* El Centro Pro Juárez cuestiona la voluntad política y jurídica de Fox * Confirmada, la responsabilidad de Rubén Figueroa y no se ha hecho nada: Edgar Cortez México, D F (apro)- En vísperas de que se cumplan 8 años de la masacre de Aguas Blancas, los autores intelectuales permanecen en la impunidad, a pesar de haber sido señalados por distintos órganos nacionales e internacionales como responsables, denunció el padre Edgar Cortez, director del Centro de Derecho Humanos Miguel Agustín Pro Juárez Señaló que ni en el sexenio de Ernesto Zedillo ni en los casi tres años del que ahora encabeza Vicente Fox, ha existido la voluntad jurídica ni política para sujetar a proceso a los responsables De nada ha valió el informe de la relatora, Asma Jahangir, relativo a las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias presentado en cumplimiento de la resolución 1999/35 de la Comisión de Derechos Humanos sobre la masacre de Aguas Blancas, ocurrida el 28 de junio de 1995 “Hacia las 10:30 de la mañana del 28 de junio de 1995, dos vehículos en los que viajaban campesinos del lugar, pertenecientes en su mayoría a la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), fueron detenidos en un puesto de control de carretera de la Policía Motorizada del estado situado en una curva cercana a Aguas Blancas, estado de Guerrero Los vehículos iban camino de Atoyac de Álvarez, donde la OCSS tenía previsto celebrar una manifestación política de protesta por la ‘desaparición’ de uno de sus afiliados Además de los pertenecientes a esa organización, en los dos vehículos, que eran camiones de gran tamaño, viajaban otros campesinos que iban al mercado La policía paró al primer vehículo y ordenó a los pasajeros que descendieran y se echaran al suelo El segundo vehículo, en el que iban unas 40 personas, llegó unos diez minutos más tarde Cuando se detuvo se oyeron disparos y la policía abrió fuego en el acto contra el vehículo, incluso con rifles automáticos Diecisiete civiles resultaron muertos y más de 20 heridos Dos policías sufrieron lesiones leves, ninguna de ellas causada por armas de fuego”, dice el informe Tampoco sirvió la resolución 3/96, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó no sólo la responsabilidad del gobierno encabezado por Rubén Figueroa en la planeación y ejecución de la masacre, sino también la existencia de una deficiente y tendenciosa investigación efectuada por la Procuraduría de Justicia del estado, que pretendió encubrir a los responsables de la masacre, acusó Edgar Cortez sostuvo que a pesar de esta resolución, de la divulgación del video original en el que se mostraba lo ocurrido, y de la existencia de múltiples testimonios y fuentes que señalaban la responsabilidad de Rubén Figueroa y su gabinete, la PGR, de manera inexplicable, se negó a atraer la investigación aun cuando los datos señalaban la falta de imparcialidad en la investigación efectuada por el Gobierno del estado Ante esta situación, recordó que diversos organismos no gubernamentales de derechos humanos decidieron presentar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en el año de 1997, emitió su informe 49/97 determinando la existencia de responsabilidad internacional por parte del estado Mexicano y recomendando, entre otras cosas, que se investigara y sancionara a los responsables de la masacre, se prestara la atención médica debida a los sobrevivientes, y se reparara el daño para los familiares de los muertos y a quienes sobrevivieron a la masacre No obstante, dijo, el gobierno zedillista omitió acatar las recomendaciones de la CIDH Fue hasta julio del 2001, con motivo de la visita efectuada por la Comisión Interamericana a nuestro país para verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por dicho órgano, que la representación del Estado mexicano, encabezado ahora por el gobierno de Vicente Fox, y los copeticionarios del caso, llegaron a una serie de acuerdos para establecer medidas que permitieran avanzar en la búsqueda de justicia para los familiares Sin embargo, lamentó que la posterior pasividad del gobierno mexicano demostró su verdadera intención: desgastar a los familiares y organizaciones y dejar que el caso cayera en el olvido Edgar Cortez precisó que posteriormente, como una medida de seguimiento para obtener justicia, los peticionarios determinaron la presentación de una nueva denuncia penal ante la PGR en contra de los responsables de la masacre La respuesta de la PGR ante estas denuncias fue su envío a su delegación regional en Guerrero, en donde el poder y control de Rubén Figueroa siguen sintiéndose con fuerza Dijo que a esta primera irregularidad se agregaron otras como el hecho de que la investigación únicamente se abrió por la utilización indebida de las armas (hecho que implica no investigar a los autores intelectuales de la masacre), seguido de una inactividad ministerial que hasta la fecha ha dejado la investigación prácticamente en punto muerto La necesidad de otorgar justicia a las víctimas y familiares de la masacre es una obligación irrefutable del actual gobierno encabezado por Vicente Fox, subrayó Advirtió que de no garantizar el acceso a la justicia en el caso Aguas Blancas, estaremos agregando un nuevo cómplice a la impunidad que se ha generado en este caso Por el contrario, si el gobierno actual decide investigar y sancionar a los responsables estará dando una muestra de verdadero interés por el respeto y la vigencia de los derechos humanos en nuestro país “Ya son ocho años de impunidad… ¿cuántos más tendrán que transcurrir para que se haga justicia?”, inquirió 26/06/03