Figura central del famoso Pemexgate, Rogelio Montemayor espera permanecer todavía durante un buen tiempo en Estados Unidos Sus abogados defensores aseguran que el juicio de extradición va para largo y que al final podrían ganar el caso Washington- El gobierno del presidente Vicente Fox da como un hecho la extradición de Rogelio Montemayor Seguy Tan seguro está que, en círculos de la Procuraduría General de la República (PGR), se maneja ya una fecha para el traslado del exdirector de Pemex a México: Será a principios de 2004, entre enero y febrero, de acuerdo con los tiempos que marca el juicio en la Corte Federal de Houston, Texas, a cargo de la jueza Marcia Crone Sin embargo, el representante legal de Montemayor en Estados Unidos, Mike DeGeurin, aclara que la extradición no será tan sencilla: “La mitad de los cargos del gobierno de México contra el señor Montemayor tendrá que ser desechada”, asegura en entrevista telefónica “Ésta es una disputa política”, sostiene La audiencia de extradición de Montemayor está fijada para el lunes 18 de agosto próximo La PGR dice que no habrá aplazamientos Sin embargo, DeGeurin explica que esa audiencia se aplazará porque para entonces la Procuraduría no habrá proporcionado a las autoridades estadunidenses la documentación necesaria para fundamentar su demanda “No tienen validez los cargos relacionados con los tres acuerdos laborales firmados cuando el doctor Montemayor era director (de Pemex), y que bajo las leyes mexicanas constituyen un delito” Montemayor es acusado de haber desviado ilegalmente 2 mil 90 millones de pesos de Pemex a las arcas del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM); 500 millones fueron a parar al PRI para financiar la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa “Esa audiencia ya no se aplazará, será la definitiva”, dice a Proceso un funcionario del gobierno de México involucrado en el litigio “Esto nos lo han garantizado la Corte y el Departamento de Justicia” El juicio puede durar varios días La PGR está segura de que la juez Crone ordenará la extradición inmediata de Montemayor: “No tendría por qué ser lo contrario; conforme al Tratado de Extradición, se ha cumplido con todos los requisitos que pedía Estados Unidos para proceder”, asegura el funcionario mexicano, que habló a condición de no ser identificado El Departamento de Justicia de Estados Unidos secundó esa impresión: “Los fiscales encargados del caso ya entregaron a la jueza Crone los documentos en los que se sustenta la acusación contra el señor Montemayor de dos delitos tipificados en ambos países: Peculado y uso indebido de atribuciones y facultades”, dice un vocero de la dependencia La ausencia de esos documentos hizo que el abogado DeGeurin consiguiera que la audiencia del juicio de extradición se cambiara para el 18 de agosto, cuando originalmente estaba fijada el 18 de febrero último, y augura que por el mismo motivo lo logrará una vez más Dice el abogado: “El retraso de la audiencia fue causado por la oposición de la PGR a cumplir nuestra petición de examinar todos los expedientes en México De éstos, la PGR seleccionó algunos documentos para presentarlos Si se nos sigue negando el acceso a los expedientes, puede haber futuros aplazamientos” A solicitud de la PGR, en la audiencia “definitiva” el Departamento de Justicia argumentará que los dos cargos contra Montemayor están tipificados en ambos países, como lo requiere el Tratado de Extradición, y que pueden ser castigados con una sentencia no menor de 12 meses de cárcel El vocero del Departamento de Justicia afirma que la audiencia del 18 de agosto no se aplazará y que “la jueza tendrá que dar su fallo final Además, el caso está vigente y continúan realizándose investigaciones” Pero la defensa del exdirector de Pemex confía en que saldrá avante porque insistirá en que las acusaciones están motivadas por “intereses políticos” y que, bajo el mismo acuerdo bilateral, “los delitos políticos no son materia de extradición” El abogado de Montemayor adelanta que “en la audiencia demostraremos que las acusaciones están respaldadas por documentos seleccionados por la PGR, que presentan verdades a medias” Hay tanta confianza en el equipo legal que encabeza Mike DeGeurin que éste asegura que su cliente continúa buscando un