Washington - En un posible acto de imperialismo y arrogancia, el gobierno de Estados Unidos castigó con la eliminación de ayuda militar a 35 países que no comparten sus ideales con respecto a la jurisdicción en favor de los derechos humanos de la Corte Penal Internacional (CPI) El látigo económico de la potencia mundial azotará a las naciones que no están de acuerdo en que los soldados estadunidenses queden exentos de cargos y penalidades impuestos por la CPI, mientras que la Casa Blanca quiere que se aplique todo el rigor de la ley internacional en favor de la declaración universal de los derechos humanos, sobre los militares de otros países acusados de cometer crímenes de guerra como el caso de los serbios "El gobierno de George W Bush debe parar su campana de convencimiento para debilitar a la CPI", criticó en un comunicado la organización no-gubernamental Human Rights Watch (HRW) La acción intervencionista e intimidadora del gobierno de Bush, entra en vigor a partir del 1 de julio y se aplica a las 35 naciones soberanas a través de la llamada Acta de Protección a los Miembros de los Servicios Armados de 2002 Respaldado por el sentir de la Cámara de Senadores del Congreso federal estadunidense que se niega a reconocer la jurisdicción de la CPI en su aplicación a funcionarios, exfuncionarios, soldados y exsoldados estadunidenses, Bush logró que el Capitolio lo autorizara para eliminar la ayuda militar que otorgaría en el presupuesto fiscal de 2003 a los países que no estuvieran de acuerdo con Washington "Los funcionarios del gobierno de Estados Unidos realizan una campaña mundial para presionar a los pequeños y muchas veces frágiles gobiernos democráticos Porque la mayoría de los estados miembros de la CPI son democracias con un relativamente fuerte compromiso con la aplicación de la ley; la amenaza de cortar la ayuda (militar) representa una sanción dirigida a los estados que obedecen los valores democráticos", apuntó en el comunicado Kenneth Roth, director ejecutivo de HRW que envió una carta de protesta al Secretario de Estado norteamericano Colin Powell Los 35 países sancionados son: Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Benin, Brasil, Bulgaria, Republica Central Africana, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dominica, Ecuador, Estonia, Fidji, Latvia, Lesotho, Lituania, Malawi, Mali, Malta, Namibia, Níger, Paraguay, Perú, St Vincent y las Granadinas, Samoa, Serbia y Montenegro, Eslovaquia, Eslovenia, Sudáfrica, Tanzania, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela y Zambia La controversial e intimidadora ley de los Estados Unidos, se aplica también a otras 11 naciones que sin embargo no están sujetas al recorte porque no reciben asistencia militar en el presupuesto fiscal de 2003: Andorra, Austria, Chipre, Finlandia, Irlanda, Liechtenstein, Islas Marshall, Nauru, San Marino, Suiza y Suecia Otra de las caras intervensionistas de la medida dio a Bush la oportunidad de exentar de la suspensión del castigo a otros 22 países bajo el argumento de el interés de seguridad nacional: Albania, Afganistán, Bolivia, Bosnia, Botswana, Republica Democrática del Congo, Djibouti, Timor Oriental, Gabón, Gambia, Gana, Honduras, Macedonia, Mauritania, Mongolia, Nigeria, Panamá, Rumania, Senegal, Sierra Leona, Tayikistán y Uganda Washington tampoco le aplica el castigo a los 19 países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ni a las llamadas naciones con membresía extra-OTAN: Argentina, Australia, Bahrein, Corea del Sur, Egipto, Israel, Japón, Jordania y Nueva Zelanda 01/07/03