* Pagó 1 mdd por consultorías sobre “información confidencial” Villahermosa, Tab (apro)- No obstante el “carpetazo” a la denuncia penal perredista contra Roberto Madrazo por peculado y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos, el exgobernador dejó otras cuentas pendientes en Tabasco El exdirigente local del PRI y ahora delegado del Partido Convergencia por la Democracia, Víctor López Cruz, pone como ejemplo la firma de un contrato por un millón de dólares entre el gobierno estatal y la empresa “MFB y Asociados SC”, propiedad del exgobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, dirigente nacional de la CNOP y uno de los principales candidatos a diputados federales por la vía plurinominal El contrato fue firmado el 19 de marzo del año 2000 –nueve meses antes de concluir el sexenio de Madrazo-- entre el entonces secretario de Finanzas, Leopoldo Díaz Aldecoa, y el director de administración de esa dependencia, Oscar Sáenz Jurado, así como por Jesús Alberto Cano Vélez, representante de “MFB y Asociados SC” El monto ascendió a 9 millones 200 mil pesos –un millón de dólares de entonces-- por concepto de consultorías sobre “información confidencial” en materia financiera, técnica, operacional y de cualquier naturaleza “que no se haya hecho del conocimiento público”, según el respectivo convenio El primer pago se realizó en el mes de marzo por 575 mil pesos; el segundo en abril por 2 millones 156 mil 250 pesos e igual suma en mayo, junio y julio, incluido el IVA, pues el Ejecutivo del estado aceptó que el “Prestador de Servicios” se lo facturara Los gastos en que incurrió la empresa “en la prestación de los servicios objeto del contrato”, corrieron también “con cargo al Ejecutivo del estado, previa la autorización correspondiente” La décima cláusula establecía que el “Prestador de Servicios”, empleados, consejeros o representantes convenían expresamente con el Ejecutivo del estado en proteger “y mantener en secreto toda la información financiera, técnica, operacional y de cualquier naturaleza que no se haya hecho del conocimiento público (“Información Confidencial”) y que la parte revelante revele a la parte receptora” “La parte receptora se obliga a no utilizar la información confidencial para ningún objeto no relacionado con los términos y condiciones del presente contrato, salvo que alguna autoridad administrativa o judicial así lo requiera…”, establecía el millonario convenio “La parte receptora acepta, que al serle solicitado por la parte revelante, regresará, destruirá, o hará que se destruya toda la información confidencial, las copias de las mismas y toda la memoranda, notas, reportes y demás documentos relativos a ellas”, se acordó Además, las partes convinieron “en guardar y reservar, tratar en forma confidencial y en no divulgar en forma alguna los acuerdos derivados del presente contrato y demás documentos no contemplados expresamente en esta cláusula y la anterior, haciendo extensivo este convenio a sus empleados, asesores, consultores y a cualquier persona relacionadas con las partes” También que no efectuarían “anuncios o publicidad de ninguna especie, ni comunicación a terceros ajenos al objeto del presente contrato, sobre la existencia y condiciones del mismo, sin contar con la aprobación previa y por escrito de la otra parte” Oculto en principio, se descubrió después que las asesorías “confidenciales” de Beltrones consistieron en “limpiar la administración de Roberto (Madrazo)” para poder entrar a la contienda por la presidencia del PRI, asegura el expriista y ahora delegado estatal de Convergencia por la Democracia, Víctor López Cruz Coordinador en Tabasco de la campaña de Francisco Labastida por la candidatura presidencial del PRI y, posteriormente, la de la diputada Beatriz Paredes por la directiva nacional del tricolor, López Cruz demanda conformar un frente común de todos los partidos de oposición “no sólo para abrir una investigación sobre esta sociedad de Roberto (Madrazo) con Manlio Fabio (Beltrones) que costó al erario un millón de dólares, sino también para exigir la reapertura de la denuncia del PRD por peculado y enriquecimiento ilícito”