permiso de trabajo en Estados Unidos: “Hay algunas universidades interesadas en contar con los servicios de Montemayor” Aunque no lo dicen, los dos gobiernos interesados en proceder legalmente contra Montemayor ya están tomando en cuenta el próximo movimiento de DeGeurin, que podría ser una apelación a la orden de extradición de su cliente Según la PGR, el juicio de la apelación duraría unos seis meses En este cálculo se basa el gobierno de Vicente Fox para pronosticar que la extradición se consumaría a principios de 2004 Los polémicos convenios En un correo electrónico que envió a este corresponsal, DeGeurin afirma: “Debe destacarse que, a pesar de las acusaciones de la PGR de que los acuerdos con el sindicato eran ilegales bajo las leyes mexicanas, el Congreso de México y otras autoridades mexicanas han determinado, desde entonces, que los convenios fueron válidos y legales” Señala que los documentos que no ha entregado la PGR a la Fiscalía en Houston, contradicen el argumento de la PGR de que los convenios no fueron aprobados por el Consejo de Administración de Pemex: “Algunos no necesitaban la aprobación del Consejo de Administración Por tanto, en la audiencia se demostrará que simplemente son erróneas muchas de las otras afirmaciones” Según el expediente del caso que entregó la PGR al Departamento de Justicia —en poder de Proceso—, mediante el primer convenio, firmado el 8 de junio de 2000, Montemayor dio al STPRM 350 millones de pesos como “donativo” y por “adeudos derivados del contrato colectivo de trabajo” De ese total, 153 millones de pesos se consideraron como un donativo; los otros 197 millones fueron para cubrir los adeudos de Pemex por violaciones al contrato colectivo de trabajo El gobierno mexicano señala que se trata de una ilegalidad porque “Pemex tiene prohibido hacer donativos, excepto en especie”, por ejemplo, uniformes o equipo deportivo para los empleados, pero “nunca dinero en efectivo” También argumenta que las cláusulas del contrato colectivo de trabajo “establecen que no había ningún adeudo pendiente” Además, el contrato colectivo, que se firma cada dos años, consignó que (en 2000) las partes estaban satisfechas En el segundo convenio, del 5 de junio de 2000, Pemex dio al STPRM 640 millones de pesos para que “enfrentara diversos juicios” De esos 640 millones, 500 millones terminaron en el PRI; los otros 140 no se sabe dónde quedaron Pemex dio el dinero para que el sindicato saliera avante de un “número no determinado de procesos legales”, dicen los documentos de la acusación Pero aclaran que, en todo caso, las demandas laborales las tendría que enfrentar directamente Pemex y no el STPRM “No había juicios, fue un concepto inventado, porque en todo caso las demandas serían contra el patrón y no contra el sindicato”, explica el funcionario mexicano Según el gobierno mexicano, Montemayor cometió otra ilegalidad al autorizar la salida del dinero “Pemex no está autorizado para hacer préstamos; no es un banco” La PGR asegura que los otros 140 millones “fueron recibidos por los dirigentes del STPRM y los depositaron en una cuenta bancaria”, que ya no tiene fondos Está comprobado que el dinero se depositó originalmente en la cuenta número 559-01859-7 del Banco Mercantil del Norte (Banorte), en una de sus sucursales de la Ciudad de México, a nombre del sindicato La cuenta, ya sin fondos, fue asegurada por la PGR y se sospecha que el dinero se envió a una cuenta bancaria en Nueva York Con la firma del último convenio, el 11 de septiembre de 2000, Montemayor autorizó la entrega al STPRM de mil 100 millones de pesos por concepto del pago de adeudos del contrato colectivo de trabajo y otra para cubrir los gastos sindicales por juicios “Inexplicablemente”, de los mil 100 millones de pesos que recibió el sindicato, 640 millones “se abonan como parte del préstamo del 5 junio”, indican los documentos El funcionario mexicano entrevistado dice que fue una “operación rara porque el sindicato le dice a Pemex: Quédate con 640 millones de pesos de este préstamo para cubrir el crédito del 5 de junio” Los 460 millones de pesos restantes sí se entregaron “en efectivo” al sindicato; de éstos, 390 millones se transfirieron de una cuenta bancaria en Banorte a una del Chase Manhattan en Nueva York El dinero lo “aseguró” el