Los litigantes españoles Carlos Slepoy, Manuel Ollé y José Luis Galán que iniciaron en 1998 una causa abierta contra más de un centenar de militares y civiles relacionados con delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en Argentina, entre 1976 a 1983 manifestaron su “satisfacción” por la decisión del gobierno mexicano de extraditar a España al exmilitar argentino Ricardo Miguel Cavallo, preso todavía en México Por su parte, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a garantizar la seguridad de Cavallo mientras permanezca preso en tierra azteca Por eso, comentó que el exmilitar tiene vigilancia especial y cuenta con las mismas garantías de los presos del Reclusorio Oriente En una misiva, entregada al cónsul mexicano en ese país ibérico, en sustitución del embajador Gabriel Jiménez Remus, los litigantes españoles se remitieron a lo dicho por el canciller Luis Ernesto Derbez, en el sentido de que el exmilitar sería enviado a esa nación entre “tres y cinco días” más, aunque en sus propias palabras, “el proceso se ha acelerado enormemente” “Esperamos que Cavallo esté aquí en los primeros días de la semana que viene”, manifestaron en la carta, en la que también expresaron su “fuerte” preocupación por la seguridad del exdirector del Registro Nacional de Vehículos (Renave) en México El abogado Carlos Slepoy dijo, por su parte, que el cónsul mexicano se comprometió a “extremar” la seguridad de Cavallo, “y cuando sea entregado a las autoridades españolas, será responsabilidad de ellas”, comentó Reveló que estas medidas serían tomadas ante la posibilidad de que el exmilitar sea condenado a cadena perpetua Ricardo Miguel Cavallo está preso en México desde agosto del 2000, acusado de los delitos de terrorismo, genocidio y tortura, presuntamente cometidos durante la dictadura militar que gobernó a Argentina de 1976 a 1983 En agosto de ese año, Cavallo pretendió huir de México, con destino a Argentina, no obstante que fungía como director del controvertido Renave Respecto del delito de tortura, la Corte confirmó el amparo concedido a Cavallo por el juez primero de distrito “B”, ya que dicho ilícito, según establece el fallo judicial, estaría prescrito En el 2000, el gobierno de España solicitó a México la detención provisional de Cavallo con fines de extradición internacional Posteriormente, la Audiencia Nacional española formalizó la petición de extradición internacional definitiva, con base en la cual se realizaron las diligencias necesarias En una resolución de febrero del 2001, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) determinó procedente entregar al detenido al gobierno de España para que fuera juzgado en ese país por crímenes de lesa humanidad Por esta razón Cavallo interpuso un recurso de amparo en contra de esa decisión, sobre la cual la SCJN determinó que sí procede su extradición 19/06/03