* Su expediente e imagen, ensuciados por el narcotráfico México, D F(apro)- Con su expediente profesional y su imagen ensuciados por el narcotráfico, y arropado por el PAN capitalino, el exfiscal antidrogas de la Procuraduría General de la República (PGR), Estuardo Mario Bermúdez Molina, se reincorporó el pasado miércoles 16 –tres días antes de vencerse su licencia-- como magistrado numerario del Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF) Sin acuerdo previo del pleno y a pesar de que hasta el cierre de esta edición no había llegado a la presidencia del Tribunal la respuesta del procurador Rafael Macedo de la Concha, a quien se le pidió de manera formal información sobre las condiciones en que Bermúdez Molina dejó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS), este último no esperó más y comenzó a preparar su regreso El pasado martes 1, hizo llegar un escrito al presidente magistrado del TEDF, Hermilo Herrejón Silva, en el que anticipaba que el miércoles 16, una vez que concluyera el proceso de entrega recepción en la PGR, reasumiría sus tareas como magistrado numerario y, de paso, solicitó que se contratara a 16 personas de su staff, incluido su chofer Dirigida al presidente magistrado, Hermilo Herrejón Silva, la carta dice a la letra: “Me dirijo a usted, para manifestarle que en virtud de haber concluido mi encargo como Fiscal Especializado para la Atención de Delitos contra la Salud en la Procuraduría General de la República, para el cual el pleno de este Tribunal tuvo a bien concederme licencia el 19 de abril de 2001, reasumo mis tareas como magistrado numerario de ese órgano colegiado, a partir del 16 de abril del presente año “Por tal motivo y toda vez que el proceso electoral ordinario se encuentra en curso, considero apremiante hacer la propuesta del personal profesional que a continuación detallo, para que por su amable conducto lo someta a consideración de los demás magistrados numerarios integrantes del pleno, con la finalidad de que dichas personas puedan ingresar a ese órgano y en específico sean adscritos a la ponencia bajo mi titularidad, a efecto de desarrollar de inmediato mis funciones” En contra de las normas internas de contratación y selección de personal, el exfiscal antidrogas pidió, en efecto, la inclusión a la nómina del TEDF de cuatro secretarios de Estudio y Cuenta permanentes, dos secretarios de Estudio y Cuenta temporales, dos secretarias auxiliares, un secretario privado, dos secretarios ejecutivos, cuatro mecanógrafos y la de un chofer Un días después, el martes 2, Bermúdez Molina envió un segundo escrito al presidente magistrado del TEDF, en el que le hace saber que el pasado 31 de marzo renunció a la FEADS y, de paso, le recuerda que con base en el artículo 23 del Reglamento Interno del Tribunal solicitó licencia el 19 de abril de 2001, “motivo por el que encontrándome dentro el tiempo establecido, he comunicado oportunamente mi reincorporación al cargo de magistrado numerario ante dicho órgano colegiado, el 16 de abril del año en curso” Ese mismo día, el expresidente el Tribunal, el magistrado Raciel Garrido Maldonado, remitió un escrito al magistrado Herrejón Silva –TEDF-PRGM-SEC-058/2003--, en el que objeta la reincorporación del exfiscal antidrogas porque “puede poner en riesgo la vida institucional del Tribunal de cara al proceso electoral” En su escrito, Garrido Maldonado expone que el ejercicio de sus funciones debe ceñirse, por imperativo categórico de la ley, al marco de los principios de certeza, independencia, imparcialidad, objetividad, equidad y profesionalismo: “La altísima misión para la que fuimos designados, exige, por tanto, una actitud de servicio, eficiencia, honestidad y transparencia de tiempo completo y a toda prueba “Sólo así –subraya--, es posible dotar de legitimidad nuestras decisiones y justificar la existencia de cuerpos electorales como el Tribunal que hemos venido construyendo día con día desde hace ya cuatro años ininterrumpidos” Con base en el artículo 101 constitucional que dispone que los altos funcionarios del Poder Judicial Federal no podrán, en ningún caso, aceptar ni desempeñar empleo o encargo de la Federación, de los estados, del Distrito Federal o de particulares, el magistrado Raciel Garrido fundamenta su negativa para votar en contra del regreso del exdirector de la FEADS Desde esa perspectiva, apuntala