gobierno de Estados Unidos a solicitud del de México La suma era originalmente de 39 millones de dólares, pero, sumados 4 millones de intereses, ascendía a 43 millones de dólares; el resto de la segunda parte del crédito se quedó en México, 80 millones de pesos La cuenta asegurada está en Flushing, Nueva York, abierta a nombre de Donaldson Lufkin & Jerrette, división de Afin Securities International Ltd, y Pershing/Credit Suisse/Banorte La PGR explica que los fondos se transfirieron usando como intermediarias a corredurías neoyorquinas Las transacciones fueron autorizadas el 9 de octubre de 2000 por Luis Ricardo Aldana Prieto, tesorero del STPRM La dirección de Pemex justificó la tercera entrega —la más grande— bajo el argumento de que de los mil 100 millones, 850 serían para cubrir “adeudos por violaciones al contrato colectivo de trabajo”, mismo concepto que usó en el primer convenio En los documentos entregados por México al Departamento de Justicia, se sostiene que en el contrato colectivo de trabajo las cláusulas definen una satisfacción entre las dos partes (trabajador y empleador) “En el convenio de septiembre se repite el concepto, pese a que ya con el de mayo Pemex había, supuestamente, saldado los adeudos de las violaciones al contrato colectivo de trabajo Es un pago ilegal” La acusación del gobierno mexicano contra Montemayor es contundente: “La disposición indebida de dinero que fue pagado al sindicato está fuera de los objetivos legalmente establecidos en el presupuesto de Pemex” Esa disposición de dinero constituyó el delito de peculado En ese punto, DeGeurin refuta: “Ni siquiera se tiene la seguridad de que el peculado sea un delito en Estados Unidos Aquí se discute un asunto civil que se refiere a un acto de negligencia, no es una acción delictiva Por ese hecho, están todavía más obligados a demostrar que no es un acto político el que promueven contra Montemayor” La PGR sostiene, sin embargo, que nunca hubo autorización para los pagos y que se hicieron sin cumplir con la normatividad Las transferencias tenían que haber sido aprobadas por el Consejo de Administración de Pemex Los coacusados La juez Crone tiene en su poder las declaraciones por escrito que entregó el exdirector de Pemex a la PGR, así como ejemplares de la Ley Orgánica de Pemex, la Constitución General de la República, el Código Penal Federal, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico, la Ley Federal de Entidades Paraestatales, entre otros documentos Los tres convenios tienen la firma de Rogelio Montemayor Seguy, así como la de sus colaboradores más cercanos, acusados de los mismos delitos: Carlos Fermín Juaristi Septién, director corporativo de Administración; Juan José Domene Berlanga, director corporativo de Finanzas; Julio Pindter González, director corporativo de Relaciones Laborales; José Alberto del Corazón de Jesús Gheno Ortiz, gerente de Control Presupuestal, y Manuel Gómez Peralta Damirón, que ya está enfrentando un proceso en México Fuera de este último, el resto es prófugo de la justicia El gobierno mexicano busca en Estados Unidos a los fugitivos; de esto se encarga la Interpol de los dos países Aunque no están ubicados en territorio estadunidense, la PGR considera que pronto lo estarán, pues “empiezan a cometer errores” Dos de ellos han solicitado al Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) la expedición de visas de trabajo En los últimos meses de 2002, Domene Berlanga pidió una visa de trabajo para prestar sus “servicios profesionales” a la empresa FITEC con domicilio en Memphis, Tennessee El SIN le negó la visa al descubrir que era un fugitivo de la justicia mexicana, buscado por la Interpol “No se le arrestó porque no hubo manera de ubicarlo”, cuenta la fuente mexicana consultada por el corresponsal “Pidió la visa a través de una firma de abogados y ésta, escudada por las leyes de confidencialidad, no está obligada a divulgar detalles sobre su cliente” Por esas mismas fechas, Juaristi Septién, también a través de abogados, solicitó al SIN la visa de trabajo para prestar “servicios profesionales” a la Reservación India de la Banda de los Kickapoo (kikapú), ubicada en el condado de Maverick, cerca de la ciudad de El Indio, Texas Se le negó la visa por la misma causa que a Domene Berlanga