En materia de ejercicio del gasto, el gobierno de Vicente Fox salpicó su primer año, 2001, con toda suerte de anomalías, irregularidades y abusos Prácticamente todas las dependencias del gobierno del cambio, de la transparencia y de la honestidad salieron manchadas, de acuerdo con la revisión de la cuenta pública de ese año hecha por la Auditoría Superior de la Federación, cuya versión completa fue obtenida por Proceso Caso especialmente desastroso fue el de la Secretaría de Hacienda, conducida nada menos que por el implacable, puntilloso y rígido Francisco Gil Díaz Pese a su marca empresarial y a su compromiso de transparencia y honestidad, el gobierno de Vicente Fox resultó peor administrador de los recursos que sus antecesores del PRI, según la revisión de la cuenta pública de 2001 realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de la que apenas se dieron a conocer los aspectos más generales el 31 de marzo La ASF revisó el gasto de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero fue en el primero en el que detectó las anomalías con mayor impacto económico La sola cifra que representa el total de las irregularidades es un escándalo: 339 mil 451 millones de pesos, cantidad 11 veces superior a los 29 mil 975 millones que arrojaron las auditorías correspondientes al último año del gobierno de Ernesto Zedillo En la mayoría de los sectores del Ejecutivo auditados se encontraron prietitos en el arroz, aunque llamaron especialmente la atención los casos de Hacienda, Gobernación, Defensa Nacional, Seguridad Pública y Desarrollo Social, por el monto y el tipo de irregularidades Rompe la marca de malos manejos el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) ?secuela del Fobaproa?, en la órbita de la Secretaría de Hacienda (SHCP) En la Secretaría de Gobernación fueron pagados indebidamente 161 millones de pesos, por concepto de prestaciones laborales de los servidores públicos adscritos a la dependencia Además, se otorgó un donativo a una asociación civil ?no identificada? por casi 800 mil pesos En total, a Gobernación se le formularon siete observaciones, con un impacto económico de 241 millones de pesos En el Instituto Nacional de Migración se adjudicaron servicios sin licitación por 47 millones de pesos, y no hubo al respecto explicación alguna Fueron expedidos cheques por 137 millones de pesos a personas distintas a las que prestaron el servicio Y se remitieron recursos a la delegación de Chiapas por 517 millones de pesos, de los cuales una quinta parte no se comprobó Notimex tuvo manejos dudosos por 354 millones de pesos Las irregularidades: llamadas de larga distancia sin el contrato respectivo (418 millones); "contratación por honorarios profesionales" de 80 personas, de las cuales no se localizó expediente alguno (167 millones); no retención de impuestos por 215 millones de pesos a 65 personas, y pagos sin comprobar por 115 millones de pesos Al sector Hacienda le fueron practicadas 56 auditorías, entre las cuales 13 correspondieron a la SHCP, una al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), una al Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), una al Banco Nacional de Comercio Interior (BNCI), dos al Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural), siete al IPAB y cuatro a la Lotería Nacional Todas las instituciones auditadas salieron con malas cuentas, de acuerdo con el informe de la ASF El colmo: Ni para autoevaluarse se pusieron de acuerdo las secretarías de Hacienda y de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, que tienen a su cargo los indicadores del Sistema de Evaluación del Desempeño del gobierno federal Hacienda y Secodam, dice el informe de la ASF, "no validaron conjuntamente los indicadores estratégicos y los de gestión, lo que impidió articular y alinear dichos parámetros, propiciando su multiplicidad y desequilibrio" Otra perla: Hacienda dejó de ejercer 347 miles de millones de pesos, es decir, gastó menos que lo autorizado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2001 La ASF explica este subejercicio por la reducción registrada en los ingresos petroleros, que obligó a ajustar el presupuesto a la baja En especial, fue el gasto no programable el que dio cuenta de la mayor parte del subejercicio, en particular en los renglones del costo financiero de la deuda, donde el "ahorro" alcanzado fue de casi 15 mil millones de pesos, por las menores tasas de interés internas y externas Una historia poco conocida es la evolución de la propuesta foxista de transformar el Patronato del Ahorro Nacional (Pahnal) en el Bansefi La ASF se asomó al inicio de ese proceso y observó que el consejo directivo del Pahnal se extralimitó en facultades para autorizar la jubilación anticipada de 26 empleados, que no alcanzaban a cubrir los 55 años de edad, conforme a las Condiciones Generales de Trabajo, y contó con la opinión favorable del Órgano Interno de Control en ese organismo público descentralizado Además, se verificó que del gasto autorizado por 393 millones de pesos para los trabajos de transformación en Bansefi, el Pahnal sólo comprobó 104 millones, parte de los cuales ejerció antes de que se publicara la Ley Orgánica del Bansefi Así mismo, señala la ASF, la SHCP autorizó al Pahnal un presupuesto deficitario de 1232 millones de pesos El