Dividir a ONG y familias, estrategia en caso Muertas de Juárez
* La Procuraduría busca silenciar las presiones
México, D F, (apro)- Incapaz de resolver los persistentes homicidios de mujeres en Juárez, la Procuraduría de Justicia de Chihuahua puso en marcha una estrategia distinta y que nada tiene que ver con el esclarecimiento de los crímenes: Busca dividir a las familias de las víctimas y a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan con éstas, cuyos reclamos de justicia son, igual que esos asesinatos, crecientes
Utiliza acusaciones y denuncias judiciales contra algunas activistas sobre el manejo de recursos de las ONG para poner a funcionar su maquinaria y armar expedientes contra miembros de los organismos que más han cuestionado la capacidad del gobierno de Patricio Martínez para esclarecer los homicidios
En opinión de las propias involucradas, el gobierno busca restarles fuerza a los reclamos para que esclarezca los crímenes y pretende dirigir la información de éstos, cuyos esfuerzos hasta el momento son infructuosos ante la cada vez mayor y más extendida atención internacional del asunto
Ya bien coptandolas o si no hostigándolas, las familias de las víctimas o las activistas de las ONG se convirtieron en el objetivo de la estrategia de la Procuraduría… la cual empieza a dar resultados
Por ejemplo, algunas familias de víctimas han denunciado judicialmente a las dirigentes de la agrupación “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”, por un presunto desvío de fondos de apoyo provenientes del extranjero para dicha agrupación
Las dirigentes, a su vez, identifican que el gobierno de Patricio Martínez está detrás de esas señoras que hoy las acusan En un pronunciamiento del 6 de abril último, “Nuestras Hijas…” señalan: “Nos llena de indignación la burda maniobra por parte del gobierno, al emprender acciones tan mezquinas con el afán de enfrentar a las madres de las asesinadas Esto constituye para nosotras la mayor bajeza al querer desviar el tema central, con el afán de centrar la atención a un asunto que por supuesto es más espectacular, como acusar a alguien de un desvío de fondos y descuidar lo verdaderamente importante y que debe ocupar todos nuestros esfuerzos, que es la búsqueda de soluciones a los asesinatos de mujeres y lograr transitar libremente sin riesgo de perder la vida”
Marisela Ortiz, una de las acusadas, explica a “Apro” que la organización no recibe recursos del extranjero y los únicos que se recibieron, fue un boleto de avión para viajar a Washington, cuando dirigentes y madres viajaron a la ONU
“Hemos recibido recursos de apoyo, por ejemplo, de algunos diputados, pero son cosas específicas como un boleto de avión o recursos para determinada campaña y nos quedamos nuevamente sin dinero, porque la organización no tiene propósitos de recaudación de fondos, no es que nos llegue el dinero y hagamos un mal manejo de él Incluso, yo pongo una tercera parte de mi salario para la agrupación, porque no tenemos ingresos fijos”, explica la maestra Ortiz, quien participa en estas actividades desde que su alumna Lilia Alejandra García fue brutalmente asesinada y violada
El organismo aseguró que Angela Talavera, fiscal de crímenes de mujeres, pretende coptar a las familias con pagos de 900 pesos quincenales, automóvil y ayudas diversas; y ha presionado a varias familias para que se adhieran a la nueva organización “Integración de Madres por Juárez”, que encabeza Benita Monárrez Salgado, madre de una de las víctimas y quien presentó la denuncia contra Marisela Ortiz y Rosario Acosta, dirigentes de “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”
Marilú García, hermana de Lilia Alejandra, aseguró que “la fiscal Talavera le ofreció un pago quincenal de 900 pesos y un carro de cuatro cilindros, sólo por pertenecer a la organización que encabeza Benita Monárrez y acudir una vez a la semana a las reuniones de dicha agrupación”
Ortiz consideró que “Integración de Madres por Juárez” es una agrupación que surge de la propia Procuraduría de Chihuahua, con el fin de tener un organismo “de representatividad” que trabaje con el gobierno y que no lo cuestione
El procurador Solís Silva afirmó que las acusaciones de sueldos y donaciones a las familias son falsas y de mala fe, pero resultó notorio que Manuel Esparza, vocero de la Fiscalía de Homicidios de Mujeres, declarara que “está completamente demostrado que existe una ONG que lucra con el dolor de las víctimas y con sus familiares”
