México, D F (apro)- Cerca de una veintena de organismos no gubernamentales defensores de las garantías más elementales demandaron, ante la CIDH, realice una actualización del informe sobre la “Situación de los derechos humanos en México” emitido en 1998 Durante la audiencia sobre la situación de la impunidad en México, en el 117 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, se presentó un informe elaborado por 16 organizaciones, en el que se destacan los principales rezagos en el país sobre la cuestión del respeto a las garantías individuales Muchos fueron los temas que se manejaron, pero sin duda los de la justicia militar y la militarización fueron los que más atrajeron la atención de la CIDH, que adelantó que el relator especial para la Libertad de Expresión visitará nuestro país en mayo próximo Sobre este tema, se destacó que, contrario a lo que señala la Constitución mexicana, y la jurisprudencia en el sistema interamericano, así como lo que plantean numerosas recomendaciones de organismos internacionales, los tribunales militares siguen conociendo de casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos del Ejército En estos casos, según las ONG, ha quedado de manifiesto la falta de independencia, imparcialidad y voluntad para investigar y castigar dichas violaciones El ejemplo más reciente son los citatorios que la Procuraduría de Justicia Militar ha hecho a familiares de desaparecidos en los setenta Igualmente, denunciaron que el Ejército sigue siendo uno de los principales agentes violadores de los derechos humanos Expresaron que a pesar de la voluntad expresa de la actual administración de cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, que señalan que el Ejército no puede ser utilizado en labores de seguridad pública, hay sectores militares que se incorporaron a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Policía Federal Preventiva (PFP) Así mismo, se destacó la preocupación por la movilización militar en la frontera sur del país, la cual ha aumentado en correspondencia con el fortalecimiento de una política de “sellamiento”, consecuencia de los atentados del 11 septiembre de 2001 en Estados Unidos Otro tema que llamó poderosamente la atención fue la impunidad frente a los crímenes cometidos en el pasado y la actuación de la fiscalía especial En cuanto a la impunidad frente a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado, durante la audiencia se presentó una evaluación del trabajo que hasta ahora ha hecho la fiscalía especial, así como las preocupaciones en relación con que se alcance la verdad, justicia y reparación a las víctimas de las violaciones cometidas durante la llamada “guerra sucia” de los años setenta y ochenta Entre las principales preocupaciones que se hicieron del conocimiento de la CIDH, se encuentra el que a más de un año de iniciar funciones la fiscalía especial, aún no existan todavía resultados concretos, así como el que su mandato sea tan amplio, que esté recibiendo todo tipo de casos y no se aplique con la intensidad que debería en las situaciones que conforman el patrón de la “guerra sucia” Otra preocupación que se presentó fue la carencia de recursos humanos cualificados de la Fiscalía, así como la estrechez económica Así mismo, se informó de la renuencia de la fiscalía a calificar delitos de ‘lesa humanidad’, como la desaparición forzada de personas, y en cambio calificarlos de “privación ilegal de la libertad”; igualmente, se impugnó la sumisión que la fiscalía ha demostrado hacia el ámbito militar La representación mexicana estuvo encabezada por Sylvia Aguilera, directora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Michel Maza, por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH), y Balbina Flores, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH) 07/03/03