caso del Banco Nacional de Comercio Interior (BNCI) es similar: no cumplió con las disposiciones legales y normativas ni con las funciones encomendadas relativas a su operación y posterior liquidación "Por la deficiente administración del banco ?apunta el informe de la ASF? se han presentado irregularidades recurrentes, entre las que destacan: deficiencias en el otorgamiento y administración de la cartera de crédito, así como en la aplicación de los Programas de Apoyo a Deudores de la Banca, e incumplimiento de las obligaciones fiscales, observándose una falta de supervisión eficiente y eficaz de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)" Otra vez los bancos Como su antecedente, el Fobaproa, el IPAB operó con una serie de irregularidades, establece la ASF Uno de los programas revisados fue el de Capitalización y Compra de Cartera, encontrándose que, en los casos de Bancomer, Banorte y Bital, funcionó sin reglas de operación que le permitieran regular sus actividades y aprobar los apoyos a los bancos de manera racional, lo que ocasionó discrecionalidad en sus decisiones y abuso en sus facultades Las cifras de las anomalías en Bancomer son de vértigo Se detectaron intereses moratorios que no debieron considerarse (mil 781 millones de pesos), créditos que no se ajustaron a las "Bases para la Capitalización" (683 millones), (197) créditos relacionados, es decir, los otorgados a accionistas del mismo banco (mil 192 millones) y créditos en litigio (10 mil 837 millones de pesos) Estos montos se habían multiplicado hasta tres veces al 31 de diciembre de 2002, a causa de los intereses Es de notarse que más de la mitad del monto de los créditos relacionados corresponden a Sidec-Sinam-Situr, el famoso conglomerado de los Martínez Güitrón, clan jalisciense apalancado en tiempos del salinismo La historia se repite en Banorte y Bital En el primero, hubo también créditos irregulares (794 millones de pesos), (87) créditos relacionados (1004 millones) y otros 24 del mismo rubro por 466 millones de pesos, otorgados a consorcios de los Martínez Güitrón, además de créditos en litigio (957 millones) En Bital, saltaron a la vista intereses moratorios indebidos (704 millones), créditos irregulares (670 millones) y créditos en litigio (4 mil 383 millones de pesos) En resumen, las irregularidades en los tres bancos llegaron a 23 mil 881 millones de pesos, a valor histórico, que al 31 de diciembre de 2002 eran ya casi 60 mil millones de pesos El Banco del Atlántico es un escándalo aparte Además de incurrir en el mismo tipo de desviaciones que las citadas instituciones bancarias, hubo otras que exhiben la permisividad de Hacienda con los bancos Según la ASF, "no se tuvo evidencia de la autorización de la SHCP para que Bital pudiera acceder a la información de los clientes de Atlántico, ni para la cesión de activos y pasivos de las sucursales, ni tampoco para cerrar las sucursales, ni tampoco del registro de 13 sucursales" Igualmente, "no se tuvo evidencia documental de los resultados de las auditorías legal y contable a que se refiere la Ley de Protección al Ahorro Bancario, lo que impidió que la ASF evaluara la conclusión del proceso de saneamiento financiero de Atlántico, efectuado por el IPAB, por lo que se programará una auditoría que será presentada en el Informe del Resultado sobre la Revisión de la Cuenta Pública de 2002" Los velos de Hacienda Los resultados de la revisión del Sistema de Administración Tributaria (SAT) refuerzan las evidencias de que las cuentas que corren bajo el techo de Hacienda son turbias Por ejemplo, en el rubro de "Recaudación de Ingresos por Derecho de Trámite Aduanero", la ASF descubrió que no fueron reportados a la Tesorería de la Federación ¡2 mil 250 millones de pesos!, parte de los cuales se pagaron a la empresa Integradora de Servicios Operativos, SA de CV (Isosa), a través de un misterioso fideicomiso en Nacional Financiera, institución controlada por Hacienda, claro Según el reporte de auditoría de la ASF, se pagaron 115 millones de pesos por la contraprestación de los servicios del segundo reconocimiento aduanero correspondiente a más de 2 millones de pedimentos de exportación que no fueron objeto de dicho servicio Además, el Fideicomiso Aduanas 1 núm 954-8 en Nafin pagó facturas a Isosa por 7643 millones de pesos, por los servicios de procesamiento electrónico de datos, sin cubrir los requisitos fiscales El SAT, continúa el informe de la ASF, "no proporcionó información del Fideicomiso Aduanas, ni de la empresa Isosa, señalando que éstos manejan recursos privados" Tampoco Nafin "proporcionó la información solicitada sobre las operaciones del fideicomiso e Isosa, argumentado estar sujeta al secreto bancario" Isosa, por supuesto, "no proporcionó la información solicitada de sus operaciones, señalando que es una empresa que maneja recursos privados" El espeso velo sobre Isosa puede explicarse por la presunta participación de Gil Díaz en la empresa, según sugirió el diputado priista Víctor Infante "Hay altos funcionarios de Hacienda involucrados; incluso se habla de alguna responsabilidad del secretario Francisco Gil Díaz", declaró el diputado Nafin también incurrió en irregularidades No cumplió con la instrucción de la SHCP de desendeudarse y, por el contrario, contrató deuda interna