Aunque es el caso más reciente, sin embargo, no es el único Esther Chávez Cano, directora de “Casa Amiga”, otra agrupación de ayuda, ha sido frecuentemente hostigada y amenazada de muerte Con el arribo del gobierno de Martínez, coincidentemente, llegaron las presiones y las amenazas para Chávez Cano
Diversas agrupaciones pidieron a la OEA que hubiera medidas cautelares para preservar la seguridad de Chávez Cano y para la de Oscar Máynez, exjefe de peritos de la Procuraduría, investigador que no se prestó a las maniobras de la PGJ para construir las acusaciones contra dos choferes detenidos a partir de los casos de los 8 cuerpos encontrados en El Algodonal, en noviembre del 2001
La directora de “Casa Amiga” fue hostigada y persistentemente amenazada de muerte “Apro” tuvo conocimiento de que un funcionario gubernamental le pidió a un familiar de Chávez Cano, que la convencieran de que “ya se retirara a una vida más tranquila, no le vaya a pasar algo”
También Chávez Cano –quizá la activista con más tiempo en el asunto de las mujeres de Juárez-- ha sido acusada por otro supuesto desvío de fondos, mediante señalamientos públicos Extrañamente, en esos días, una colaboradora de “Casa Amiga” fue asesinada a las puertas de la organización, aparentemente por la expareja de la occisa
En su momento, Victoria Caraveo, dirigente de “Mujeres por Juárez” también sufrió un periodo de hostigamiento, cuando continuamente aparecían animales muertos en la puerta de su casa
Actualmente dirige el Instituto Estatal de la Mujer y también ha sido confrontada por “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”, quienes consideran que la campaña proviene del Instituto
Caraveo precisó al reportero que nada tiene que ver con el asunto, ya que ella misma proviene de una organización civil, y reconoció que existe un proceso de descomposición en la relación de las diversos organismos civiles, lo cual conviene a intereses que desean verlas confrontadas
UN OSCURO PERSONAJE
Sin duda, un activo que en Juárez influyó para que Patricio Martínez obtuviera la victoria electoral en 1998, fue su promesa para esclarecer los homicidios y detener a los culpables Sin poder detener este fenómeno social, Martínez designó a José de Jesús Solís Silva como su segundo procurador
Con su particular estilo de procurar justicia, Solís puso en marcha diversas acciones, entre ellas dividir el número de crímenes de mujeres, entre aquellos en los que existen indicios de ataque sexual, los cuales son atendidos por la Fiscalía y los otros donde no haya violencia sexual, que son atendidos por el grupo de homicidios de la subprocuraduría de Justicia zona norte, por lo cual ahora las cifras oficiales son unas cuantas decenas de homicidios
Otra estrategia de Solís fue la de presionar a los grupos civiles que han cuestionado, incluso chocado con el gobernador Martínez, cuyos guardaespaldas ya han agredido físicamente a las mujeres en una manifestación celebrada en Chihuahua, el año pasado
El operador de la estrategia se llama Eduardo Fernández Ponce, quien ha jugado una suerte de asesor del procurador, publirrelacionista y representante o “enlace” de la dependencia ante las ONG
Incluso, Fernández ha sido incluido en la comitiva de la Procuraduría estatal de la delegación mexicana en las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de los Estados Americanos, donde se han discutido los homicidios de mujeres en Juárez
Adriana Carmona López, abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, relata la amonestación que recibió la delegación mexicana en la CIDH por la pretensión del procurador Solís y de su asesor Fernández Ponce de grabar las sesiones, que son privadas y en las cuales está prohibido grabar por regirse por las normas diplomáticas
Cuando transcurría la sesión de la CIDH del 18 de octubre del 2002, un funcionario de la Comisión se acercó al presidente Juan Méndez; le entregó un papel y le hizo un comentario al oído Méndez de inmediato interrumpió la sesión:
“Me están informando que un miembro de la delegación mexicana está grabando la sesión y debo informarles que eso está prohibido, si ustedes desean una versión de la sesión la deben solicitar”, dijo el presidente de la CIDH
Fernández Ponce era el miembro de la delegación que, bajo su saco, tenía una grabadora de casete con la cual estaba grabando las posiciones de la parte acusadora (las ONG) y de la Procuraduría