que las licencias laborales a las que tiene derecho todo servidor público “no pueden ser un medio para eludir la protesta que rendimos al asumir la investidura de magistrados ni, mucho menos, un salvoconducto para ir y venir de un órgano del poder público a otro” Recuerda que la licencia que se le autorizó a Bermúdez Molina fue únicamente para atender una tarea que le había encomendado el presidente de la República, según los términos de su solicitud, “sin que de ello se siga que la aprobación de dicha licencia se haya hecho para que el magistrado Bermúdez aceptara y desempeñara, como en la especie aconteció; de ahí que la aprobación de la referida licencia nunca haya buscado ese efecto, al menos por lo que hace a mi voto” En la parte final de su escrito, hace referencia también a las cartas que las directivas capitalinas de tres partidos políticos --PAN, PRI y Convergencia-- hicieron llegar al Tribunal, con un voto en favor del regreso del exfuncionario de la PGR, lo cual, en su opinión, “podría interpretarse como una afectación de los principios rectores de la función electoral Por todo ello, el magistrado Garrido pide a Herrejón Silva que su posición personal se lleve a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, “dado que la reincorporación del magistrado Estuardo Mario Bermúdez puede poner en riesgo la vida institucional del Tribunal durante el proceso electoral venidero” La salida de Bermúdez Molina de la PGR estuvo precedida, en efecto, de un gran escándalo: En enero pasado, agentes a su cargo comisionados en Tijuana, Baja California, fueron sorprendidos en flagrancia por elementos de las fuerzas armadas en posesión de casi cinco toneladas de marihuana y con dos presuntos narcos retenidos ilegalmente, a quienes pretendían extorsionar, A raíz de ese incidente, Macedo de la Concha declaró públicamente que la FEADS era un “muladar” Pero, no paró ahí, abrió una investigación en contra del exfiscal antidrogas, cuyos resultados no se dieron a conocer públicamente al menos, y anticipó su salida al anunciar el desmantelamiento de la Fiscalía En realidad, Macedo de la Concha nunca le tuvo confianza al excolaborador de Antonio Lozano Gracia en la PGR Desde su llegada, acotó sus funciones y lo marginó de los asuntos relevantes Así lo evidenció el propio Bermúdez al anunciar a los medios de comunicación su salida de la PGR antes que al general Macedo de la Concha El viernes 28 de marzo, en efecto, comió en sus oficinas con un reducido grupo de reporteros a quienes anticipó su decisión de renunciar a la FEADS --próxima a desaparecer del organigrama de la PGR--, y de reincorporarse al TEDF Un par de días después, el 31 de marzo, la PGR se cobró la descortesía al despedirlo con un último raspón informativo En un comunicado, la dependencia dio a conocer que de las 3 mil 093 averiguaciones previas que inició Bermúdez Molina solamente consignó penalmente 406 La PGR le atribuye también el desmembramiento del cartel de Neza que operaba en Ciudad Nezahualcóyotl, así como el de la organización criminal de Juan Diego Espinosa Ramírez “El Tigre” El primer dato es inexacto Quienes detuvieron a la banda jefaturada por Delia Buendía Gutiérrez “Ma Baker” fueron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, según información obtenida por el reportero Por cierto, el lugarteniente de ésta, Carlos Morales Gutiérrez, cuyo padre y hermano trabajaban en la SSP, sigue prófugo Es más, uno de los principales testigos protegidos de la PGR, José Félix de la Rosa, confesó que agentes de la FEADS brindaban protección a la banda de “Ma Baker” y, más aún, dijo que dentro de la oficina del procurador Macedo de la Concha “la organización contaba con un padrino”, “un secretario de Macedo” que, dijo, podía sacarlos “de cualquier apuro” (Proceso 1348) Salpicado por el narcotráfico y precedido del abierto respaldo de tres fuerzas políticas capitalinas, el exjuez Mixto de Paz y Penal, exdirector de Control de Procesos y excoordinador general de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales –estos últimos cargos en la época en que Antonio Lozano Gracia, su amigo, fue titular de la PGR--, regresará al Tribunal y desde ahora se prevé que a él le tocará resolver el caso de la venta de plazas en el PAN del Distrito Federal, una vez que la Comisión de Fiscalización del Instituto Electoral falle sobre el asunto