Acapulco, Gro (apro)- Organizaciones sociales de defensa de derechos humanos exigirán al gobierno de Vicente Fox la disolución de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), “ante la ineficacia que ha mostrado para resolver los crímenes de lesa humanidad” cometidos durante finales de la década de los sesenta y en los setenta Enrique González Ruiz, representante jurídico de familiares de al menos 200 desaparecidos en Guerrero durante la llamada guerra sucia, casos presentados ante la oficina encabezada por Ignacio Carrillo Prieto, informó que se reunirán representantes de agrupaciones civiles que llevan casos ante la fiscalía, para “presentar una sola posición ante el gobierno federal y disolver el elefante blanco en que se ha convertido la fiscalía especial” Dijo que una vez que las organizaciones no gubernamentales redacten un documento único --“en él podrán participar, si así lo consideran, grupos que no están involucrados directamente pero que sí tienen trabajo en la defensa de derechos humanos”--, promoverán una reunión con el secretario de Gobernación, Santiago Creel “La idea es llevar información del seguimiento jurídico de los casos y demostrarle, con hechos, que no hay avances significativos; que el experimento que impulsó el gobierno foxista no funcionó, y qué más prueba que la decisión del juzgado federal en Monterrey para rechazar ejercer acción penal contra (Miguel) Nazar Haro”, añadió el abogado González Ruiz, exrector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), destacó que, entre otros temas, exigirán a Santiago Creel “llamar a cuentas al procurador Rafael Macedo de la Concha”, de quien se sospecha estuvo comisionado en la Dirección Federal de Seguridad (DFS) cuando era encabezada por Fernando Gutiérrez Barrios “Está latente esa posibilidad, de comprobarse la información difundida la semana pasada por Sergio Aguayo Quezada, pero existe un documento de agentes del Ministerio Público federal adscritos a la fiscalía que se quejaron ante Macedo por diversas irregularidades que se cometían en la oficina de Carrillo, desde despilfarro de recursos hasta cuestiones graves como la compra de testigos o situaciones que terminarían por echar abajo los casos ante el Poder Judicial”, explicó González Ruiz se refirió a una denuncia presentada en octubre del año pasado, presentada por las MP Antonieta Martínez Valdez y Evangelina Díaz Rodríguez, y dada a conocer por el diario Reforma el pasado 24 de abril Según las denunciantes, los agentes adscritos a la fiscalía eran presionados por el propio Carillo y el director general de Investigaciones Ministeriales, Américo Meléndez Reyna, “para que se asiente lo que ellos consideran conveniente”, además que ambos funcionarios obligan a los agentes a certificar copias de documentos sin tener a la vista original, sin contar con que encabezan los interrogatorios y después “firman como testigos de asistencia, lo que afecta la autonomía del MP, necesaria para el cumplimiento de sus funciones” Las agentes se quejaron de que a los denunciantes y testigos “se les promete una ayuda económica a cambio de su testimonio o comparecencia”, y que se realizan gastos exagerados durante los traslados a lugares como Atoyac de Alvarez, donde acuden “12 o 15 personas, funciones que van desde cargar la computadora, conectarla, ofrecer galletas y café, personal de prensa, administrativos con funciones desconocidas, viajando todos vía aérea o terrestre, con viáticos a cargo siempre de la fiscalía” Para González Ruiz, en las presuntas irregularidades cometidas por la fiscalía “no hay ignorancia de parte del fiscal, el sabe muy bien cuáles son los procedimientos jurídicos mínimos para que el Poder Judicial proceda, parece más bien que no hay ninguna intención del gobierno foxista para resolver los crímenes del pasado” Del uso de los recursos, destacó que agrupaciones como la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos (Afadem) “ya han denunciado que se está corrompiendo a la gente; se están prometiendo recursos para proyectos productivos, ello para desalentar a la gente en la búsqueda de la verdad” Ante esta situación, el exrector universitario señaló que se pugnará por la creación de una Comisión de la Verdad, formada por ciudadanos desvinculados del poder, “para que se llegué a una verdadera conciliación nacional; si no sabemos qué pasó con la gente que fue secuestrada por fuerzas públicas, y no sabemos por qué el Estado procedió de esa manera, creo que no vamos a poder conjurar la represión, no se podrá garantizar que en este país no vuelvan a pasar atrocidades como las de esa época negra de la historia de México” 05/05/03