por casi 30 mil millones de pesos cuando no tenía autorización para hacerlo Igual, no registró correctamente en sus estados financieros los saldos de los créditos autorizados pendientes de disponer, que fueron por 145 miles de millones de pesos; esta irregularidad no fue detectada por la CNBV, a pesar de que era un requisito exigido por esta comisión para la banca de desarrollo La causa de lo causado La ASF evaluó también a la Secodam, precisamente en lo que se refiere al Programa Nacional para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Y encontró fallas: En la revisión de la detección de conductas irregulares que sirvió de base para determinar áreas críticas de corrupción, se encontró que "no se hace distinción entre las causales de corrupción, que son la raíz del problema, y los efectos, que son una manifestación del mismo, otorgándoles a ambos igual valor, aun cuando su impacto y tratamiento es distinto, por lo que se recomendó evaluarlos de manera distinta, ya que eliminar la causa significa acabar con el problema, en tanto que eliminar el efecto no implica la desaparición de lo que lo origina" En cuanto a las "areas críticas", se observó que éstas "no fueron seleccionadas bajo criterios homogéneos, ya que mientras en algunas dependencias y entidades se señalan como áreas críticas actividades propias del ente, en otras se indican las unidades administrativas sin referir actividad" Tampoco se revisaron instituciones "con alto riesgo de corrupción, como el Sistema de Bienes Asegurados y el Banrural, sin que existieran criterios específicos para ello" Aún más: La Comisión para la Transparencia y el Combate a la Corrupción ni siquiera sesionó en los tiempos establecidos en el Acuerdo que le dio origen, lo que impidió evaluar el programa correlativo en el momento adecuado Para determinar el impacto del Programa Nacional de Combate a la Corrupción con base en la opinión de la ciudadanía, la ASF realizó una encuesta a 3 mil 500 usuarios de servicios públicos de dependencias y entidades, con los resultados siguientes: Respecto de la honradez del gobierno federal en comparación con el anterior, se determinó que 483% de los encuestados lo considera igual o más honrado que el anterior; en tanto que 474% estima que es igual o más deshonesto que el pasado, y 43% no respondió Lo anterior implica, dice el informe de la ASF, que en la percepción de la ciudadanía no se observa una situación de mejora, sino prácticamente un equilibrio entre quienes consideran estar igual o mejor que antes y aquellos que dicen estar igual o peor En relación con la orientación a usuarios, se observó que en un tercio de las dependencias y entidades no se informa claramente de los trámites que deben realizarse, "lo cual resta transparencia a la acción pública frente a los usuarios" Se detectó que de cada tres ciudadanos que acuden a oficinas federales a realizar trámites, uno no pudo realizarlos por falta de actualización de la información disponible o por la acción de un servidor público que lo obstaculizó" Además, casi 80% de los encuestados consideró que en los dos últimos años el número de trámites "no se ha modificado o incluso se ha incrementado, lo que implica menor eficiencia en la atención a la ciudadanía y puede dar lugar a falta de transparencia" Las armas y la Sedena La ASF tocó de pasadita a una de las dependencias del Ejecutivo que se maneja con mayor secrecía, la Secretaría de la Defensa Nacional Revisó el Registro Federal de Armas y descubrió que las cifras no cuadran: De acuerdo con la información proporcionada para la auditoría, de 1973 a diciembre de 2002 la Sedena tenía registradas 4 millones 492 mil 692 armas; sin embargo, los informes mensuales y trimestrales sobre la emisión de licencias y permisos, así como los de registro de armas de fuego, que son remitidos al Estado Mayor Presidencial y a la Inspección y Contraloría General, consignaron que de 1972 a diciembre de 2001 únicamente se hallaban registradas 2 mil 121 mil 384 armas Para 2000 y 2001, el proceso de expedición de las manifestaciones de posesión de armas de fuego no se actualizó en el registro, ya que se efectuaron 94 mil 135 movimientos de armas y sólo se registraron 62 mil 397, teniéndose un rezago de registro de 31 mil 738 movimientos, de los que no fue posible determinar cuáles correspondían a 2001 Peor aún, la Sedena no estableció indicadores estratégicos en materia de posesión y portación de armas de fuego, así como respecto de la fabricación, comercialización, almacenamiento y transportación de armas de fuego, cartuchos, municiones, explosivos, agresivos químicos y material estratégico El reporte de la ASF recomienda que la Sedena "tome medidas inmediatas para llevar a cabo el control y vigilancia que en materia de armas de fuego y explosivos establece la ley Actualmente opera con sistemas obsoletos, basados en listados no estructurados en medios magnéticos, que le impiden generar estadísticas confiables y oportunas, limitando así la adecuada toma de decisiones" La Sedena "no lleva a cabo acciones que le permitan estimar el número de las armas de uso exclusivo del Ejército que se encuentran en poder de particulares, ni realiza acciones preactivas para que los particulares registren sus armas o bien para desincentivar su adquisición y posesión"