* Se defiende Arturo González de Aragón, el auditor “incómodo” * Detrás del forcejeo, 39 mil mdp en “créditos chatarra” México, D F (apro)- Arturo González de Aragón, auditor superior de la Federación, se convirtió la semana pasada en el personaje central de una serie de presuntas operaciones ilícitas durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y donde habría resultado beneficiado con más de 3 mil millones de viejos pesos El hecho causó estupor entre los diputados federales, pues fue él mismo quien dictaminó finalmente la existencia de operaciones irregulares en el rescate bancario generando, en principio, un quebranto al erario de 45 mil millones de pesos Producto de su resolución, González de Aragón ordenó al gobierno foxista el cobro de 7 mil millones de pesos a Banamex, ya que hubo rescate de “créditos chatarra” En defensa de los banqueros, Vicente Fox interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la Auditoría Superior de la Federación El hecho acrecentó la crisis entre los poderes Ejecutivo y Legislativo A unas semanas de que González de Aragón dé a conocer --el 26 de julio-- que los bancos no dieron cumplimiento a sus observaciones como parte interesada en el rescate del sector, el noticiero Televisa dio a conocer una serie de cheques donde se acusa al auditor de haber recibido, en el sexenio salinista, recursos provenientes de la llamada “partida secreta”, soltando así una cascada de dudas sobre la actuación del funcionario federal El jueves 10 de julio, González de Aragón se defendió: entregó a los diputados federales la documentación que respalda los servicios otorgados a la Presidencia de la República en aquel sexenio y los pagos recibidos por su trabajo que, en principio, fue considerada por los legisladores como acciones dentro del marco de la ley Pero no sólo eso, el auditor dejó entrever que los banqueros afectados con sus investigaciones, y la Presidencia de la República, orquestaron una “estrategia perversa” para “filtrar” las copias de los cheques que recibió en el sexenio salinista, haciéndolo parecer como partícipe de operaciones ilícitas Resaca del Fobaproa El principio de los ataques al auditor tuvieron su origen en el dictamen que presentó el 9 de septiembre del 2002, y donde dio a conocer a la Cámara de Diputados las irregularidades detectadas en el llamado Fobaproa y que hoy da seguimiento el Instituto de Protección para el Ahorro Bancario (IPAB) Ahí, González de Aragón estableció que Banamex no cubrió los requisitos para ser rescatado por el Fobaproa, es decir, coincidió con el auditor canadiense, Michel Mackey, en que hubo irregularidades en el llamado Programa de Capitalización de Compra de Cartera en cuatro bancos: Banamex, Bancomer, Bital y Banorte Al siguiente mes, el 7 de octubre del 2002, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público inició auditorías fiscales a las cuentas personales del auditor, de su despacho “González de Aragón y Asociados, Contadores Públicos, SC”, y a la empresa de la cual fue socio, junto con Francisco Rojas Gutiérrez, Grupo Nueva Radio SA de CV Dichas auditorías, hoy, revela González de Aragón, se vuelven sospechosas sobre todo porque las fueron extendiendo cada seis meses, coincidentemente con los plazos en que se fueron corroborando las irregularidades en el rescate bancario de las cuatro principales instituciones de crédito, y cuando el Ejecutivo federal llevó a los tribunales su pleito con el auditor, donde cuestiona sus facultades para ordenar el cobro de sumas millonarias a los bancos Entre el 4 y 9 de diciembre del 2002, los bancos y las dependencias que intervinieron en el rescate bancario, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB), entregaron al auditor su respuesta sobre las observaciones que les hizo, pero sólo solventaron 20 de ellas, y 22 más quedaron en el aire En marzo de este año, y con base en la respuesta de los involucrados en el caso Fobaproa-IPAB, el auditor finalmente emitió su dictamen donde ordena al Ejecutivo el cobro de 7 mil millones de pesos a Banamex, por haberlo incluido indebidamente en el Programa de Capitalización de Compra de Cartera Pero este dictamen es apenas el principio de la actuación de González de Aragón, pues al revisar la cuenta pública del 2001, corroboró que otros tres bancos, Bancomer, Bital y Banorte, se encuentran en la misma situación que Banamex, por lo que el gobierno les tendrá que requerir el regreso de, cuando menos, 39 mil millones de pesos La defensa foxista Un mes después de que González de Aragón ordenó el cobro de los 7 mil millones de pesos a Banamex, Vicente Fox, a través de María Teresa Herrera Tello, consejera jurídica del Ejecutivo federal, interpuso, en abril, una controversia constitucional donde establece que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no está facultada para exigir el cobro de dichos recursos como resultado de su revisión del Fobaproa-IPAB La SCJN corroboró las facultades de González de Aragón para hacer dichas observaciones y ordenar el cobro millonario a los bancos, por lo que Vicente Fox hizo uso del recurso de revisión, el cual aún está por resolverse en el ámbito del Poder Judicial En medio de todo, las auditorías personales a González de Aragón se intensificaron, según denunció desde la tribuna el diputado priista Víctor Infante, quien acusó al gobierno federal de estar protegiendo a los banqueros para que no regresaran el dinero, sobre todo porque el principal y primer afectado fue Banamex, del cual fue dueño Roberto Hernández, amigo de Vicente Fox y a quien la Presidencia habría beneficiado para que vendiera sus acciones a Citigroup, aun cuando Bancomer tenía preferencias para realizar la fusión El objetivo de la Presidencia, consideró José Antonio Magallanes, diputado e integrante de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, fue truncar las facultades de González de Aragón Al respecto, el aún auditor dijo el jueves 10 que no sabe si la pretensión del Poder Ejecutivo, al interponer la controversia constitucional, es el beneficiar a los banqueros, pero que en los hechos, en caso de que la Corte falle contra él, serán los bancos los únicos beneficiados y no el gobierno federal El auditor había mantenido silencio sobre el conflicto judicial y las constantes auditorías a sus empresas, pero esta semana decidió hablar en su defensa y hacer públicos los obstáculos interpuestos por la Presidencia a su trabajo, luego de que --a unos días de que emita su dictamen final sobre la revisión de la cuenta pública del 2001 y donde se corrobora el error de haber rescatado a Bancomer, Bital y Banorte--, un noticiero de televisión lo involucró en operaciones ilícitas realizadas bajo el cobijo de “partida secreta” de Carlos Salinas de Gortari, y que derivó de la investigación que se le lleva en contra de Raúl Salinas por el delito de peculado Así, se pretendió causar un daño moral a su persona y a la ASF con dicha “filtración”, justo cuando se está a punto de dar a conocer el resultado de sus observaciones sobre los procedimientos irregulares que se dieron en el caso Fobaproa-IPAB González de Aragón sostiene que se trata de una “estrategia perversa”, por parte de algunas personas que pretenden minar la autoridad moral de quien hoy cuestiona operaciones del gobierno federal y le ordena el cobro de casi 40 mil millones de pesos a los cuatro principales bancos del país Por lo pronto, el procurador Rafael Macedo de la Concha tuvo que salir al paso y pedir que no se especule en torno a la filtración donde se involucra a González de Aragón, mientras que los diputados de todos los partidos políticos se preparan para respaldar al auditor e impulsar el cobro a los bancos Será el próximo 26 de julio cuando se dé a conocer el desenlace de los efectos que pudo haber causado la “filtración”, pues ese día González de Aragón deberá sostener la exigencia para hacer efectivo el cobro a los bancos e, incluso, se podrían fincar responsabilidades de funcionarios actuales que en el pasado avalaron el Fopabroa, como es el caso del gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, o del presidente de la CNBV, Jonathan Davis 14/07/03