México, D F- Por un presunto fraude cercano a los 500 millones de pesos, producto de licitaciones irregulares que beneficiaron a empresas nacionales y extranjeras a las que la Policía Federal Preventiva (PFP) compró autos patrulla y otros equipos, diputados panistas presentaron una denuncia contra el Oficial Mayor de la corporación Gerardo Pérez Rocha, ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) La acusación fue presentada por el diputado local del PAN, Federico Mora Martínez en compañía José Luis Moya, asesor del también legislador panista Salvador Abascal Según Moya, la documentación que presentaron ante la SFP (antes Secodam) incluye una investigación, hecha en los primeros tres meses del 2002 por el entonces contralor Francisco Barrio, sobre denuncias similares interpuestas por varias empresas que perdieron la licitación de autos patrulla para la PFP De acuerdo con las pesquisas, los empresarios se percataron de diversas irregularidades cometidas supuestamente por Pérez Rocha y otros funcionarios del Estado Mayor de la Federal Preventiva El expediente que entregaron Moya y Federico Mora es un grueso expediente en el que obran al menos dos resoluciones emitidas por la desaparecida Secodam reconociendo que no se cumplieron todos los requisitos y que además se hicieron adjudiciaciones indebidas Debido a esas irregularidades la entonces Contraloría pidió a la PFP mediante una resolución, que no circularan las patrullas adquiridas ya que tenían equipo incompleto y el que se les había instalado no cumplía con los requisitos para que las unidades patrullaran las calles Mediante un oficio –el DG/3122/100/2003—el oficial mayor de la PFP manifestó su desacuerdo con la resolución de la Secodam al considerarla excesiva, no apegada a derecho y sobre todo “de graves consecuencias” para la corporación en sus funciones de salvaguardar la seguridad pública nacional, por pedir que las patrullas no circularan El oficio quedó integrado en el expediente número 563/2002 en el que la Secodam responde que la responsabilidad por haber cometido actos irregulares es únicamente de quien los llevó a cabo y que, en todo caso, la PFP y en particular el funcionario que decidió las compras, serán los únicos responsables de las consecuencias de los mismos No es la primera vez que Moya participa en este tipo de denuncias, pero sí es la primera en la que contribuye, en la que la parte acusada es una instancia federal, además de filiación panista Antes, el asesor de Abascal Carranza, tuvo participación en denuncias contra el gobierno del Distrito Federal, en específico contra el oficial mayor Octavio Romero Oropeza por presuntas irregularidades en la compra de calzado para los trabajadores de la administración local Sin embargo, esa acusación, presentada ante la contraloría capitalina no procedió pues se comprobó que la adjudicación directa que realizó el oficial mayor garantizaba ahorros de más de 100 millones de pesos al gobierno local y los zapatos eran de mejor calidad 30/04/03