enfrentado diversas formas de hostigamiento y amenazas se suman el coordinador de ACAT-Oaxaca, Samuel Alfonso Castellanos Piñón y la voluntaria Beatriz Casas Arellanes, quienes el pasado primero de marzo fueron amenazados de muerte, a través de un anónimo, y son víctimas de intimidaciones debido a sus trabajos y salvaguarda de los derechos humanos de los 10 presos acusados de ser los homicidas de los 28 campesinos en Agua Fría En el anónimo, que supuestamente proviene de los integrantes de la comunidad de Santiago Xochiltepec, se amenaza de muerte al abogado Castellanos Piñón y le piden que se retire de la defensa de los detenidos por el caso de Agua Fría Además, el escrito menciona también al coordinador de ACAT-Oaxaca y a Beatriz Casas Arellanes, a Carlos Cruz Mozo ya Inocencio López Michel, integrantes de la Organización Indígena de Derechos Humanos de Oaxaca (OIDHO) y de la Coordinadora Oaxaqueña Magonista Popular Antineoliberal (COMPA), respectivamente Para Nahyeli Ortiz, del departamento jurídico de ACAT, es preocupante la situación que se vive en Oaxaca y advierte que si el gobierno del estado no interviene para aclarar este caso que ya es analizado por organismos internacionales, estará incurriendo en la grave responsabilidad de omisión Resaltó que ACAT asumió, desde octubre del 2002, la defensa de los 16 detenidos en el caso de Agua Fría a raíz de los testimonios de tortura y las detenciones arbitrarias realizadas a los presos acusados de asesinar a 28 campesinos de Xochiltepec Con el paso de los meses, la defensa de los detenidos por los homicidios de Agua Fría consiguió la libertad de seis de los 16 detenidos, dos de ellos menores de edad Sin embargo, la Tercera Sala de lo Penal de Oaxaca dictó auto de formal prisión en contra de 10 de los presos y por ello se interpusieron juicios de amparo que fueron resueltos favorablemente el pasado lunes 24 de febrero por el Juez Cuarto de Distrito en el estado de Oaxaca, ordenándole a la Tercera Sala Penal volver a dictar auto de formal prisión en un proceso que ha sido viciado desde su origen Castellanos Piñón, destacó que los amparos conseguidos no eran suficientes porque el proceso estaba repleto de irregularidades y violaciones a las garantías individuales y bajo esa argumentación se esperaba la libertad de los presos El pasado 28 de febrero, se realizó una diligencia importante en el juzgado cuarto penal que sigue el proceso, consistente en un interrogatorio a los elementos de la policía ministerial encargados de las detenciones La abogada Nayeli Ortiz, destacó que a partir de ese interrogatorio a los policías, apareció el anónimo en las oficinas de ACAT-Oaxaca y se intimida a sus integrantes Estas amenazas y hostigamiento a los defensores de derechos humanos de ACAT fueron condenados por más de 15 organizaciones locales, nacionales e internacionales que exigen al gobernador José Murat que cesen estos actos de intimidación Por lo pronto, este día, el equipo jurídico de ACAT presentó una denuncia penal en la Procuraduría General de Justicia del Estado y una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Y mientras que organismos internacionales de derechos humanos enviaron ya acciones urgentes para protestar por este caso, el equipo jurídico analiza la posibilidad de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de aceptar las medidas cautelares que consisten en contar con seguridad personal o de acompañamiento que brindan las ONG de otros países 04/03/03

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